Río de janeiro-La ley de memoria histórica que pretendía revisar los años de la dictadura militar en Brasil( 1964-1985), en especial lo ocurrido con 399 personas desaparecidas tras su detención por fuerzas de la Policía y el Ejército, sufrirá una amplia modificación a su paso por el Parlamento. La decidida presión de los altos mandos del Ejército brasileño ha surtido efecto.
El proyecto legislativo, que formaba parte de un gran paquete de medidas sobre derechos humanos, fue considerado por los militares como «revanchista» y una flagrante violación de la Ley de Amnistía de 1979 y de los acuerdos suscritos durante la transición a la democracia.Los generales Enzo Peri y Juniti Saito, y el almirante Julio Moura, respaldados por el propio ministro de Defensa del Gobierno, Nelson Jobim, presentaron su dimisión al presidente en un acto, en principio privado, que, naturalmente, acabó trascendiendo a los medios de comunicación.Lula da Silva, que rechazó las dimisiones, se excusó aduciendo que «desconocía el articulado de la ley» y prometió a los generales que se llevaría a cabo una nueva redacción del texto. Éste ha sido limado de sus principales aristas, con lo que el plante militar puede darse por concluido.La nueva ley, que incluye el establecimiento de una «comisión de la verdad», no tendrá en ningún caso carácter sancionador, ni sus conclusiones o averiguaciones podrán dar lugar a procedimientos judiciales. Además, los guerrilleros izquierdistas que cometieron actos de terrorismo también serán objeto de la comisión investigadora, lo que no será del agrado de algunos ministros del actual Gobierno, integrados en su día en los grupos armados. Con todo, el cambio fundamental, y principal motivo del largo tira y afloja, es la consideración del periodo de la dictadura como «un conflicto político», con responsabilidad compartida, y no de «represión política». La negociación de las modificaciones fue llevada a cabo por el ministro de Defensa y por el de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, quien también había amenazado con dimitir si se aguaba todavía más la ley.Ayer, Lula da Silva explicó que no se pretendía perseguir a nadie, pero que era de justicia que las familias de los desaparecidos de la dictadura supieran qué ocurrió con sus deudos.
A vueltas con la Ley de AmnistíaAunque la dictadura militar en Brasil no finalizó hasta 1985 con la elección parlamentaria de Tancredo Neves, fallecido sin llegar a tomar posesión del cargo, la Ley de Amnistía se había promulgado el 28 de agosto de 1979, tras una amplia movilización popular impulsada por los partidos de la izquierda, que fue apoyada por la mayoría de los sectores sociales. La amnistía hizo posible el regreso de miles de exiliados y el comienzo del cambio político. Además, relajó la oposición de los militares durante el proceso de transición, al garantizarles la inmunidad judicial.
El proyecto legislativo, que formaba parte de un gran paquete de medidas sobre derechos humanos, fue considerado por los militares como «revanchista» y una flagrante violación de la Ley de Amnistía de 1979 y de los acuerdos suscritos durante la transición a la democracia.Los generales Enzo Peri y Juniti Saito, y el almirante Julio Moura, respaldados por el propio ministro de Defensa del Gobierno, Nelson Jobim, presentaron su dimisión al presidente en un acto, en principio privado, que, naturalmente, acabó trascendiendo a los medios de comunicación.Lula da Silva, que rechazó las dimisiones, se excusó aduciendo que «desconocía el articulado de la ley» y prometió a los generales que se llevaría a cabo una nueva redacción del texto. Éste ha sido limado de sus principales aristas, con lo que el plante militar puede darse por concluido.La nueva ley, que incluye el establecimiento de una «comisión de la verdad», no tendrá en ningún caso carácter sancionador, ni sus conclusiones o averiguaciones podrán dar lugar a procedimientos judiciales. Además, los guerrilleros izquierdistas que cometieron actos de terrorismo también serán objeto de la comisión investigadora, lo que no será del agrado de algunos ministros del actual Gobierno, integrados en su día en los grupos armados. Con todo, el cambio fundamental, y principal motivo del largo tira y afloja, es la consideración del periodo de la dictadura como «un conflicto político», con responsabilidad compartida, y no de «represión política». La negociación de las modificaciones fue llevada a cabo por el ministro de Defensa y por el de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, quien también había amenazado con dimitir si se aguaba todavía más la ley.Ayer, Lula da Silva explicó que no se pretendía perseguir a nadie, pero que era de justicia que las familias de los desaparecidos de la dictadura supieran qué ocurrió con sus deudos.
A vueltas con la Ley de AmnistíaAunque la dictadura militar en Brasil no finalizó hasta 1985 con la elección parlamentaria de Tancredo Neves, fallecido sin llegar a tomar posesión del cargo, la Ley de Amnistía se había promulgado el 28 de agosto de 1979, tras una amplia movilización popular impulsada por los partidos de la izquierda, que fue apoyada por la mayoría de los sectores sociales. La amnistía hizo posible el regreso de miles de exiliados y el comienzo del cambio político. Además, relajó la oposición de los militares durante el proceso de transición, al garantizarles la inmunidad judicial.
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