El juez de Ghana Adjei
Frimpong, el magistrado estadounidense Thomas Griesa y la
Corte de
Apelaciones de New York forman parte, para algunas mentes calenturientas, de una
conspiración antiargentina motorizada por lo que convencionalmente se designa
como “fondos buitres”.
Esa
interpretación no parece la más adecuada para afrontar responsablemente las
consecuencias de lo que todos esos magistrados, en diferentes jurisdicciones,
han dictaminado. La coincidencia que subyace en todas ellas es que el país debe
pagar todos los bonos de su deuda, no sólo los de quienes se resignaron a la
quita durante el gobierno de Néstor Kirchner.
La conjura de los necios
El
ghanés Adjei Frimpong es un juez muy respetado en su país. Su fallo dictando el
embargo de la Fragata Libertad fue comentado elogiosamente más allá de Ghana y
la Argentina (lo hizo, por caso, el profesor J. Peter Pham, director de un
Centro de Investigaciones del Atlantic Council de Washington, en un artículo que
La Nación reprodujo parcialmente esta semana) y varios otros dictámenes suyos se
consideran material didáctico en los altos estudios de Leyes . Su decisión sobre
la nave insignia de la Armada argentina puede ser muy discutible (de hecho,
todos los cancilleres argentinos de la democracia recuperada en 1983 lo han
calificado como una “violación flagrante de las normas internacionales más
básicas y arraigadas”), pero es aventurado e inconducente ubicar al juez ghanés
en el papel de un títere de los fondos que quieren cobrar los bonos que el
Estado argentino oportunamente se comprometió a honrar.
El
juez Griesa es otro hombre ponderado; en no pocas ocasiones, en las disputas
que los acreedores mantienen con el Estado argentino en el fuero neoyorquino, el
magistrado ofreció a los abogados de la Casa Rosada una puerta de escape, aunque
siempre estimó (y ha venido confirmando con el paso del tiempo) que la negativa
del gobierno argentino a cumplir con los tenedores de bonos se ha vuelto
incomprensible e inadmisible. Como dijo el economista Nicolás Dujovne, “si tan
bien anda nuestra economía como para que en cuanto foro disponemos a nuestro
alcance le expliquemos al mundo cómo debe resolver sus problemas, la dicotomía
entre nuestro éxito y la comprensión especial que le pedimos al mundo ya no
tendría sentido”.
La
Corte de Apelaciones de Nueva York confirmó
un fallo previo de Griesa y determinó así que los tenedores de bonos que no se
avinieron al canje y la quita decididos en 2005 deben recibir una suma
equivalente a la de de quienes sí los admitieron. El propio Griesa debe definir
cómo se cumplirá la sentencia y –aunque existe la posibilidad de un reclamo ante
la Corte Suprema de Estados Unidos- en el horizonte aparece la perspectiva de
nuevos embargos y hasta de un nuevo default (ya que los fondos a los que el
juez neoyorquino puede echar mano son los que Argentina debe disponer en
diciembre, vía el Bank of New York, para satisfacer vencimientos de los bonos
del canje de 2005). Para que cobren todos, el gobierno de Cristina Kirchner
debería disponer de fondos no previstos (de hecho, el gobierno ha venido
actuando como si la deuda no incluida en el canje hubiera dejado de existir) y
apartarse de la rígida actitud que interpreta hasta el cumplimiento de
disposiciones judiciales como una “negociación con los fondos
buitres”.
Terquedad y torpeza
En
virtud de esa terca intransigencia (reacción simétrica a la torpeza de no haber
previsto medidas de las víctimas del paguediós en el itinerario de la nave), la
mayor parte de la tripulación de la Fragata Libertad debió regresar
dolorosamente a Buenos Aires en avión mientras el barco quedaba en el puerto de
la capital de Ghana, con una dotación mínima.
El
ministro de Defensa, Arturo Puricelli, asumió la responsabilidad por una de esas
torpezas: la definición de la ruta. Lo hizo tardíamente, cuando el episodio ya
se había devorado al vértice de la Armada. Lo hizo ambiguamente, quizás porque
su mea culpa, forzado desde arriba, revelaba una parte de las responsabilidades
(las de su cartera) para ocultar otras. La Presidente decidió que por la
pérdida temporaria de la Fragata entregar más de un ministro a los leones era un
exceso. Lo eligió al titular de Defensa. Aunque Puriccelli les prometió a los
marinos que regresaron anticipadamente que el gobierno recuperaría la nave antes
de diciembre, la Presidente insinuó una versión diferente, haciendo de la
necesidad virtud: "Se quedarán con la Fragata –admitió- pero no con la
libertad, dignidad ni soberanía del país". Hugo Moyano, ante periodistas, sacó
otra conclusión: “Perdimos una nave de guerra sin estar en guerra”.
La guerra por los medios
El
embargo de la fragata Libertad y el fallo adverso de la Corte de Apelaciones de
Nueva York suman problemas a un gobierno que en las últimas semanas se ha
esforzado, no siempre con éxito, por encapsular problemas que juzga secundarios
para concentrarse en lo que ha definido como la madre de todas las batallas: la
guerra por el control de los medios, es decir, la confrontación con el Grupo
Clarín, que por sus dimensiones aparece como el principal obstáculo para aquel
objetivo. A los ojos del entorno presidencial, Héctor Magnetto es el comandante
de las fuerzas enemigas.
Esa
guerra se juega en distintos escenarios: la definición del juez que debe fallar
sobre el recurso de inconstitucionalidad de artículos de la Ley de Medios
presentado por el Grupo Clarín; la presión sobre la Corte que tendrá que
pronunciarse en última o quizás en primera instancia (de allí el apuro del
oficialismo por aprobar el per saltum en el Congreso, señal de que el
Ejecutivo no confía en la Cámara que debería actuar en segunda instancia); las
modificaciones del régimen de mercado de capitales con un creciente
intervencionismo destinado a controlar desde ese flanco los movimientos del
enemigo; el planeamiento de distintos escenarios del “Día D”, dando por sentado
que en ese momento “algo debe ocurrir” con el Grupo Clarín, pues de lo contrario
la expectativa creada por el oficialismo estallaría en su propio terreno: ¿qué
hacer: intervenir Cablevisión, cortar señales del grupo, ocupar instalaciones?
Por otra parte, ¿con qué fuerzas actuar, habida cuenta del malestar que sigue
latente en las fuerzas de seguridad? Además: ¿habrá resistencia de los empleados
de las empresas afectadas, habrá resistencia de la sociedad, de las fuerzas
políticas? Antes aún: ¿cómo operará sobre todos esos escenarios la demostración
cívica que tendrá lugar el 8 de noviembre, continuidad de la del 13 de
septiembre?
“Cambio radical”
Los
círculos más enfervorizados del oficialismo están convencidos de que la batalla
por los medios constituye el pasa-no pasa de la continuidad del “modelo K”, que
necesitan ganar esa batalla para imponer, desde esa victoria, la indispensable
reforma constitucional y la re-reelección, sin las cuales se quedarían sin
candidato, ya que según ellos sólo CFK está en condiciones de encarnar el
modelo.
Aunque para no asustar evitan la palabra, conciben la
etapa como un período “revolucionario”. Al decir del teórico favorito del
oficialismo, el angloargentino Ernesto Laclau, se trata de un “proceso de cambio
radical” que “va a chocar en varios puntos con el orden institucional”. En este
último aspecto no se equivoca: eso ya está sucediendo.
Como las fuerzas no dan para todo, mientras trata de
disimular los cada vez más perentorios desafíos de la realidad (el tema de los
juicios y los embargos es sólo un ejemplo), para dedicarse a su tema prioritario
el gobierno afloja un poco la presión sobre sectores de la coalición
oficialista. El gobernador de Santa Cruz , Daniel Peralta, siente que el acoso
camporista amainó en las últimas dos semanas. Lo mismo ocurre con Daniel Scioli;
las fuerzas que respaldan al gobernador se sienten ahora en mayor libertad para
hablar (sin perder la prudencia, por supuesto) de las expectativas que el pueblo
tiene en el futuro de Daniel Scioli, una alusión casi explícita a su voluntad de
ser candidato presidencial en 2015.
La
proximidad de las batallas decisivas también recalienta las peleas internas del
gobierno. Aunque los cruces son múltiples, una mirada racionalista podría
simplificar al máximo la lógica de esa guerra interna en estos términos: todos
invocan la autoridad de la Presidente, pero un sector agrupa a lo que queda de
peronismo en la coalición oficialista y la otra tiene hegemonía del
“progresismo” (ex comunistas, ex montoneros, ex frepasistas) todos empeñados en
“superar al peronismo”.
Mientras los primeros tienen, en el peor de los casos,
una pista de aterrizaje en el conjunto del peronismo, que volverá a
reestructurarse después del ciclo K, los otros no tienen Plan B. Por eso
mientras puedan van a seguir forzando situaciones. Peligrosamente.
Jorge
Raventos
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