No es improbable que los comicios provinciales que se desarrollan en Catamarca este domingo 8 de marzo anticipen la suerte electoral que el kirchnerismo correrá en 2009. Néstor Kirchner no sólo envió a aquella provincia ingentes recursos públicos, sino que se empeñó él mismo en la batalla, quizás creyendo que su presencia en los actos de cierre mejoraría la suerte de la lista que él bendijo y que fuera confeccionada (no sin arduos trapicheos previos) por su ex hermano político, Armando Bombón Mercado (que estuvo casado con Alicia Kirchner). Ramón Saadi, que participó en el armado de esa boleta se declara ahora defraudado y vaticina una derrota del kirchnerismo. Luis Barrionuevo, que es referente de un amplio sector del peronismo catamarqueño (tanto, que apadrina dos boletas simultáneamente) asegura, por su parte que “el lunes los diarios van a decir que Cobos les ganó a los Kirchner”. Es que Eduardo Brizuela del Moral, el gobernador radical de Catamarca, es uno de los radicales que, como el vicepresidente de la Nación, integró la Concertación Plural (aquella arquitectura atrapa-todo con la que los Kirchner soñaban reemplazar al PJ) y, al igual que Cobos, abandonó esa construcción oportunamente, antes del derrumbe final. Kirchner viajó a Catamarca porque quisiera fumigar todo lo que le evoca la figura de Cobos pero es posible que tropiece allí con una piedra con la que ya chocó mal tres años atrás. ”Lo que está sucediendo parece haber ocurrido: Misiones, Rovira vs. Piña, octubre de 2006”, como sugirió Carlos Pagni en La Nación. Las urnas dirán.
Debilidad y habilidad
Adelantándose a ellas, Kirchner constata en las encuestas que consulta (esas que pide para enterarse de la realidad, no para hacer propaganda), que las cifras y las perspectivas se le presentan oscuras.
De esa comprobación emanó el giro táctico que ensayó su esposa el martes 3, cuando se presentó en la reunión que mantenían algunos miembros de su gabinete con la Mesa de Enlace agropecuario. Fue una jugada audaz, que desconcertó a los dirigentes agropecuarios. El gobierno había amenazado -con trascendidos y también a través de un críptico párrafo en el discurso de la señora de Kirchner ante la Asamblea Legislativa- con una estatización de la comercialización de granos y ese martes, de pronto, la presencia de la presidente en el encuentro dejaba de lado la amenaza y sugería, en cambio, una posibilidad de acuerdo que ellos –aunque desconfiasen- no podían despreciar. Terminaron firmando un papel que ofrecía algunas primeras, aún insuficientes, respuestas a lecheros y ganaderos, prometía soluciones para las economías regionales y dejaba fuera de la conversación las retenciones. Las bases de las entidades trinaron: no esperaban que sus dirigentes se conformaran con tan poco. En dos horas, la señora de Kirchner había conseguido introducir una fisura momentánea en el frente agropecuario y aparecía a la ofensiva precisamente en el instante en que se estaba replegando, archivaba la intervención en el comercio de granos y concedía reclamos que el ruralismo venía levantando desde hace meses.
El rédito del gobierno, de todos modos, tuvo la vida de un lirio: la brecha abierta entre los productores (ilustrada con los cruces verbales entre Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli en la Federación Agraria y en las críticas de CARBAP a Mario Llambías, número uno de CRA) fue velozmente cerrada. Por más matices o tonos que diferencien a sus líderes, el campo les reclama a todos ellos que conserven y apuntalen la unidad que se logró en la acción durante 2008. Eso sí: de ahora en más, las conducciones tendrán que abstenerse de firmar papeles sin consultar a las bases. Y deberán reclamar al poder político hechos, antes que palabras. En cuanto al tema de las retenciones, todo indica que el reclamo se canalizará a través del Congreso (desafío para la oposición: llegar a coincidencias efectivas que expresen al campo y alcancen apoyo mayoritario en las cámaras).
Los Kirchner necesitarán más que nunca de las artes de Agustín Rossi y Angel Pichetto, jefes de los bloques oficialistas, para cortar la sangría de legisladores que abandonan el Frente por la Victoria y dejan expuesto a imponderables lo que alguna vez fuera un claro dominio en ambas cámaras. El gobierno podría encontrarse con serias dificultades parlamentarias antes aún de la renovación que decreten las urnas de octubre. Por otra parte, la cotización de Rossi y Pichetto se eleva, lo que vuelve más difícil para Kirchner la posibilidad de sacrificarlos en sus respectivos distritos en pos de armados electorales supuestamente ganadores. En Santa Fe, entonces, los Kirchner se encuentran, ahora más que nunca, tironeados por las exigencias de Carlos Reutemann y las facturas a cobrar que legítimamente esgrime Rossi.
La habilidad táctica oficialista de la última semana no llegó más allá de la tapa de los diarios del miércoles 4. Desde la misma tarde de ese la señora debió eludir críticas demostraciones agrarias saltando de atril a atril en helicóptero, mientras en otros escenarios se sumaban problemas.
La inseguridad
En su autoapolegético discurso ante el Congreso, la señora de Kirchner evitó hablar del tema que más preocupa a los ciudadanos: la inseguridad. Se trata de otro asunto de esos en los que (como ante el campo y las retenciones) el gobierno combina prejuicios y confrontación. Y no sería de extrañar que su empecinamiento en saltearse el tema termine ocasionándole costos políticos altos como su enfrentamiento con el campo.
El gobierno mira con sospecha las quejas y reclamos por la inseguridad: en parte, porque se siente impotente para darles respuesta, en parte porque encuadra a quienes lo plantean con firmeza en el campo de los enemigos potenciales, propiciadores de la “mano dura”, adversarios del “garantismo”, la ideología jurídica que el oficialismo adoptó como propia. A veces la sospecha se extiende inclusive a mandatarios que se comprometen con vigor en la pelea contra la inseguridad, como el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli.
Las fuertes declaraciones de Susana Giménez después de que uno de sus colaboradores fuera asesinado por delincuentes quisieron ser utilizadas por el poder para abrir un debate: creían que se podía descalificar la preocupación por la violencia y el crimen, golpeando sobre la arrebatada expresión de la animadora (“el que mata debe morir”). Los medios gobierno-dependientes hurgaron en ese punto, procurando desplazar el eje de la discusión de la falta de seguridad a la conveniencia o no de medidas drásticas como la pena de muerte, tomada como metáfora de la “mano dura”. Después de pocos días tuvieron que tocar a retirada, porque la reacción del público (al revés de la de algunos personajes de la farándula) no sólo se mostró comprensiva (y en muchos casos solidaria) con las palabras de Susana Giménez, sino que empleó el episodio para enjuiciar la falta de acción del gobierno ante una delincuencia que viola, roba, secuestra y mata.
Ante la evidencia de la disconformidad pública, el gobierno cambió el blanco. Ya que había fracasado la ofensiva contra la mano dura (encarnada ocasionalmente en la Giménez), se inició otra batalla, destinada a que la crítica de la opinión pública de desplazara del Ejecutivo a la Justicia. El blanco ahora fue la jueza Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema. Aunque el núcleo de esta discusión es diferente, y no se origina en la seguridad actual de los ciudadanos, sino en procesos sobre la década del 70, el oficialismo, a través de sus voceros, culpó a la Justicia de “inacción”, “errores y horrores”; Diana Conti, uno de los látigos del gobierno en el Consejo de la Magistratura, le pidió a Argibay que se callara y trabajara “con ahínco para su pueblo” y acusó a los jueces de practicar “un nivel de ociosidad que además de avergonzar debería aprovecharse para evitar las demoras de justicia que todos conocemos”.
Así, el gobierno, que con la tregua alcanzada con el campo parecía el martes haber optado finalmente por una actitud serena y por dejar de lado la pelea, corrigió esa anomalía rápidamente entreverándose en una riña con los jueces.
Si se admite que la confrontación está en los genes del oficialismo, habrá que prever que no ha de ser precisamente este año, un período de decisión marcado por la encrucijada cruel del cuarto oscuro, donde se pone en juego el poder, el momento que los Kirchner elijan para cambiar su naturaleza.
Debilidad y habilidad
Adelantándose a ellas, Kirchner constata en las encuestas que consulta (esas que pide para enterarse de la realidad, no para hacer propaganda), que las cifras y las perspectivas se le presentan oscuras.
De esa comprobación emanó el giro táctico que ensayó su esposa el martes 3, cuando se presentó en la reunión que mantenían algunos miembros de su gabinete con la Mesa de Enlace agropecuario. Fue una jugada audaz, que desconcertó a los dirigentes agropecuarios. El gobierno había amenazado -con trascendidos y también a través de un críptico párrafo en el discurso de la señora de Kirchner ante la Asamblea Legislativa- con una estatización de la comercialización de granos y ese martes, de pronto, la presencia de la presidente en el encuentro dejaba de lado la amenaza y sugería, en cambio, una posibilidad de acuerdo que ellos –aunque desconfiasen- no podían despreciar. Terminaron firmando un papel que ofrecía algunas primeras, aún insuficientes, respuestas a lecheros y ganaderos, prometía soluciones para las economías regionales y dejaba fuera de la conversación las retenciones. Las bases de las entidades trinaron: no esperaban que sus dirigentes se conformaran con tan poco. En dos horas, la señora de Kirchner había conseguido introducir una fisura momentánea en el frente agropecuario y aparecía a la ofensiva precisamente en el instante en que se estaba replegando, archivaba la intervención en el comercio de granos y concedía reclamos que el ruralismo venía levantando desde hace meses.
El rédito del gobierno, de todos modos, tuvo la vida de un lirio: la brecha abierta entre los productores (ilustrada con los cruces verbales entre Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli en la Federación Agraria y en las críticas de CARBAP a Mario Llambías, número uno de CRA) fue velozmente cerrada. Por más matices o tonos que diferencien a sus líderes, el campo les reclama a todos ellos que conserven y apuntalen la unidad que se logró en la acción durante 2008. Eso sí: de ahora en más, las conducciones tendrán que abstenerse de firmar papeles sin consultar a las bases. Y deberán reclamar al poder político hechos, antes que palabras. En cuanto al tema de las retenciones, todo indica que el reclamo se canalizará a través del Congreso (desafío para la oposición: llegar a coincidencias efectivas que expresen al campo y alcancen apoyo mayoritario en las cámaras).
Los Kirchner necesitarán más que nunca de las artes de Agustín Rossi y Angel Pichetto, jefes de los bloques oficialistas, para cortar la sangría de legisladores que abandonan el Frente por la Victoria y dejan expuesto a imponderables lo que alguna vez fuera un claro dominio en ambas cámaras. El gobierno podría encontrarse con serias dificultades parlamentarias antes aún de la renovación que decreten las urnas de octubre. Por otra parte, la cotización de Rossi y Pichetto se eleva, lo que vuelve más difícil para Kirchner la posibilidad de sacrificarlos en sus respectivos distritos en pos de armados electorales supuestamente ganadores. En Santa Fe, entonces, los Kirchner se encuentran, ahora más que nunca, tironeados por las exigencias de Carlos Reutemann y las facturas a cobrar que legítimamente esgrime Rossi.
La habilidad táctica oficialista de la última semana no llegó más allá de la tapa de los diarios del miércoles 4. Desde la misma tarde de ese la señora debió eludir críticas demostraciones agrarias saltando de atril a atril en helicóptero, mientras en otros escenarios se sumaban problemas.
La inseguridad
En su autoapolegético discurso ante el Congreso, la señora de Kirchner evitó hablar del tema que más preocupa a los ciudadanos: la inseguridad. Se trata de otro asunto de esos en los que (como ante el campo y las retenciones) el gobierno combina prejuicios y confrontación. Y no sería de extrañar que su empecinamiento en saltearse el tema termine ocasionándole costos políticos altos como su enfrentamiento con el campo.
El gobierno mira con sospecha las quejas y reclamos por la inseguridad: en parte, porque se siente impotente para darles respuesta, en parte porque encuadra a quienes lo plantean con firmeza en el campo de los enemigos potenciales, propiciadores de la “mano dura”, adversarios del “garantismo”, la ideología jurídica que el oficialismo adoptó como propia. A veces la sospecha se extiende inclusive a mandatarios que se comprometen con vigor en la pelea contra la inseguridad, como el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli.
Las fuertes declaraciones de Susana Giménez después de que uno de sus colaboradores fuera asesinado por delincuentes quisieron ser utilizadas por el poder para abrir un debate: creían que se podía descalificar la preocupación por la violencia y el crimen, golpeando sobre la arrebatada expresión de la animadora (“el que mata debe morir”). Los medios gobierno-dependientes hurgaron en ese punto, procurando desplazar el eje de la discusión de la falta de seguridad a la conveniencia o no de medidas drásticas como la pena de muerte, tomada como metáfora de la “mano dura”. Después de pocos días tuvieron que tocar a retirada, porque la reacción del público (al revés de la de algunos personajes de la farándula) no sólo se mostró comprensiva (y en muchos casos solidaria) con las palabras de Susana Giménez, sino que empleó el episodio para enjuiciar la falta de acción del gobierno ante una delincuencia que viola, roba, secuestra y mata.
Ante la evidencia de la disconformidad pública, el gobierno cambió el blanco. Ya que había fracasado la ofensiva contra la mano dura (encarnada ocasionalmente en la Giménez), se inició otra batalla, destinada a que la crítica de la opinión pública de desplazara del Ejecutivo a la Justicia. El blanco ahora fue la jueza Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema. Aunque el núcleo de esta discusión es diferente, y no se origina en la seguridad actual de los ciudadanos, sino en procesos sobre la década del 70, el oficialismo, a través de sus voceros, culpó a la Justicia de “inacción”, “errores y horrores”; Diana Conti, uno de los látigos del gobierno en el Consejo de la Magistratura, le pidió a Argibay que se callara y trabajara “con ahínco para su pueblo” y acusó a los jueces de practicar “un nivel de ociosidad que además de avergonzar debería aprovecharse para evitar las demoras de justicia que todos conocemos”.
Así, el gobierno, que con la tregua alcanzada con el campo parecía el martes haber optado finalmente por una actitud serena y por dejar de lado la pelea, corrigió esa anomalía rápidamente entreverándose en una riña con los jueces.
Si se admite que la confrontación está en los genes del oficialismo, habrá que prever que no ha de ser precisamente este año, un período de decisión marcado por la encrucijada cruel del cuarto oscuro, donde se pone en juego el poder, el momento que los Kirchner elijan para cambiar su naturaleza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario