Cuando, un siglo atrás, la Argentina se preparaba para festejar el Primer Centenario, el país no carecía, por cierto, de conflictos, pero esas tensiones estaban enmarcadas en un movimiento de crecimiento general. La Argentina tenía un lugar en el mundo: en términos numéricos se contaba entre las diez naciones más ricas del planeta; centenares de miles de inmigrantes se integraban al país, trabajaban, se educaban y educaban a sus hijos, ascendían socialmente; impulsaban cambios políticos que dos años más tarde se cristalizarían en la Ley Saenz Peña y poco después, puestas las primeras vigas de la democracia electoral, en la asunción como presidente de un caudillo popular apoyado en los inmigrantes y el criollaje.
A escasos días de ingresar en el año del Segundo Centenario, el país parece lejos de lo que se vislumbraba un siglo atrás. Como resultado de una política que se autodefine impulsora de un “modelo productivo y de distribución”, la Argentina termina 2009 en recesión y con inflación y lo que verdaderamente se distribuye es la pobreza. Surge hasta de las estadísticas oficiales que, pese a que durante varios años el país vivió tiempos de vacas gordas gracias a los buenos vientos de la economía mundial, el 70 por ciento de la población argentina recibe hoy menos de 600 dólares por mes y la mitad de las 15 millones de personas que trabajan como empleados, por cuenta propia o como patrones ganan menos de $ 1.500 (unos 400 dólares) por mes. Esas mismas estadísticas informan que en estos años la riqueza se ha concentrado aún más en pocas manos. Lo dicen las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec): el segmento más rico gana 26,2 veces más dinero que los pobres. La brecha creció tres puntos del año pasado a este. En el segundo trimestre de este año el 10% más rico de la población se quedó con el 32,9% de los ingresos mientras que el 10% más pobre sólo se adueñó del 1,3% de los ingresos. ¿Modelo distributivo?
Bien: a principios del siglo XXI transitamos ya por lo que muchos analistas llaman “sociedad del conocimiento”. Se dice que “la educación es el nuevo nombre de la justicia social” o, lo que se parece: abrir el camino al conocimiento equivale a distribuir recursos de capital, y esto es más importante que repartir ingresos. ¿Será quizás eso lo que está pasando en esta Argentina? ¿Estaremos mal en materia de riqueza, pero al menos estaremos mejor en materia de educación? No exactamente. En las evaluaciones internacionales sobre educación el país aparece decayendo. Por ejemplo: el Programme for International Student Assessment (PISA), una prueba que promueve la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, analiza cada tres años las capacidades y rendimiento de estudiantes de la escuela media de unos 60 países. En la última de esas pruebas, donde se midieron performances de alumnos de 57 países, Argentina quedó colocada en en el puesto 52 en matemática y en el 53 en lectura y comprensión de textos. En el año 2000, Argentina había alcanzado el puesto número 34 en matemáticas y el número 35 en comprensión de textos: en pocos años el descenso fue abismal. Hoy se encuentra por debajo de todos los países de América Latina.
No es para menos: el país incumple sistemáticamente la norma que establece que los alumnos deben tener un mínimo de 180 días de clase al año. Nuestros vecinos del Mercosur tienen más días de clase que la Argentina y además, la mayoría de sus alumnos asisten a escuelas de doble jornada. Así, el país retrocede en materia de distribución del ingreso y también en lo que hace a formación y educación. La escuela pública, que era un orgullo argentino en el primer centenario, se encuentra en decadencia. Tanto, que hasta amplios segmentos de sectores humildes, a costa de enormes esfuerzos, envían a sus hijos a escuelas privadas en su ansiosa búsqueda de garantizarles una educación adecuada.
Es aconsejable conocer adecuadamente los resultados reales del “modelo de producción y distribución”, porque es en nombre de esa performance que el gobierno justifica medidas que atropellan el derecho de propiedad, el federalismo y el equilibrio institucional. Fue arguyendo una mejor distribución que se confiscaron las cuentas jubilatorias individuales de millones de asalariados para fundirlas en el barril sin fondo de la ANSES y financiar con ese dinero desde consumos privados hasta aventuras como la televisación estatal del fútbol . Es en nombre de ese modelo que se consumó precipitadamente una ley de medios de finalidad expropiatoria y manipulatoria que los jueces empiezan ya a declarar inconstitucional.
No los rasgos invocados por el gobierno sino la naturaleza real del modelo – inflacionario, recesivo, fiscal y políticamente unitario, socialmente regresivo y distribuidor de pobreza- es lo que conduce al creciente aislamiento y al incremento de las acciones de fuerza y las brusquedades institucionales. Figuras destacadas del gobierno (desde el jefe de gabinete a la señora de Kirchner) han maltratado a la Justicia en los últimos días. El contador Aníbal Fernández desatendió, desobedeció y obstruyó una orden de un juez y usurpó funciones de la Justicia al asumir la postura de árbitro de constitucionalidad de los fallos de un magistrado y de la procedencia de las medidas de otro. La señora de Kirchner, fastidiada también por decisiones de los tribunales, imputó a los jueces dependencia “de poderes económicos”. El gobierno, acostumbrado a actuar con una suma de poderes, empieza a sentir la fuga: el Congreso, con su nueva integración, resistirá la condición de escribanía a la que el ejecutivo lo redujo durante varios años. Los jueces descubren que pueden ahora actuar con mayor margen. Algunos gobernadores saben ya que pueden devolver al poder central las extorsiones de las que han sido víctimas. El cordobés Juan Schiaretti, volviéndose fuerte desde la debilidad financiera a la que fue arrinconado por la concentración de recursos federales en la caja central, amenazó nuevamente con apelar a la emisión de bonos para pagar las obligaciones de la provincia. La Casa Rosada acudió enseguida y pagó sus deudas a los cordobeses para evitar esa medida –que quizás se vuelva inevitable muy pronto- , pues sabe que ese ejemplo sería emulado por otros distritos que tienen iguales dificultades.
Si los gobernadores empiezan a imaginar medidas de autodefensa, la actitud también es ensayada por muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires: Néstor Kirchner ya empieza a sentir el frío a su alrededor.
La discrecionalidad del gobierno queda cada vez más acotada y se vuelve cada vez más notoria e irritante.
El gobierno, por su parte también se irrita. Al hacerlo, profundiza su aislamiento. Sobreactuó su reacción airada contra el enviado de Barack Obama, que osó hablar de lo obvio: la inseguridad jurídica. Desde Olivos imaginaron que pelearse coléricamente con el subsecreatrio de Asuntos Latinoamericanos de Estados Unidos podía ser políticamente redituable y buscaron entonces alguna reacción pavlovianamente “antiimperialista” en la opinión pública o, al menos, en la propia tropa. Sólo Hugo Moyano, algunos periodistas de Canal 7 u algunos intelectuales de Carta Abierta respondieron al estímulo. Fuera de eso, nada. Es que en Olivos deberían comprender que ni Arturo Valenzuela es Spruille Braden ni Néstor Kirchner es Perón. Ni el 2010 es el mítico 1945.
A escasos días de ingresar en el año del Segundo Centenario, el país parece lejos de lo que se vislumbraba un siglo atrás. Como resultado de una política que se autodefine impulsora de un “modelo productivo y de distribución”, la Argentina termina 2009 en recesión y con inflación y lo que verdaderamente se distribuye es la pobreza. Surge hasta de las estadísticas oficiales que, pese a que durante varios años el país vivió tiempos de vacas gordas gracias a los buenos vientos de la economía mundial, el 70 por ciento de la población argentina recibe hoy menos de 600 dólares por mes y la mitad de las 15 millones de personas que trabajan como empleados, por cuenta propia o como patrones ganan menos de $ 1.500 (unos 400 dólares) por mes. Esas mismas estadísticas informan que en estos años la riqueza se ha concentrado aún más en pocas manos. Lo dicen las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec): el segmento más rico gana 26,2 veces más dinero que los pobres. La brecha creció tres puntos del año pasado a este. En el segundo trimestre de este año el 10% más rico de la población se quedó con el 32,9% de los ingresos mientras que el 10% más pobre sólo se adueñó del 1,3% de los ingresos. ¿Modelo distributivo?
Bien: a principios del siglo XXI transitamos ya por lo que muchos analistas llaman “sociedad del conocimiento”. Se dice que “la educación es el nuevo nombre de la justicia social” o, lo que se parece: abrir el camino al conocimiento equivale a distribuir recursos de capital, y esto es más importante que repartir ingresos. ¿Será quizás eso lo que está pasando en esta Argentina? ¿Estaremos mal en materia de riqueza, pero al menos estaremos mejor en materia de educación? No exactamente. En las evaluaciones internacionales sobre educación el país aparece decayendo. Por ejemplo: el Programme for International Student Assessment (PISA), una prueba que promueve la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, analiza cada tres años las capacidades y rendimiento de estudiantes de la escuela media de unos 60 países. En la última de esas pruebas, donde se midieron performances de alumnos de 57 países, Argentina quedó colocada en en el puesto 52 en matemática y en el 53 en lectura y comprensión de textos. En el año 2000, Argentina había alcanzado el puesto número 34 en matemáticas y el número 35 en comprensión de textos: en pocos años el descenso fue abismal. Hoy se encuentra por debajo de todos los países de América Latina.
No es para menos: el país incumple sistemáticamente la norma que establece que los alumnos deben tener un mínimo de 180 días de clase al año. Nuestros vecinos del Mercosur tienen más días de clase que la Argentina y además, la mayoría de sus alumnos asisten a escuelas de doble jornada. Así, el país retrocede en materia de distribución del ingreso y también en lo que hace a formación y educación. La escuela pública, que era un orgullo argentino en el primer centenario, se encuentra en decadencia. Tanto, que hasta amplios segmentos de sectores humildes, a costa de enormes esfuerzos, envían a sus hijos a escuelas privadas en su ansiosa búsqueda de garantizarles una educación adecuada.
Es aconsejable conocer adecuadamente los resultados reales del “modelo de producción y distribución”, porque es en nombre de esa performance que el gobierno justifica medidas que atropellan el derecho de propiedad, el federalismo y el equilibrio institucional. Fue arguyendo una mejor distribución que se confiscaron las cuentas jubilatorias individuales de millones de asalariados para fundirlas en el barril sin fondo de la ANSES y financiar con ese dinero desde consumos privados hasta aventuras como la televisación estatal del fútbol . Es en nombre de ese modelo que se consumó precipitadamente una ley de medios de finalidad expropiatoria y manipulatoria que los jueces empiezan ya a declarar inconstitucional.
No los rasgos invocados por el gobierno sino la naturaleza real del modelo – inflacionario, recesivo, fiscal y políticamente unitario, socialmente regresivo y distribuidor de pobreza- es lo que conduce al creciente aislamiento y al incremento de las acciones de fuerza y las brusquedades institucionales. Figuras destacadas del gobierno (desde el jefe de gabinete a la señora de Kirchner) han maltratado a la Justicia en los últimos días. El contador Aníbal Fernández desatendió, desobedeció y obstruyó una orden de un juez y usurpó funciones de la Justicia al asumir la postura de árbitro de constitucionalidad de los fallos de un magistrado y de la procedencia de las medidas de otro. La señora de Kirchner, fastidiada también por decisiones de los tribunales, imputó a los jueces dependencia “de poderes económicos”. El gobierno, acostumbrado a actuar con una suma de poderes, empieza a sentir la fuga: el Congreso, con su nueva integración, resistirá la condición de escribanía a la que el ejecutivo lo redujo durante varios años. Los jueces descubren que pueden ahora actuar con mayor margen. Algunos gobernadores saben ya que pueden devolver al poder central las extorsiones de las que han sido víctimas. El cordobés Juan Schiaretti, volviéndose fuerte desde la debilidad financiera a la que fue arrinconado por la concentración de recursos federales en la caja central, amenazó nuevamente con apelar a la emisión de bonos para pagar las obligaciones de la provincia. La Casa Rosada acudió enseguida y pagó sus deudas a los cordobeses para evitar esa medida –que quizás se vuelva inevitable muy pronto- , pues sabe que ese ejemplo sería emulado por otros distritos que tienen iguales dificultades.
Si los gobernadores empiezan a imaginar medidas de autodefensa, la actitud también es ensayada por muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires: Néstor Kirchner ya empieza a sentir el frío a su alrededor.
La discrecionalidad del gobierno queda cada vez más acotada y se vuelve cada vez más notoria e irritante.
El gobierno, por su parte también se irrita. Al hacerlo, profundiza su aislamiento. Sobreactuó su reacción airada contra el enviado de Barack Obama, que osó hablar de lo obvio: la inseguridad jurídica. Desde Olivos imaginaron que pelearse coléricamente con el subsecreatrio de Asuntos Latinoamericanos de Estados Unidos podía ser políticamente redituable y buscaron entonces alguna reacción pavlovianamente “antiimperialista” en la opinión pública o, al menos, en la propia tropa. Sólo Hugo Moyano, algunos periodistas de Canal 7 u algunos intelectuales de Carta Abierta respondieron al estímulo. Fuera de eso, nada. Es que en Olivos deberían comprender que ni Arturo Valenzuela es Spruille Braden ni Néstor Kirchner es Perón. Ni el 2010 es el mítico 1945.
