Ya se han escrito muchos artículos, con sólidos argumentos jurídicos y
constitucionales, que demuestran la ilegalidad del decreto por el que el
Gobierno de Cristina Kirchner pretende confiscar el Predio Ferial vendido en
1991 a la Sociedad Rural.
Yo no me voy a referir a ese aspecto porque lo han
hecho voces mucho más autorizadas que la mía, con argumentos claros y
contundentes. Pero sí siento la obligación de referirme a las numerosas mentiras
que el Gobierno utiliza como fundamento de su ilegítimo decreto. Lo hago porque
forma parte de la estrategia que en forma alevosa viene utilizando este
Gobierno para tergiversar la historia de nuestra Patria. Y para el el bienestar
futuro de los Argentinos es imprescindible que las nuevas generaciones no se
dejen engañar por este relato.
La venta a la Sociedad Rural del predio de Palermo en 1991 por 30 millones de
dólares, fue no sólo legítimo, sino altamente beneficioso para los intereses
generales de nuestro País. La sociedad Rural había ocupado este predio, por
decisiones de sucesivos Gobiernos, comenzando por el de Domingo Faustino
Sarmiento en 1876, durante más de 100 años. Todas las edificaciones realizadas
sobre ese predio habían sido hechas por la Sociedad Rural Argentina que desde
1880 organizó, sin interrupción alguna, la Feria Ganadera que adquirió fama
mundial y que fue siempre un símbolo del importante progreso de la Ganadería y
de la Agricultura de Argentina.
En 1991, pocos meses después de que el Gobierno del Presidente Menem (en el
que yo había sido Ministro de Relaciones Exteriores desde julio de a989 y
Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos desde enero de 1991) lanzara
la política de re-capitalización y modernización del Campo Argentino,
simbolizado en la eliminación completa de las retenciones a las exportaciones
agropecuarias, La Sociedad Rural Argentina ofreció adquirir el predio ferial
para posibilitar fuertes inversiones que producirían una gran jerarquización de
los servicios que tradicionalmente había prestado y seguiría prestando esa
institución.
Desde el punto de vista legal, el Poder Ejecutivo estaba autorizado a vender
el predio en forma directa dado que se trataba de una venta a quienes lo venían
ocupando. Además, la venta de ese inmueble, que de hecho había tenido el destino
de predio Ferial desde 1876, encuadraba perfectamente en la política de venta de
los inmuebles innecesarios del Estado que se lanzó en 1989 precisamente para
permitir que esos inmuebles sirvieran para emprendimientos privados enderezados
al crecimiento y la modernización del País.
Se siguieron todos los pasos exigidos por las normas en vigencia, incluso
excediendo las precauciones demandadas por la Ley. Por ejemplo, siendo que con
una tasación del Banco Hipotecario o del Banco de la Ciudad era suficiente para
cumplir con la normativa, se pidieron las dos tasaciones y se solicitó también
una tasación adicional a un grupo de prestigiosas empresas inmobiliarias. Todas
las tasaciones, que obviamente se hicieron teniendo en cuenta las restricciones
al dominio que afectaban a esa propiedad, ascendieron a valores del orden de los
30 millones de dólares en los que se terminó realizando la operación de venta.
La Sociedad Rural no sólo estaba comprometida a pagar ese precio, sino que debía
hacer las inversiones necesarias para cumplir con un ambicioso plan de
ampliación y jerarquización de las instalaciones y el Estado ingresaría además
una participación en el precio de las entradas a los eventos que se llevaran a
cabo en el Predio. Fue precisamente esta operación la que posibilitó que hoy las
instalaciones tengan la magnificencia y funcionalidad que han podido admirar
millones de visitantes argentinos y del exterior en los últimos 20 años.
En el año 2010, 19 años después de que se hubiera concretado la operación, el
Juez Federal Sergio Torres dispuso mi procesamiento, junto con los de algunos
funcionarios que me acompañaron en el Ministerio, con los directivos de la
Sociedad Rural y con los peritos tasadores de las instituciones oficiales (Banco
Hipotecario y Banco de La Ciudad) que hicieron las tasaciones en las que se basó
la operación. Nos procesaron por el supuesto delito de “peculado”, es decir de
sustracción del predio de Palermo en favor de la Sociedad Rural, con el
argumento de que un perito oficial designado por el Juez y sin que hayan
participado peritos de las partes involucradas, sostuvo que el precio correcto
del predio, en el año 1991, debió ser de 132 millones de dólares.
La tasación presentada 19 años después por el perito oficial se basó en una
supuesta evaluación de los ingresos que obtuvieron la Sociedad Rural y sus
socios inversores luego de la compra del terreno. Esa evaluación se hizo sin
tener presente que además de pagar el precio del terreno, la Sociedad Rural y
sus socios invirtieron más de 100 millones de dólares adicionales. Tampoco
tuvieron en cuenta el costo del capital, porque el perito no procedió a
descontar a la tasa de mercado el flujo de fondos para determinar el valor
presente en 1991 y, si todos estos errores fueran pocos, el cálculo se hizo en
base a información que obviamente era imposible que estuviera disponible en
1991. Es tan absurda la valuación, que se desmiente por la misma realidad del
negocio que manejaron la Sociedad Rural y sus socios inversores. Lejos de
resultar rentable, esas inversiones le generaron pérdidas, a punto tal que
algunos de los inversores terminaron quebrando y no pudieron pagar, o demoraron
mucho en hacerlo, los créditos que habían obtenido para financiar las
inversiones. Este magro resultado económico no debe sorprender. En todos los
países del mundo, predios feriales como el de Palermo se sostienen con aportes y
subsidios de los Estados, mientras que en este caso, no sólo esos aportes y
subsidios no existieron, sino que los inversores tuvieron que pagar el precio
del terreno y una participación en sus ingresos al Estado.
Hay muchos indicios de la intencionalidad política de este fallo, como de los
muchos que promovió el Gobierno de Cristina a través de su presión y
condicionamiento permanente a los miembros del Poder Judicial. Lo primero que
sorprende es que me haya procesado a mí, mientras decretó la falta de Mérito del
Presidente Carlos Menem. Ambos tuvimos la misma participación en el proceso de
decisión, somos los que firmamos el decreto aprobatorio de la venta. ¿Porque a
mí me procesaron y a Menem le decretaron la falta de mérito? Pues la respuesta
es simple: Menem había comenzado a acompañar con su voto en el Senado algunas
leyes claves que el Kirchnerismo quería sancionar y para las que le faltaban
votos en el Senado. Yo, por el contrario, he sido y seguiré siendo, un crítico
severo de todos los desmanejos y arbitrariedades que ha venido cometiendo el
Gobierno de los Kirchner.
Otra manifestación de la intencionalidad política de la decisión del Juez
Sergio Torres, surge de los fundamentos del decreto que acaba de firmar Cristina
Kirchner. Ahí utilizan el argumento de mi procesamiento cuando esa decisión ha
sido apelada a la Cámara Federal respectiva y ésta aún no se ha pronunciado. Es
decir, el procesamiento no está firme. Pero además, como uno de los procesados
argumentó la prescripción del supuesto delito y la Cámara de Casación le dio la
razón, esta cuestión, que está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia
tampoco está firme, porque de haberlo estado, todos los procesados estaríamos ya
beneficiados por la decisión de la Cámara de Casación. Nada de esto menciona el
decreto presidencial en sus fundamentos y no cabe duda que persigue constituirse
en otra fuente de presión sobre la Corte Suprema de Justicia para impedir que
convalide la sensata decisión de la Cámara de Casación Penal. Por supuesto, el
decreto presidencial tiene también por objeto presionar a la Cámara Federal de
Apelaciones, para que cuando el expediente vuelva a sus manos, si es que la
Corte Suprema revierte la decisión de la Cámara de Casación, convalide el
procesamiento dispuesto por el juez Sergio Torres. Si el decreto no tuviera el
propósito de presionar al Poder Judicial, no deberían haberse mencionado en su
fundamento decisiones no firmes de un juez de primera instancia, cuando están
actuando las instancias de revisión que prevé nuestro sistema republicano de
gobierno.
En síntesis, el decreto de la Presidente Cristina Kirchner, con que pretende
anular al que aprobó la venta más de 20 años atrás, es una manifestación más del
carácter autoritario y corrupto de este Gobierno. Pretende apropiarse de un
emprendimiento que ha acompañado con jerarquía el formidable proceso de
re-capitalización y modernización de la capacidad productiva agropecuaria que
permitieron las políticas productivas de la década del 90 y de la que han sacado
fuerte provecho los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para financiar los
desmanejos y arbitrariedades de la última década. Y seguramente esa apropiación
se lleva a cabo para aumentar las fuentes de ingresos corruptos con los que se
han venido enriqueciendo muchos de los miembros de este Gobierno.
En la misma época en que el gobierno del que yo formé parte vendió el predio
de Palermo a la Sociedad Rural, se vendieron a precios que estoy seguro no
fueron muy diferentes, teniendo en cuenta los usos a los que podían estar
destinados, todos los terrenos del emprendimiento de Puerto Madero. Me pregunto
si este Gobierno, cuyos funcionarios parecen deleitarse de gozar de la alta
jerarquía de ese desarrollo inmobiliario, decidirán en algún momento anular por
decreto esas operaciones de venta y apropiarse de todos los inmuebles de Puerto
Madero, con el argumento que sus des-arrolladores parecen haber hecho muy buenos
negocios. No me sorprendería que lo hicieran, si es que siguen saltando
evidencias de que algunos de esos inmuebles son la prueba del enriquecimiento
ilícito de varios funcionarios kirchneristas. Podrían llegar a argumentar que
lejos de haber adquirido esos inmuebles con dineros mal habidos, lo hicieron con
préstamos de sus amigos para permitir la recuperación por parte del Estado de
bienes que nunca deberían haber salido de su patrimonio. Después de todo, no
sería un argumento distinto al que en la práctica usaron para expropiar a la
empresa Cicone Calcográfica cuando esta había, previamente, pasado a manos de
los amigos de Boudou.
Por supuesto, son muchos los que ya le han preguntado a la Presidenta si
piensa anular por decreto las operaciones de venta de terrenos hechas por el
Municipio de Calafate. Es asombroso que se considere “precio vil” los 30
millones de dólares más los 100 millones de dólares que agregaron los inversores
socios de la Socieda Rural y no se considere “precio vil”el que pagaron los
Kirchner, a razón de menos de 2 dólares el metro cuadrado, los terrenos que
pocos meses después le vendieron a Cencosur por más de 100 dólares el metro
cuadrado.
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