A las cero horas del domingo 10 de mayo, con el cierre de la recepción de nóminas de candidatos por parte de la Justicia Electoral, quedó despejado el camino que lleva, en siete semanas exactas, a las elecciones de medio término que el gobierno asume como un plebiscito sobre su gestión.
Las boletas no introducen demasiadas novedades en relación con lo que ya se sabía o preveía. A último momento el oficialismo consiguió un poquito más de adhesión a las "candidaturas testimoniales" que la que se insinuaba. Fue menos por amor que por espanto: las presiones sobre los más remisos adquirieron una notable intensidad. Favores póstumos.
En Santa Fé, el gobierno K no consiguió, en cambio, persuadir a Carlos Reutemann de que disimulara su distanciamiento. Kirchner pretendía, de mínima, computar propagandísticamente como propios, el 28 de junio por la noche, los votos que obtenga el ex gobernador. Con tal de conseguir esa indulgencia de Reutemann, el cónyuge presidencial estaba dispuesto a sacrificar sin demasiados remordimientos a Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista de Diputados y quizás el cuadro político más sólido que el kirchnerismo exhibió en estos años. Reutemann rechazó todos esos intentos de seducción, convencido de que cualquier proximidad al oficialismo erosiona sus chances de victoria en la provincia: es cierto que por el momento su intención de voto supera con comodidad la de su principal adversario, el socialista Rubén Giustiniani; pero no puede correr riesgos, porque tampoco ignora que el gobernador Hermes Binner cuenta con una imagen positiva del 60 por ciento de sus comprovincianos y que seguramente va a jugar fuerte y personalmente en beneficio de Giustiniani en la etapa decisiva de la campaña. Rossi se quedó solo con la bandera del kirchnerismo en Santa Fé; es posible que esté reflexionando ahora sobre una frase que disparó en estos días Luis Barrionuevo: “Hacer campaña por Kirchner es como sacar a pasear un perro muerto”.
En la ciudad de Buenos Aires Kirchner venía soportando las actitudes retobadas de quienes en más de un sentido son sus subordinados: puesto que el partido justicialista ha sido transformado en un partido de funcionarios, la mayoría de sus cuadros dirigentes deben disciplina funcional a la familia Kirchner. Pese a esta deuda, el pejota porteño está dividido en dos fracciones que, peleadas entre sí, compartían esencialmente la desobediencia táctica a Néstor: el sector orientado por el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández aspiraba a juntar apoyos en respaldo de la candidatura del, digamos, cuñado de éste: Aníbal Ibarra. El otro nucleamiento, encabezado por el jefe del gremio de porteros, Víctor Santa María, pretendía votar a un candidato peronista y no había encontrado ninguno mejor que Jorge Telerman. Kirchner zanjó la cuestión ofreciéndole su respaldo al banquero poscomunista Carlos Heller (funcionario de la vieja estructura financiera que organizó décadas atrás el PC: el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, hoy Banco Credicoop). Llamados al orden, los insubordinados aseguraron el viernes que van a cumplir con el patrón y que aconsejarán votar por Heller. Puede dudarse de que se esfuercen demasiado en la campaña, pero al menos se comprometen a no desobedecer abiertamente. La unidad lograda le permite al oficialismo pelear en mejores condiciones por el cuarto puesto con la candidatura de Fernando Solanas.
En las otras fuerzas significativas el cierre de listas también mostró moderadamente roces y tensiones. Elisa Carrió casi hace estallar prematuramente la Coalición Cívica y Social debido a sus pulseadas con la corriente radical que orienta el vicepresidente Julio Cobos y también con el sector que lidera Margarita Stolbizer. Finalmente la sangre no llegó al río.
En el frente constituido por Francisco De Narváez, Mauricio Macri y Felipe Solá los desacuerdos giraron en torno al espacio a otorgar en las candidaturas a dirigentes de manifiesto vínculo con Eduardo Duhalde, como Carlos Brown, Osvaldo Mércuri y Eduardo Amadeo. El paladar (más porteño que bonaerense) de Macri y De Narváez terminó induciendo un maltrato a esas figuras: Brown y Mercuri no integraron la nómina y Amadeo fue postergado a un lejano duodécimo puesto. Jorge Sarghini renunció al enterarse de que lo habían ubicado en el undécimo.
Las encuestas siguen mostrando en la provincia de Buenos Aires lo que los investigadores definen como “empate técnico”: una diferencia que no permite vaticinar con seguridad qué boleta terminará primera, si la del kirchnerismo o la del peronismo disidente. Algunos de los estudios muestran una leve ventaja para Kirchner, obtenida a partir de la incorporación de Daniel Scioli a la nómina. Otros análisis ponen a la cabeza la lista de De Narváez y Solá. En todos los casos queda claro que dos tercios de los bonaerenses sufragará “contra” Kirchner; 60 de cada 100 consultados por al menos tres estudios declaran que “jamás” votarían por el esposo de la presidente.
En rigor, todos los actores de la vida pública (no sólo los políticos) parecen dar por sentado que el ciclo kirchnerista está agotado y piensan y actúan a partir de ese presupuesto. La mirada de todos ellos está puesta en “el día después”; se analizan distintos escenarios a partir de la hipótesis del fin del kirchnerismo. Se prevé que la pérdida de al menos 15 diputados nacionales (a lo que algunos diagnósticos suman de tres a cinco senadores) terminan con el predominio legislativo de Kirchner, determinan el fin de los poderes extraordinarios y el eclipse de su control del Consejo de la Magistratura y, por esa vía, de su sistema de vigilancia y presión sobre el poder judicial.
La debilidad que hoy exhibe Kirchner, las indisciplinas que se ve obligado a soportar son apenas un anticipo de la nueva situación que se abrirá a partir del 28 de junio.
Lo que viene evaporándose, principalmente a partir del extenso conflicto con el campo, es el poder hegemónico, ultracentralizado, unitario que Kirchner erigió. La principal base de sustentación material de esa arquitectura, que determinó la subordinación de provincias y municipios al poder central y arrasó con la vigencia del federalismo consagrado por la Constitución Nacional, fueron las retenciones a las exportaciones. Por su carácter no coparticipable, esas retenciones conformaron una gigantesca masa de fondos presupuestarios distribuida con absoluta discrecionalidad para disciplinar políticamente a gobernadores e intendentes. Kirchner impuso así el centralismo y la arbitrariedad al propio peronismo para poder subsistir.
A partir del choque con la cadena agroindustrial, con la caja deteriorada y perdido el respaldo que en otros momentos le otorgara la opinión pública (transmutado ahora en opinión crecientemente negativa) el gobierno empezó a perder la disciplina del peronismo, que fue tomando distancia con distintos pasos y velocidades, pero en una tendencia inequívoca a dar por concluida la experiencia K.
En rigor, el peronismo nunca aceptó el liderazgo de Kirchner aunque se haya resignado a su mando hegemónico. lo nuevo es que empezó a adoptar formas progresivamente autonómicas, en un proceso que está lejos de haber concluido. Los gobernadores que todavía no han tomado distancia definitiva ya empiezan a afirmar que “el día después” habrá que reunir una junta que determine el futuro del justicialismo. Por otra parte, desde Jorge Busti a Eduardo Duhalde, sin olvidar a Juan Carlos Romero anuncian que están dispuestos a postularse a la presidencia del PJ, un cargo en el que todavía está encaramado Kirchner. El fin del ciclo empieza a anunciarse antes aún de que se abran las urnas del 28 de junio.
Entre las asignaturas urgentes a las que el país del día después tendrá que dar respuesta se encuentran la de la seguridad (primera preocupación de la sociedad), la resolución del conflicto con el campo (garantía para el relanzamiento productivo del país y la recuperación de posiciones en la economía internacional), el fortalecimiento del federalismo y la distribución territorial de la riqueza a través de un nuevo régimen de coparticipación federal, y la promoción social de los sectores más sumergidos, a través de medidas de emergencia y de medidas estructurales, ligadas a la educación y el trabajo productivo.
La situación social de la Argentina es hoy peor a la que existía una década atrás. Un estudio realizado por el diputado Claudio Lozano para la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) apunta, por caso que el ingreso medio real de los sectores ocupados perdió un 24 por ciento con relación a 1998; que la distribución negativa, medida como brecha entre el 10 por ciento más pobre y el 10 por ciento que más recibe, se incrementó un 26 por ciento con respecto a 1998; que la tasa de pobreza aumentó un 19,7 por ciento con relación a 1998 y la tasa de indigencia más que se duplicó (aumentó un 114 por ciento); que la participación de los sectores populares en el PBI cayó casi un 12 por ciento.
Esos números encierran claves de una decadencia y están en el fondo de la crisis que el país necesita superar. He allí las verdaderas incógnitas del día después.
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