¿Qué fin tienen la tensión y la división? Por Jorge Raventos

Como ha ocurrido en otras oportunidades, fue Néstor Kirchner el que desencadenó una crisis en el gobierno que formalmente encabeza su mujer. El despido o reclamo de renuncia del presidente del Banco Central (más tarde burdamente maquillado de “aceptación” de una renuncia que Redrado habría presentado en fecha incierta y después “perfeccionado” con un despido por decreto de necesidad y urgencia) constituyó la clásica modalidad kirchnerista del panzazo y la atropellada irregular para conseguir algo que quizás podría haber obtenido con modos más corteses.

En rigor, la brusquedad había comenzado el 14 de diciembre, apenas unos días después del cierre de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando Cristina Kirchner anunció por Cadena Nacional la creación del llamado Fondo del Bicentenario, un manotazo del Ejecutivo a las reservas del Banco Central que en principio sería de 6.569 millones de dólares, aunque más tarde, cuando se conoció el Decreto de Necesidad y Urgencia con que el gobierno formalizó la idea, pudo verse que esa cifra no constituía un límite.
El gobierno alegó que el manotazo a las reservas se justificaba para dar a los acreedores señales de seguridad jurídica y solvencia, ya que el fondo –se alegaba-se destinaría a garantizar los vencimientos de la deuda del año en curso.
La provincia de San Luis reaccionó velozmente y se presentó ante la Corte Suprema para discutir el decreto y la creación del Fondo del Bicentenario. No hay necesidad ni urgencia que justifiquen ese decreto: los vencimientos ya estaban contemplados en el presupuesto que aprobó el Congreso (en el momento en que el oficialismo aún contaba con mayoría automática en las Cámaras) y por otra parte, el primer vencimiento importante recién ocurre en agosto. Las reservas –alegó San Luis- están para respaldar la moneda nacional, es decir el trabajo, las inversiones y los patrimonios de los habitantes de la nación.
El planteo de la provincia de San Luis fue rápidamente acogido por la Corte Suprema, signo de la solidez del planteo. La Corte le dio al gobierno diez días para fundamentar la medida, a partir de lo cual el Tribunal daría su posición.
La primera conclusión que rápidamente extrajeron los observadores acerca del Fondo del Bicentenario fue que, con la excusa de honrar los compromisos con los acreedores, el Ejecutivo estaba expropiando fondos del Central para financiar gasto, subsidios y acción política en la última etapa del gobierno, con la mirada puesta en las presidenciales de 2011. Los (en principio) 6569 millones de dólares –unos 25.000 millones de pesos- resultan un botín más que atractivo para gente tan gastadora como los Kirchner. Especialmente en tiempos de su desesperado descenso.
A la sombra alzada por la Corte Suprema sobre el decreto se sumó, a ojos de la familia gobernante, lo que observaron como una resistencia del Banco Central, que demoraba el ansiado traspaso de los fondos. Redrado y un buen número de directores del BCRA no estaban en principio dispuestos a cumplir como mandaderos el vidrioso decreto de necesidad y urgencia de CFK. Para esas autoridades del BCRA el cumplimiento de ese decreto chocaba, en principio con sus responsabilidades y obligaciones específicas establecidas en una ley de la Nación (la que estableció la Carta Orgánica del Banco) y merecía filtrarse a través de diversas consultas de orden jurídico. Particularmente cuando la misma Corte Suprema se abocó al tema por un recurso de la provincia de San Luis. El Banco Central no podía transferir fondos al Ejecutivo sin contar con el respaldo del Congreso; la disposición por decreto estaba en principio observada por la Corte Suprema y resultaba evidente que el Poder Ejecutivo había intentado eludir la opinión de las Cámaras, lanzando el decreto apenas unos días después del cierre de sesiones legislativas y omitiendo además una convocatoria a sesiones extraordinarias.
A esos reparos –que incluían las eventuales responsabilidades jurídicas que podían caberle al directorio del BCRA si actuaba como reclamaba la Casa Rosada- se sumó otro muy significativo: si el Central admitía el manotazo del Ejecutivo, se desvanecía su autonomía y con ella la muralla que permitió hasta el momento defender las reservas del acoso de los llamados “fondos buitres” ante tribunales esternos, como por caso el que preside en la ciudad de Nueva York el juez Thomas Griessa.
El ministro de Economía, Amado Boudou, no tuvo mucho problema en convencer a Néstor Kirchner de que había que actuar expeditivamente para evitar que los obstáculos que se insinuaban se consolidara e impidieran el traspaso de las reservas del Banco Central a una cuenta del ministerio de Economía. Néstor Kirchner hace un culto de lo expeditivo y lo irritan los límites, los reparos, las lógicas que discuten sus objetivos y sus procedimientos.
Boudou argumentó que la semana que comienza el lunes 11 de enero debía iniciar una gira para interesar a los tenedores de bonos en el canje de la deuda: para entonces debía estar consumado el Fondo del Bicentenario.
Cristina Kirchner inició, así su ofensiva sobre Redrado, la que empezó con el pedido de renuncia. Olivos bien podría haber intentado otros caminos: por ejemplo, la vía de la discusión del tema en el directorio del Banco Central. Allí los Kirchner cuentan con varios incondicionales –no menos de cuatro- entre los nueve miembros del organismo y podían adquirir otros apoyos, como más tarde se verificaría. No hubiera sido una idea ineficaz empezar una presión sobre Redrado por líneas interiores, especialmente considerando que el Presidente del BCRA sólo cuenta en el directorio con dos miembros sugeridos por él, Zenón Biagosch y Carlos Pérez.
En lugar de buscar una solución de ese tipo, Néstor Kirchner optó por la vía dura, que revela su incomprensión o su desprecio del sistema institucional, y su no admisión de las estructuras autónomas.
Kirchner se impacientó por las tribulaciones jurídicas y técnicas y por los reparos del Banco Central y decidió cortar por lo sano. Con la ayuda de alguno de los banqueros del capitalismo de amigos se adelantó a ofrecerle al reconocido Mario Blejer el puesto que Redrado todavía ocupaba. Blejer no se negó al principio, pero retrocedió precipitadamente cuando se dio cuenta del escándalo suscitado por el estilo K y la situación a la que corría el riesgo de someterse. Blejer no asumiría con trapos sucios a la vista.
La (para Olivos) inesperada resistencia de Redrado a la solicitud de renuncia suscitó una situación crítica para la que el comando de Kirchner no tenía respuestas pensadas. La señora de Kirchner tenía planeado viajar a Calafate en la noche del miércoles. Tuvo que postergar el traslado. Ese día y los siguientes, a medida que crecía el rechazo a los métodos oficiales, se la vio irritable, enojada e inusualmente descuidada en su estética.
El gobierno intento durante algunas horas una política de presiones y amenazas solapadas con las que no consiguió abatir la actitud de Redrado. Ni siquiera lo logró cuando llamó a la cancha a la crema de los banqueros privados, que a través de un comunicado de ADEBA le pidieron a Redrado que presentara la renuncia.
A esa altura, el gobierno podía exhibirse rodeado por los banqueros, por la parte de su tropa parlamentaria que no está de vacaciones, por Luis D’Elía y algunos jefes piqueteros y por Hugo Moyano y su sector de la CGT. Del lado opuesto, peronistas disidentes, radicales, miembros de la Coalición Cívica y el Pro y hasta sectores de la izquierda salían en defensa, más que de la figura personal de Redrado, del valor principal que su resistencia representaba: la autonomía del Banco Central y la necesidad de defender con firmeza el camino de la ley.
El gobierno avanzó y pretendio deponer a Redrado con un decreto (los voceros oficiales, ignorando las normas, siempre sostuvieron la idea de que el Presidente del Central debe obedecer a la presidencia de la República “que es la que lo puso”, así como consideraron que era el gobierno y no el Banco Central el que debía disponer de “las reservas que juntó la política presidencial”). Por unas horas –el tiempo que tardó la Justicia en conceder un amparo y reponer a Redrado en su puesto- el gobierno consiguió imponer un presidente provisorio. Ese funcionario, con el respaldo de los miembros kirchneristas del directorio decidió (en una reunión informal y en varios sentidos facciosa que se abriera una cuenta en el Ministerio de Economía para depositar el monto de las reservas asignados al Fondo del Bicentenario. La decisión de la jueza María José Sarmiento, que devolvió a Redrado a su cargo, también bloqueó el traspaso de fondos del Central al Ejecutivo hasta tanto haya una resolución de sustancia sobre la cuestión (algo que quedará en manos de la Corte Suprema). Esa decisión no podía sino irritar al estilo K., por más que el gobierno descontara que su apelación ante la Cámara contencioso-administrativa le resultaría favorable pues –como señaló el diario La Nación- “es probable que la influencia que ejercen los operadores políticos del Gobierno sobre los jueces que integran la Cámara opere a favor de la posición oficial”. En cualquier caso, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, no se privó de considerar “ridícula” la disposición judicial, el ministro de Interior aventuró que la jueza deconocía la Constitución y el sábado, en Santa Teresita, Néstor Kirchner, dijo que la doctora Sarmienta “es una vergüenza” y exhortó a que “ los poderes internos de la Justicia hagan lo que corresponde por su actitud”. El mismo sábado, la magistrada citó a la prensa para declarar que se sentía presionada: "Jamás he visto un procedimiento así. Hay un móvil policial en la puerta de mi casa y yo nunca pedí custodia" dijo la jueza. “Acudo a la prensa para que se sepa; tengo 30 años en la Justicia y jamás había visto un procedimiento así, ignoro a qué se debe esta actitud", agregó.
La tendencia del oficialismo a tensar las situaciones al máximo y avanzar sobre los límites institucionales sin reparar en las consecuencias en términos de conflicto y división interna parece haber llegado en esta ocasión a un punto sensible. Dirigentes políticos y eminentes constitucionalistas nombraron esta vez dos palabras que hasta el momento, por responsabilidad o por prudencia, muchos han estado evitando: “juicio político”. El prestigioso jurista Félix Loñ, tras declararse “harto de los atropellos a las leyes del matrimonio presidencial”, advirtió que "evidentemente (la señora de Kirchner) se expone al juicio político porque no se justifica el dictado del decreto de necesidad y urgencia" que dispuso la toma de fondos del Banco Central. Luis Juez y Elisa Carrió también esgrimieron advertencias análogas.
El gobierno no tiene otra respuesta a la grave crisis que la de siempre: duplicar la apuesta. ¿No ignoró acaso Néstor Kirchner, hace pocos días, la derrota electoral sufrida en junio? ¿Por qué esperar que corrija sus procedimientos u opte por negociar con quienes lo vencieron –a él, personalmente- en las urnas? El prefiere victimizarse y victimizar el gobierno que formalmente encabeza su mujer, considerando que hay “una conspiración permanente” contra el gobierno. Obvio: todo lo que se resiste al capricho del matrimonio es pasible de ser incorporado a la conjura. En principio, los demonios mayores, según los enumeró Kirchner en la costa bonaerense este sábado, son el vicepresidente Julio Cobos (que está procurando darle una salida política a la encrucijada institucional en la que se encuentran los Kirchner), el diario Clarín (personalizando, inclusive, en su CEO, Héctor Magnetto), por supuesto Redrado, la jueza Sarmiento (tácito: cualquier magistrado que no escuche favorablemente) y todos los “que querían evitar una mayoría hegemónica en el Congreso”. Porque –nunca lo expresó Kichner con tanta claridad- el gobierno no se imagina gobernar sin hegemonía, es decir, no considera posible gobernar con los controles que establece la Constitución. Sucede, sin embargo, que la Cosntitución está vigente y el gobierno –mal que le pese a Kirchner- perdió la hegemonía parlamentaria con las elecciones de junio.

¿Hasta donde (y hasta cuándo) pueden estirarse la brutal tensión y las divisiones que el gobierno impone al país cuando busca restablecer por otros métodos la hegemonía que perdió en las urnas y en la opinión pública? Esa es la pregunta que empiezan a formularse la sociedad y los actores políticos.

Por su interés, y en la búsqueda de respuestas, vale la pena concluir el comentario de esta semana reproduciendo aquí algunas reflexiones y vaticinios que (ya un mes atrás) nos hacía llegar desde el exterior un penetrante observador argentino.
“Los K parecen haberse planteado -mas alla de sus bravuconadas- un copamiento veraniego a todo o nada, ante su incapacidad para negociar (si es que conocen tal termino) una retirada en orden(…) Para ello, parecerían estar planificando “un golpe institucional” (como ellos mismos atribuyen a la oposición) que se enmarque en torno de un conflicto de competencias con alguno de los otros poderes (…) El denominado “golpe institucional”, tipico redoblamiento de las apuestas bajo la metodologia ya clasica de K, deberia lograrse en un período en que todavía reste alguna restricción operativa para el Congreso (es decir antes de marzo), y mientras la situación económica no llegue a deteriorarse plenamente, como normalmente se verifica al comienzo de clases. Si la gestion genera una rebelión tipo cacerolazo, podría dejarse primero actuar a las fuerzas de choque para dar la sensación de que importantes grupos defienden al Gobierno, para luego encogerse de hombros, y en aras de evitar un importante enfrentamiento proceder a un renunciamiento histórico. Dicho renunciamiento seria presentado como el resultado de la imposibilidad de resistir juntamente a la “oligarquía”, las clases medias “gorilas”, y al Imperio, que se habría incorporado indudablemente al complot (si el Sr. Valenzuela no hubiera viajado por sí solo, el propio Gobierno debería en cualquier caso retribuirlo por sus servicios en este sentido)”.

Es posible, efectivamente, que Néstor Kirchner esté perfeccionando la derrota (y repitiendo los escenarios) que el gobierno matrimonial sufrió en ocasión de la pelea contra el campo, a partir de la cual todo fue una fuga hacia adelante (sin excluir la declaración patrimonial que Oyarbide santificó con tanta presteza).