(Publicado en Diario Perfil - Sábado 7 de febrero de 2009)
El cambio de año calendario acompaña una modificación en las expectativas políticas. El hecho central de 2008 fue el agotamiento del ciclo de hegemonía kirchnerista, iniciado en 2003. La cuestión fundamental en 2009 es la modalidad y el ritmo que asumirá la crisis política derivada de ese agotamiento. Porque, a diferencia de lo que sostienen la mayoría de los analistas políticos, los cambios de ciclo que periódicamente ocurren en la Argentina no siempre son el resultado de la irrupción de una alternativa superadora al statu quo, sino que muchas veces es la crisis de ese statu quo lo que genera la irrupción de alternativas. Nuevamente, la Argentina se acerca a una crisis por implosión. Sus características surgen más de la propia dinámica de la acción del gobierno, en este caso de la constante iniciativa política de Néstor Kirchner, que de la acción de la oposición institucional.
Entre 2003 y 2007, el núcleo de las expectativas giraba en torno de la consolidación del poder hegemónico de Kirchner. En 2008, estuvieron centradas en la descomposición de ese poder hegemónico, resultado de la profundización de la actitud negativa de la opinión pública (clase media de los grandes centros urbanos), sumada a las consecuencias de la crisis económica, que empezaron a golpear con fuerza no sólo a las clases medias urbanas y rurales, sino también a los sectores socialmente más postergados, último bastión electoral del oficialismo.
El desafío de octubre genera un cambio drástico en la situación del peronismo. La percepción es que los resultados serán adversos al oficialismo. La consecuencia sería la pérdida de la mayoría parlamentaria. Esto implicaría que el Gobierno no conseguiría la prórroga de los “superpoderes” y de la “emergencia económica”, y que cedería su control del Consejo de la Magistratura. Esta secuencia, grave para cualquier gobierno, sería mortal para el sistema de concentración de poder construido por Kirchner, fundado en el empleo sistemático de los fondos presupuestarios para disciplinar gobernadores e intendentes.
La mayoría de los gobernadores e intendentes peronistas están forzados a un delicado equilibrio. Por un lado, necesitan mantener sus lazos con la Casa Rosada para afrontar sus urgencias financieras y beneficiarse con los planes de obras públicas. Por el otro, tratan de “provincializar” las elecciones, para escapar al efecto de un “voto castigo” contra los Kirchner. Saben que en todos los casos su imagen positiva más que duplica a la imagen de Cristina Fernández de Kirchner.
Distintos sectores de la oposición avanzan en negociaciones para construir opciones conjuntas en diferentes distritos. Todos ellos miran con interés la posibilidad de articular un frente común en la provincia de Buenos Aires. Si bien esa confluencia es una hipótesis de difícil materialización, hay consenso en que el impacto de una candidatura de Néstor Kirchner podría allanar diferencias hasta ahora insalvables.
En el peronismo territorial (gobernadores e intendentes) cunde la impresión de que es necesario organizar una versión propia del “postkirchnerismo” para 2011. Algunos se ilusionan con la posibilidad de convencer a Kirchner de la conveniencia de una “retirada ordenada”. Otros descreen de esa alternativa, pero prefieren acompañarlo hasta octubre y prepararse para “el día después”. El mayor beneficiario de esta última tesis sería el gobernador bonaerense Daniel Scioli. La precandidatura de Carlos Reutemann constituye otra expresión de esta realidad.
Es cierto que este juego táctico de la mayoría de los gobernadores e intendentes peronistas requiere un elevado ejercicio de acrobacia. Pero su existencia tiene efectos inmediatos, ya que acentúa el debilitamiento de la imagen gubernamental. De allí que se haya incentivado en el oficialismo la exigencia de una ofensiva contra el vicepresidente Julio Cobos, cuya permanencia en el cargo es vista como una amenaza potencial que podría dispararse en cualquier situación de crisis.
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