La última guerra de Kirchner

Con rigor de entomóloga, Elisa Carrió analizó esta semana la situación política: “Hay muchos que están discutiendo candidaturas para el 2011, pero ahora mismo, este año, se está disputando el poder, porque Néstor Kirchner adelantó esa pelea”.
Parece cierto, en efecto, que el poder se juega en un período anterior al del comicio, inclusive antes de las llamadas elecciones primarias, que están agendadas para agosto del año próximo.

El gobierno que capitanea Néstor Kirchner y preside su señora esposa decidió adelantar los tiempos poco después de la derrota ante el campo en 2008 y de la caída electoral de junio de 2009, tras haber digerido esos reveses y olvidado un primer impulso renunciante que se discutió ardorosamente en Olivos.

El oficialismo se dispuso a apropiarse de todos los recursos posibles para asegurarse el control de la situación durante los dos últimos años del período de Cristina Kirchner; puso a sus bloques legislativos a trabajar a marcha forzada mientras aún mantenían –hasta diciembre de aquel año - la hegemonía en el Congreso y se preparó para hacer uso de allí en más de los decretos de necesidad y urgencia y del veto presidencial; se ocupó de acomodar los expedientes judiciales más preocupantes e inició su tercera gran guerra. La guerra por el control de la comunicación.

La primera –“la madre de todas las batallas”- había consistido, durante la anterior presidencia del matrimonio, en enfrentar al hombre que lo había ayudado a llegar a la Casa Rosada –Eduardo Duhalde- y disciplinar desde Balcarce 50 al PJ bonaerense y su densa red de jefes territoriales. Montado sobre el apoyo de la opinión pública, que lo acompañaba en aquellos tiempos, Kirchner consiguió aquel objetivo, así el éxito haya sido temporario (algo que suele ocurrir con los éxitos).

La segunda guerra del matrimonio Kirchner fue la guerra con el campo. Sobrevino inmediatamente después del triunfo del Frente para la Victoria en las presidenciales de 2007. La señora de Kirchner sucedía a su marido y vendría a expresar – como sugería la propaganda oficial- una suerte de “kirchnerismo con rostro humano”, el mismo producto de antes en un envase más adornado y con un mercadeo más atento a los gustos y formalidades modernos: más institucional.

Si bien se mira, aquel triunfo ya llevaba en su interior un mensaje ominoso: la señora había sido derrotada en todas las ciudades grandes y medianas del país, en algunas de ellas por paliza. La opinión pública –es decir: las clases medias urbanas, en primer lugar las de Buenos Aires con los municipios del primer cordón, las de Córdoba, Rosario, Santa Fé, Mar del Plata, Bahía Blanca y así en lista- tomabna distancia en relación al acompañamiento con el que había premiado al kirchnerismo temprano.

En poco tiempo el gobierno se encargó de confirmar ese distanciamiento con hechos como el de la valija venezolana y no tardó en engrosar las legiones de alejados con otros sectores: con la batalla por la Resolución 125 el gobierno no sólo enfrentó a la cadena de producción agroindustrial (la más competitiva del país), sino también a las provincias, la voracidad recaudatoria basada en un centralismo extremo reanimó y actualizó el federalismo que está en el fondo de la constitución argentina como comunidad política.

En esa segunda guerra el gobierno no perdió únicamente la votación parlamentaria que el vicepresidente Cobos zanjó con su voto “no positivo”, con ella refirmó el divorcio de las clases medias urbanas y le sumó el de los sectores rurales. Diseñó así encrucijada cruel del cuarto oscuro en la que, en junio, la boleta bonaerense del Frente para la Victoria que encabezó el mismísimo Néstor Kirchner cayó derrotada, mientras el oficialismo perdía su mayoría en el Congreso.

Después de la derrota de la resolución 125, Kirchner comprendió que el aislamiento al que habían llegado sus fuerzas no tardaría en manifestarse internamente como centrifugación y tendencia a la diáspora. Por eso quiso adelantar las elecciones de 2009, por eso supo que tenía que arriesgar él su figura y por eso, para cortar la retirada de sus propias tropas, forzó a muchos jefes territoriales a compartir su suerte con aquellas “candidaturas testimoniales” acatadas pero sordamente resistidas.

Ante la caída electoral, se propuso duplicar la apuesta. Atribuyó sus caídas políticas a la subsistencia de “poderes corporativos” asociados a una “dictadura mediática”, culpable a su entender de que la sociedad resistiera sus mensajes, sus medidas y sus buenas intenciones. La llamada “ley de medios” y una batería de medidas convergentes fueron lanzadas para abatir a ese enemigo, corporizado emblemáticamente en el Grupo Clarín. Si algunos de esas medidas tuvieron como coartada la “democratización de los mensajes” o el “acceso de todo al mundo a la información” (programa Fútbol para Todos), nadie podía engañarse de que esos argumentos eran apenas un maquillaje para justificar la guerra. Hubo otros argumentos con los que el gobierno fue aún más lejos: utilizó la bandera de los derechos humanos –y el coro de varias organizaciones que alcanzaron prestigio en el pasado y desde hace algunos años se han convertido en colaterales bien financiadas del oficialismo- para su guerra. Primero en un acoso sobre la familia de la titular del diario Clarín que debía ser coronado por un informe del Banco de Datos Genéticos…que no se produjo. Más tarde, en una ofensiva sobre la empresa Papel Prensa apoyada en testimonios no sólo dudosos, sino ampliamente refutados, tendientes a revisar la compra de esa empresa (34 años atrás) utilizando para ello la imprescriptibilidad atribuida a los crímenes de lesa humanidad.

Que el gobierno está dispuesto a quemar las naves en esta guerra lo demuestra, por caso, el hecho de que después de las notorias refutaciones a la operación oficial que ofrecieron Isidoro Graiver, Gustavo Caraballo y hasta la propia Norma Papaleo
-que el gobierno presenta como columna testimonial de su ofensiva- la señora de Kirchner insistió en la incriminación a los propietarios privados de Papel Prensa, en una toma de posición unilateral y una parcialidad anterior a la palabra de la Justicia. La presidente Kirchner (y los voceros oficiales que le hacen coro) olvidan el principio jurídico occidental de que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Justicia.

Hasta agudos voceros del oficialismo, como el periodista y líder del CELS, Horacio Verbitski, han defenestrado el informe oficial sobre Papel Prensa (“escrito con guantes de box”) y descartan que la operación de compraventa de 1976 pueda ser asociada con crímenes de lesa humanidad.

Pero la presidente insiste en su ofensiva y, además, ha decidido reglamentar la ley de medios, pasando por alto, digamos, el hecho de que la aplicación de esa norma está suspendida por la Justicia. ¿Se trata de un nuevo desafíoal Poder Judicial?

El estratega de esta y las anteriores batallas es, claro está, Néstor Kirchner. A juzgar por los resultados de las que viene librando desde 2008 (antes aún, desde 2006 si se toma como primer hito la derrota del kirchnerismo aquel año en el plebiscito misionero por la reelección indefinida) podría decirse de él que es un gran organizador de derrotas.

No son pocos los dirigentes del PJ – Frente para la Victoria ( particularmente en el distrito bonaerense) que están convencidos de que las aventuras bélicas de Kirchner llevan a su fuerza al desastre. Ellos no consumen encuestas amañadas y saben que el dilema de “pingüino o pingüina” con el que desde Olivos se pretende acotar el debate interno no detiene la sangría. Esos dirigentes están meditando sobre las mejores formas de eludir lo que, de prolongarse, estiman como un destino aciago.

Junto con la suerte electoral que impondrá a su propia fuerza, la última guerra de Kirchner está erosionando gravemente la plataforma política basada en el tema de los derechos humanos sobre la que él y otras fuerzas se apoyaban. A la luz de los abusos kirchneristas en la argumentación sobre estos asuntos para sus propios fines y en relación con dudosas cuestiones patrimoniales, empieza a insinuarse un debate sobre los usos de esa temática, que se han concentrado en la condena de una de las fuerzas que actuó en los años 70 y ha dejado en un cono de sombra a la otra. La discusión sobre el dinero de Graiver conectado a la propiedad de Papel Prensa ha puesto sobre la mesa el hecho de que el malogrado banquero operaba dinero de secuestros realizados por organizaciones armadas de izquierda.

La brecha abierta por la última guerra de Kirchner quizás esté inaugurando una etapa de discusión y documentación más equilibrada y menos parcial que la que el país ha escuchado y consumido durante mucho tiempo. Si así fuera, sería bueno para la Argentina. Probablemente no lo sea para el círculo K.

En cualquier caso, tal debate está íntimamente ligado a esa disputa por el poder que, como ha dicho Carrió, se está librando ya mismo porque Kirchner así lo ha decidido.