Por la autopista a contramano. Por Jorge Raventos

Hace tiempo que los analistas señalan el creciente aislamiento en que se ha ido sumiendo la Argentina. El diagnóstico ya se confirma a simple vista.
En el curso de una semana Estados Unidos decidió retirar al país de su sistema General de Preferencias arancelarias y 40 naciones (entre los cuales hay países desarrollados y países emergentes que representan en conjunto más del 50 por ciento del PBI mundial) denunciaron en el seno de la Organización Mundial de Comercio las trabas irregulares al intercambio que se han vuelto una práctica del gobierno que preside la señora de Kirchner.

La medida estadounidense no puede considerarse una sorpresa. La administración de Barack Obama ya venía clavando banderillas en el lomo del estado argentino. Primero fueron los votos negativos  a los créditos destinados  al país por el Banco Interamericano y el Banco Mundial. Finalmente Washington decidió dar otra vuelta de tuerca y privar a una serie de productos nacionales  de los beneficios que el Estado norteamericano otorga unilateralmente y permitían ubicar en ese mercado bienes argentinos con importantes rebajas arancelarias. Las industrias más afectadas (aunque no las únicas) son la química y la vitivinícola. Más allá del perjuicio económico específico, la medida tiene claro significado político: es una señal del deterioro de las relaciones con Estados Unidos. De hecho, la vocera de Hillary Clinton, Victoria Nuland, señaló que ese vínculo está bloqueado por “un serio obstáculo”.

 La decisión del gobierno K (si es que se trata de una decisión y no de  simple inercia) de no pagar juicios perdidos en el  CIADI, el organismo de resolución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, es una gota que rebasó la copa: la última, pero también la enésima. “Son compromisos de Argentina. Hay que pagar”, le había advertido Obama a CFK cuando finalmente se reunieron durante el recreo de una reciente reunión del G20. La Argentina tiene otros compromisos pendientes: por ejemplo, transparentar su sistema estadístico y mostrar sus cuentas al FMI, como hacen todos los miembros del G20.

El último viernes en Ginebra, en la reunión del Consejo de Mercancías de la Organización Mundial de Comercio, se evidenció rotundamente que son muchos los países que consideran a la Argentina un país que marcha a contramano, que no cumple con las normas mínimas de convivencia de la comunidad internacional. Ese día censuraron las prácticas comerciales “de facto” que instrumenta Guillermo Moreno como ariete del gobierno K cuarenta naciones y denunciaron “la falta de transparencia con que Argentina instrumenta su régimen de licencias de importación”

No firmaron sólo Estados Unidos y la Unión Europea (que en el  relato autocomplaciente del oficialismo suelen ocupar el lugar del Ogro); adhirieron también, por caso,  Panamá, México, Israel, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Taipei, Tailandia y Turquía. Ninguno de los países presentes en la reunión amagó una defensa de la conducta Argentina. Aunque no firmaron la declaración, expresaron su preocupación Chile, Colombia, Perú, Singapur, Malasia y Hong Kong . El segundo socio comercial de nuestro país, China, confirmó que también sus  exportaciones se ven afectadas, aunque diplomáticamente declaró confianza en que "las medidas en cuestión sean temporarias".

No es secreto para nadie que también los vecinos y socios del Mercosur están molestos por la política restrictiva que se aplica en Buenos Aires. Ya lo han hecho saber Brasil, Uruguay, Paraguay (y también Chile, como pudo constatarlo la Presidente en su reciente viaje a Santiago)

Por cierto, la imposición de trabas es una práctica habitual en el comercio internacional. Pero la Argentina, desesperada por la fuga de capitales y por la necesidad de dólares para financiar importaciones de energía cada vez más acuciantes, se excede en el número de trabas y en el estilo de aplicación  Global Trade Alert, una organización independiente coordinada por una red de 750 investigadores de universidades europeas  ha contabilizado 156 "medidas comerciales que afectan intereses de algún otro país" que están en vigencia en Argentina. Un año atrás, la misma entidad había registrado 121 medidas. En cuanto a las licencias de importación, que también son utilizadas por otros países porque no están interdictas por la OMC,  en el caso argentino su trámite requiere semanas o meses, recarga caprichosamente los costos de los importadores, perjudica a los productores locales y, de hecho, se convierte en una traba paraarancelaria. "Muchas compañías afirman haber tenido que esperar hasta seis meses y más. En algunos casos, las licencias les son denegadas en su totalidad, sin justificación o explicación. Esas medidas provocan enormes pérdidas a muchos exportadores", se lee en la denuncia de las 40 naciones. Que agregan detalles sobre el método que emplean las autoridades comerciales argentinas: "Muchas compañías afirman haber recibido llamadas telefónicas del gobierno argentino para advertirles de la necesidad de aceptar ese nuevo sistema antes de recibir autorización para importar bienes". dice el texto.

Ante los cuestionamientos que estallan en diversos puntos, el gobierno oscila entre ignorar y demonizar. La Cancillería encabezada por Héctor Timerman se ocupó de hacer ambas cosas simultáneamente. Consideró que en  la declaración de los 40 “no hay una demanda contra el país ni se establecerá un tribunal especializado como ocurre cuando uno o más miembros considera que otro miembro está tomando medidas que afectan sus derechos". Temerario  pronóstico. Por si falla, también esgrimió la conena: la declaración de los 40 sería “una línea de acción que procura estrechar los márgenes de política económica legítima de los países emergentes, con el objetivo último de volcar en sus dinámicos mercados internos los excedentes exportables de los países desarrollados". Relato. En este caso, redactado por la militancia de La Cámpora que rodea al Canciller (desde altos cargos, como suele ocurrir).

Los observadores internacionales consideran, a diferencia de los relatadores locales, que la declaración de Los 40 Países es  el preámbulo de las denuncias formales y las sanciones.

El aislamiento, producto de un manejo torpe y forzado de instrumentos de protección que no son ilegítimos en sí mismos, daña otros intereses argentinos. El gobierno se congratula con buenos motivos de la solidaridad regional con Argentina por el tema Malvinas, pero parece considerar que puede tratar a sus amigos y socios sin consideración alguna.

En Chile ya comprobó que el gobierno de Santiago no dejará de sostener los derechos de Argentina a una solución negociada sobre Malvinas, como ha determinado una declaración de la Asamblea de la ONU. Y no permitirá el acceso a sus puertos de barcos con la bandera del gobierno kelper.  Pero tampoco tomará una decisión de eliminar los vuelos que hoy unen las Islas con Punta Arenas. Chile se niega a aislar a Malvinas.

El Uruguay de José Mujica acaba de dar señales en la misma dirección. “Apoyar un bloqueo sería violatorio de los derechos humanos de los habitantes de esas islas- declaró esta semana el canciller oriental, Luis Almagro-.  Lo mismo que decimos para Cuba, lo decimos en este caso", agregó. La declaración del colaborador de Mujica obviamente respondía a presiones discretas de Buenos Aires, pero al mismo tiempo cubría con autoridad política la iniciativa de un grupo de empresarios uruguayos que durante abril viajarán en misión comercial a Malvinas. Uruguay puede proveer de muchos productos (desde alimentos frescos a repuestos de maquinarias) a una sociedad isleña dispuesta a consumirlos y con suficientes recursos para hacerlo.

Podría considerarse que, más allá de la simpatía general por la reivindicación argentina, el comportamiento del gobierno argentino (hoy con las trabas comerciales, ayer con la actitud en el conflicto por las papeleras) no atrae simpatía en la otra Banda.

Y, ciertamente, además de voluntad y lucidez, solidaridad y comprensión (de los vecinos y de la comunidad internacional) son los recursos vitales que la Argentina necesita para mantener con fuerza su reclamo por las Malvinas. Se cumplen 30 años de una acción que, con la derrota, agotó el recurso a la fuerza. Si hasta aquellos días del año 1982 los británicos tenían buenos motivos para tomar en consideración la posibilidad de una acción militar argentina, la caída y sus consecuencias todavía se pagan en términos de debilidad estratégica. Acaba de recordarlo el secretario de Defensa del Reino Unido: “Los rápidos jets británicos son más que suficientes para equipararse con los viejos aviones de combate que vuela la Argentina, que tienen más de cuarenta años”.
Las Malvinas no se recuperan con Fútbol para Todos. Ni se vigoriza el patriotismo conduciendo a contramano por la autopista del comercio global.