El jueves 4 de febrero asumió la presidencia del Banco Central Mercedes Marcó del Pont, hasta un día antes número uno del Banco de la Nación Argentina Nación. De origen desarrollista –era sobrina carnal de Noemí Blanco, la esposa de Rogelio Frigerio-, la economista accedió a la función pública durante el gobierno de Carlos Saul Menem. Quien la incorporó a la tribu kirchnerista y la proyectó a posiciones expectables fue el ex jefe de gabinete Alberto Fernández, pero cuando él abandonó el barco su protegida siguió ascendiendo a la sombra de otras alas. La nueva (por ahora provisoria) presidente del Banco Central sigue el ritmo que impone la Residencia de Olivos.
La entronización de Marcó del Pont llegó 48 horas antes de que se cumplieran 30 días de una rotunda afirmación del ministro de Economía, Amado Boudou (“Para nosotros Mario Blejer es el nuevo presidente del Banco Central”) que, ay, resultó reiteradamente desmentida por los hechos. Boudou no resultó buen profeta ni buen anunciador de novedades: ni Martín Redrado dejó esa silla cuando el ministro y sus mandantes lo preveían ni, cuando el asiento quedó vacío, Blejer estuvo dispuesto a ocuparlo sin nuevas condiciones, ni la familia presidencial estaba dispuesta a aceptarlas después del desgaste ya sufrido en la lucha por desalojar a Redrado. Un mes atrás, cuando pretendían desplumar al Central sin que Redrado cacarease, la figura de Blejer parecía una coartada elegantísima para desbaratar las sospechas de la ortodoxia financiera sobre las intenciones oficiales en relación con las reservas del Banco Central. Pero ahora ya no había manera de disimular el escándalo, que ha trascendido largamente las fronteras. Ahora se trataba de aplicar una fórmula simple, para nada barroca: meter mano de una buena vez al Fondo del Bicentenario (FoBi) y, en lo posible, cambiar las normas de la Carta Orgánica del Banco Central, de modo de poder contar sin demasiados obstáculos con la caja del Banco Central, ante futuras y previsibles necesidades políticas.
El gobierno considera que podrá habilitar el Fondo del Bicentenario en el Congreso. La perversa lógica que rige el control de los decretos de necesidad y urgencia permite que tengan vigencia con la mera aprobación (más exacto: la ausencia de rechazo) de sólo una de las Cámaras. En otros términos: mientras que una ley hecha y derecha requiere que la apoyen Diputados y Senadores, los úkases del Ejecutivo con formato de DNU sólo necesita (merced a una oportuna reglamentación que en su momento impulsó la señora de Kirchner) que una de las Cámaras no lo rechace. Así, dando por descontado que la Cámara de Diputados, donde ahora el oficialismo no cuenta con mayoría automática, se vetará el del DNU que creó el FoBi, desde la Residencia de Olivos se despliegan esfuerzos para conseguir que el Senado no vote en contra y así, permita su vigencia.
Para conseguirlo, los negociadores kirchneristas ofrecen asociar a los gobernadores al botín de las reservas, y les prometen “ayudar” a las provincias que se encuentran en rojo y con gravísimas dificultades de financiamiento; parafraseando a Quevedo, el gobierno nacional hace primero el enfermo y después el hospital, porque lo cierto es que el desfinanciamiento de las provincias está provocado por el unitarismo fiscal que practica la caja central, al no coparticipar recursos como la mayor parte del impuesto al cheque o las retenciones. Lo cierto es que, sedientas de fondos frescos como están las provincias, varios gobernadores parecen dispuestos a inducir a sus senadores a ayudar a la Casa Rosada a que el DNU del Fondo del Bicentenario pase sin inconvenientes por el Congreso. Pan para hoy, hambre para mañana: pocos dudan que la lógica de meter mano a las reservas para cubrir gastos corrientes equivale a echar baldazos de combustible al incipiente incendio inflacionario que ya registra más de un 2 por ciento en enero.
La oposición está abriendo una alternativa para los gobernadores tentados por el tintineo de la bolsa kirchnerista: proponen convertir el impuesto al cheque en un recurso plenamente coparticipado. Por esa vía las provincias conseguirían fondos genuinos, sin pagar el subyugante peaje político que impone el gobierno central y sus senadores evitarían el bochorno de complicarse en el saqueo a las reservas y en sus inevitables consecuencias.
Quizás por temor a que los senadores atiendan a estos argumentos o acaso sólo para bajar el precio que demandará el trato pampa con los gobernadores que accedan a la negociación que propone Olivos, el gobierno ha acudido a la Corte Suprema para apelar los fallos que le vedan la integración del FoBi con las reservas del Central. Esperan que, al menos, los fallos de Cámara que dispusieron esa veda pierdan su carácter suspensivo mientras se tramita la apelación, de modo de poder avanzar en el traspaso de los 6.500 millones de dólares a la cuenta ya abierta del Poder Ejecutivo. Preventivamente, el gobierno ha lanzado una fuerte presión sobre los Tribunales, alegando que está siendo perseguido por “el Partido Judicial”, implicando que los magistrados que le fallan en contra no lo hacen por criterio técnico-jurídico, sino por formar parte de una red conspirativa de la que también forman parte otros protagonistas a los que el gobierno califica de enemigos.
La táctica de la presión, estiman los estrategas del gobierno, ha dado réditos: le adjudican a ese procedimiento que el vicepresidente Julio Cobos haya votado por el desplazamiento de Martín Redrado del Banco Central, en consonancia con la Casa Rosada. Lo cierto es que ese paso le ha costado a Cobos un descenso en el aprecio de la opinión pública que se registra en las primeras encuestas sobre el tema. Como si se tratara de una ley física, quienes por un motivo u otro ingresan al campo gravitatorio de los Kirchner padecen la tendencia de ellos a caer; por el contrario, oponerse al matrimonio es un recurso casi infalible para ascender en las encuestas.
En las cercanías del vicepresidente se argumenta que Cobos no cuenta con infinitas balas y que no tenía demasiado sentido gastar una en una batalla –la continuidad de Redrado- que ya estaba zanjada con la renuncia del economista a la presidencia del Central. En resumen, sugieren, Cobos decidió reservar su reserva de balas para peleas más decisivas (que el cobismo considera inevitables, dado el estilo duramente confrontativo de los Kirchner, exacerbado por la crisis que sufren).
Subproducto de la batalla del Banco Central, la filtración al público del dato de que Néstor Kirchner había adquirido nada menos que 2 millones de dólares en 2008 (el año de su grandes éxitos económicos privados), mientras el gobierno presionaba a los empresarios para que se abstuvieran de hacer lo propio, no contribuyó precisamente a incrementar la confianza pública en el matrimonio presidencial. Los voceros y lenguaraces del oficialismo se empeñaron en defender tanto esa compra de dólares como la adquisición previa (mientras ejercía la presidencia) de terrenos en Calafate a precios ridículamente bajos, en términos de “legalidad”. Sobre esa cuestión tendrán que pronunciarse los tribunales (y sería bueno que se emplearan para hacerlo más tiempo y rigor que el que demandó una causa anterior sobre enriquecimiento ilícito). Otras defensas fueron más divertidas. Por caso, la de Luis D’Elía, que explicó la fortuna de los Kirchner con el argumento de que desciende de un abuelo usurero. O la de la diputada oficialista Diana Conti, quien, tras declararse simpatizante de José Stalin, teorizó que “para pelearte con el establishment, hay que tener un patrimonio muy grande”.
En rigor, uno de los problemas que enfrentan hoy los miembros del matrimonio presidencial reside en que su credibilidad se encuentra por el suelo y no parece haber argumentos –ni los más “legalistas” ni los más extravagantes y ocurrentes- que estén en condiciones de modificar esa situación.
Para colmo, la discusión pública de estos avatares de su “patrimonio muy grande”(en términos de Diana Conti) ocurren en paralelo con la difusión de la conducta del presidente electo de Chile, Sebastián Pinera, que está informando públicamente los pasos que da para desprenderse del manejo de sus bienes y empresas antes de asumir la primera magistratura. Transparencia u opacidad. Potencia o prepotencia.
La entronización de Marcó del Pont llegó 48 horas antes de que se cumplieran 30 días de una rotunda afirmación del ministro de Economía, Amado Boudou (“Para nosotros Mario Blejer es el nuevo presidente del Banco Central”) que, ay, resultó reiteradamente desmentida por los hechos. Boudou no resultó buen profeta ni buen anunciador de novedades: ni Martín Redrado dejó esa silla cuando el ministro y sus mandantes lo preveían ni, cuando el asiento quedó vacío, Blejer estuvo dispuesto a ocuparlo sin nuevas condiciones, ni la familia presidencial estaba dispuesta a aceptarlas después del desgaste ya sufrido en la lucha por desalojar a Redrado. Un mes atrás, cuando pretendían desplumar al Central sin que Redrado cacarease, la figura de Blejer parecía una coartada elegantísima para desbaratar las sospechas de la ortodoxia financiera sobre las intenciones oficiales en relación con las reservas del Banco Central. Pero ahora ya no había manera de disimular el escándalo, que ha trascendido largamente las fronteras. Ahora se trataba de aplicar una fórmula simple, para nada barroca: meter mano de una buena vez al Fondo del Bicentenario (FoBi) y, en lo posible, cambiar las normas de la Carta Orgánica del Banco Central, de modo de poder contar sin demasiados obstáculos con la caja del Banco Central, ante futuras y previsibles necesidades políticas.
El gobierno considera que podrá habilitar el Fondo del Bicentenario en el Congreso. La perversa lógica que rige el control de los decretos de necesidad y urgencia permite que tengan vigencia con la mera aprobación (más exacto: la ausencia de rechazo) de sólo una de las Cámaras. En otros términos: mientras que una ley hecha y derecha requiere que la apoyen Diputados y Senadores, los úkases del Ejecutivo con formato de DNU sólo necesita (merced a una oportuna reglamentación que en su momento impulsó la señora de Kirchner) que una de las Cámaras no lo rechace. Así, dando por descontado que la Cámara de Diputados, donde ahora el oficialismo no cuenta con mayoría automática, se vetará el del DNU que creó el FoBi, desde la Residencia de Olivos se despliegan esfuerzos para conseguir que el Senado no vote en contra y así, permita su vigencia.
Para conseguirlo, los negociadores kirchneristas ofrecen asociar a los gobernadores al botín de las reservas, y les prometen “ayudar” a las provincias que se encuentran en rojo y con gravísimas dificultades de financiamiento; parafraseando a Quevedo, el gobierno nacional hace primero el enfermo y después el hospital, porque lo cierto es que el desfinanciamiento de las provincias está provocado por el unitarismo fiscal que practica la caja central, al no coparticipar recursos como la mayor parte del impuesto al cheque o las retenciones. Lo cierto es que, sedientas de fondos frescos como están las provincias, varios gobernadores parecen dispuestos a inducir a sus senadores a ayudar a la Casa Rosada a que el DNU del Fondo del Bicentenario pase sin inconvenientes por el Congreso. Pan para hoy, hambre para mañana: pocos dudan que la lógica de meter mano a las reservas para cubrir gastos corrientes equivale a echar baldazos de combustible al incipiente incendio inflacionario que ya registra más de un 2 por ciento en enero.
La oposición está abriendo una alternativa para los gobernadores tentados por el tintineo de la bolsa kirchnerista: proponen convertir el impuesto al cheque en un recurso plenamente coparticipado. Por esa vía las provincias conseguirían fondos genuinos, sin pagar el subyugante peaje político que impone el gobierno central y sus senadores evitarían el bochorno de complicarse en el saqueo a las reservas y en sus inevitables consecuencias.
Quizás por temor a que los senadores atiendan a estos argumentos o acaso sólo para bajar el precio que demandará el trato pampa con los gobernadores que accedan a la negociación que propone Olivos, el gobierno ha acudido a la Corte Suprema para apelar los fallos que le vedan la integración del FoBi con las reservas del Central. Esperan que, al menos, los fallos de Cámara que dispusieron esa veda pierdan su carácter suspensivo mientras se tramita la apelación, de modo de poder avanzar en el traspaso de los 6.500 millones de dólares a la cuenta ya abierta del Poder Ejecutivo. Preventivamente, el gobierno ha lanzado una fuerte presión sobre los Tribunales, alegando que está siendo perseguido por “el Partido Judicial”, implicando que los magistrados que le fallan en contra no lo hacen por criterio técnico-jurídico, sino por formar parte de una red conspirativa de la que también forman parte otros protagonistas a los que el gobierno califica de enemigos.
La táctica de la presión, estiman los estrategas del gobierno, ha dado réditos: le adjudican a ese procedimiento que el vicepresidente Julio Cobos haya votado por el desplazamiento de Martín Redrado del Banco Central, en consonancia con la Casa Rosada. Lo cierto es que ese paso le ha costado a Cobos un descenso en el aprecio de la opinión pública que se registra en las primeras encuestas sobre el tema. Como si se tratara de una ley física, quienes por un motivo u otro ingresan al campo gravitatorio de los Kirchner padecen la tendencia de ellos a caer; por el contrario, oponerse al matrimonio es un recurso casi infalible para ascender en las encuestas.
En las cercanías del vicepresidente se argumenta que Cobos no cuenta con infinitas balas y que no tenía demasiado sentido gastar una en una batalla –la continuidad de Redrado- que ya estaba zanjada con la renuncia del economista a la presidencia del Central. En resumen, sugieren, Cobos decidió reservar su reserva de balas para peleas más decisivas (que el cobismo considera inevitables, dado el estilo duramente confrontativo de los Kirchner, exacerbado por la crisis que sufren).
Subproducto de la batalla del Banco Central, la filtración al público del dato de que Néstor Kirchner había adquirido nada menos que 2 millones de dólares en 2008 (el año de su grandes éxitos económicos privados), mientras el gobierno presionaba a los empresarios para que se abstuvieran de hacer lo propio, no contribuyó precisamente a incrementar la confianza pública en el matrimonio presidencial. Los voceros y lenguaraces del oficialismo se empeñaron en defender tanto esa compra de dólares como la adquisición previa (mientras ejercía la presidencia) de terrenos en Calafate a precios ridículamente bajos, en términos de “legalidad”. Sobre esa cuestión tendrán que pronunciarse los tribunales (y sería bueno que se emplearan para hacerlo más tiempo y rigor que el que demandó una causa anterior sobre enriquecimiento ilícito). Otras defensas fueron más divertidas. Por caso, la de Luis D’Elía, que explicó la fortuna de los Kirchner con el argumento de que desciende de un abuelo usurero. O la de la diputada oficialista Diana Conti, quien, tras declararse simpatizante de José Stalin, teorizó que “para pelearte con el establishment, hay que tener un patrimonio muy grande”.
En rigor, uno de los problemas que enfrentan hoy los miembros del matrimonio presidencial reside en que su credibilidad se encuentra por el suelo y no parece haber argumentos –ni los más “legalistas” ni los más extravagantes y ocurrentes- que estén en condiciones de modificar esa situación.
Para colmo, la discusión pública de estos avatares de su “patrimonio muy grande”(en términos de Diana Conti) ocurren en paralelo con la difusión de la conducta del presidente electo de Chile, Sebastián Pinera, que está informando públicamente los pasos que da para desprenderse del manejo de sus bienes y empresas antes de asumir la primera magistratura. Transparencia u opacidad. Potencia o prepotencia.
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