Contra muchos pronósticos –sin excluir el de esta columna-, la reunión del Consejo del justicialismo bonaerense, desarrollada el viernes 18 en el Hotel del sindicato de camioneros, en Sierra de los Padres, no fue escenario de ningún acalorado debate ni ocasión de ninguna tormenta.
Todo transcurrió sin sobresaltos. La discusión partidaria se redujo al clásico ABC (actas, balance, correspondencia) y el hospitalario anfitrión, Hugo Moyano, en lugar de disparar argumentos en defensa de las listas “colectoras” que procura imponer la Casa Rosada, ofreció a los consejeros un asado inolvidable …
Ya se ha dicho: el que se echa atrás al borde de un abismo lo hace menos por temor de caerse que por miedo de tirarse. Tirios y troyanos del peronismo bonaerense decidieron posponer cualquier choque sobre las cuestiones electorales por unas semanas. “Una tregua”, definieron algunos.
Todo transcurrió sin sobresaltos. La discusión partidaria se redujo al clásico ABC (actas, balance, correspondencia) y el hospitalario anfitrión, Hugo Moyano, en lugar de disparar argumentos en defensa de las listas “colectoras” que procura imponer la Casa Rosada, ofreció a los consejeros un asado inolvidable …
Ya se ha dicho: el que se echa atrás al borde de un abismo lo hace menos por temor de caerse que por miedo de tirarse. Tirios y troyanos del peronismo bonaerense decidieron posponer cualquier choque sobre las cuestiones electorales por unas semanas. “Una tregua”, definieron algunos.
Nadie ignora en el ámbito bonaerense el carácter decisivo de la cuestión postergada. La abrumadora mayoría de los jefes territoriales de la provincia resiste la pretensión de colgar de la fórmula presidencial propia una lista paralela de candidatos (a gobernador, intendentes y concejales) como la que, con aval del sedicente entorno progresista de la Presidente, quiere encabezar Martín Sabatella.
Si no cede la insistencia de Balcarce 50 en esa política, el peronismo bonaerense tiene algunos instrumentos a su disposición. Uno de ellos consiste en fijar para el comicio provincial (gobernador, legisladores del distrito, municipios) una fecha distinta a la de la elección presidencial. De ese modo nada impediría que Sabatella u otros llevaran en sus boletas la fórmula presidencial peronista, pero esto tendría un efecto neutro sobre los cargos de nivel provincial o municipal: allí cada cual competiría a suerte y verdad, de modo transparente y con sus propios colores.
Por cierto, desvincular ambos comicios no sería un inconveniente sólo para Sabatella y sus colectores: también representaría un desafío para quien ocupe la candidatura presidencial del peronismo, pues debería encarar la elección con un compromiso previsiblemente menor de parte del conjunto del dispositivo partidario de la provincia, que ya habría jugado (ganado o perdido) sus porotos anticipadamente.
En caso de que Cristina Kirchner quisiera ocupar esa candidata presidencial, seguramente tomaría en cuenta lo que –según filtró Wikileaks- Alberto Balestrini le señaló a un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos después de la derrota de Néstor Kirchner en el comicio de junio de 2009: que “la única razón” por la que Néstor Kirchner recibió votos en esa oportunidad fue porque “se ató a los principales intendentes”. La perspectiva de separar la elección nacional de la provincial supondría cortar esa atadura, con todos los peligros que ello implica.
El peronismo bonaerense preferiría no recorrer ese camino de divorcio, pero para ello espera que la Casa Rosada rectifique su política hacia las colectoras. Al gobernador Daniel Scioli se le ha encomendado que disuada a la señora de Kirchner de esos proyectos, que los dirigentes territoriales prefieren no atribuirle a ella sino a un sector de su entorno (los “progres”, los “termocéfalos”, los “zurdos”, según distintos intérpretes).
El gobernador no escatima esfuerzos. Sin duda fue principalmente él quien consiguió la minuciosa disciplina que permitió la extensa tregua de jueves y viernes.
La inauguración del bello Estadio Unico de La Plata, donde concurría la señora de Kirchner y casi la totalidad de los intendentes (ansiosos por demostrar sus opiniones), si por un lado era una gran ocasión celebratoria, contenía también el riesgo potencial de un enfrentamiento. Cuando hay rigideces y conflictos de poder como los que hoy se observan en el oficialismo, sobre los festejos colectivos flota siempre el fantasma ominoso de hechos como, por caso, los ocurridos en el traslado a San Vicente de los restos de Juan Perón. O como otros, un poco más antiguos.
Ni en el palco ni en (entre) las tribunas hubo el jueves problemas. Señal de que las gestiones preventivas fueron eficaces y que en los distintos actores hubo oídos receptivos. El mismo espíritu prevaleció el viernes en Sierra de los Padres.
De todos modos, no conviene confundir tregua con paz o con resolución del conflicto. Por ahora sólo hay suspensión, postergación. La tirantez subsiste hasta que el problema encuentre una salida. Que, por virtuosa que sea, arrojará ganadores y perdedores.
Pese a las consecuencias que puede promover, la incertidumbre que aqueja al peronismo bonaerense no han sido lo más importante de la semana que concluye. Sin duda el hecho más sensible tuvo por eje al avión que el ministerio de Defensa de Estados Unidos envió a Buenos Aires con personal y elementos para cumplir con un acuerdo de cooperación destinado a capacitar efectivos de seguridad en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Marcando una continuidad con las denuncias contra la International Law Enforcement Academy (ILEA, el centro mundial de formación de fuerzas policiales creado por iniciativa del ex presidente norteamericano Bill Clinton), que el Canciller Héctor Timerman definió como escuela de “torturas” y “golpes de estado”, el gobierno parece haber resuelto irritar la relación con Estados Unidos, quizás ilusionado en obtener de allí algún rédito electoral. En rigor durante estos siete años la política exterior del país fue practicada exclusivamente como instrumento de política doméstica.
Lo que los jueces argentinos definieron como un simple “incidente aduanero” protagonizado, en el marco de una actividad asociativa acordada, por funcionarios de un país amigo y aliado (por lo demás, la mayor potencia del mundo) fue tratado por las autoridades argentinas con la aspereza que podría merecer un conflicto fuerte con una nación hostil.
El episodio tendrá consecuencias. Y tiene irradiaciones importantes. Un aspecto que se yuxtapone a este (que involucra la cooperación internacional en la lucha contra el delito organizado, el crimen, el narcoterrorismo, etc.) es la concepción imperante en el gobierno sobre la acción del Estado contra las llamadas “nuevas amenazas” contra la soberanía y la seguridad. Hay relaciones entre esa manera de abordar tales temas y lo que está ocurriendo tanto en materia de inseguridad de los ciudadanos como en la debilitada defensa del país. También hay un creciente aislamiento en relación con los criterios que nuestros vecinos aplican a los mismos temas. En la reciente visita que Dilma Roussef hizo a la Argentina, Nelson Jobim, su ministro de Defensa (que también lo fue de Lula Da Silva), propuso cooperar para aplicar internamente acción militar contra el narcodelito, como lo hizo Brasil en Rio de Janeikro y San Pablo. La propuesta puso los pelos de punta a los funcionarios argentinos.
En Uruguay, el presidente José Mujica está planteando derivar un millar de miembros de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el crimen organizado. Ellos comprenden que las concepciones que imaginan los ataques contra la soberanía y seguridad de las naciones como algo que viene “de afuera”, son muy anacrónicas. O muy interesadas.
Estos temas esperan a ser incorporados al debate serio de la política.
Si no cede la insistencia de Balcarce 50 en esa política, el peronismo bonaerense tiene algunos instrumentos a su disposición. Uno de ellos consiste en fijar para el comicio provincial (gobernador, legisladores del distrito, municipios) una fecha distinta a la de la elección presidencial. De ese modo nada impediría que Sabatella u otros llevaran en sus boletas la fórmula presidencial peronista, pero esto tendría un efecto neutro sobre los cargos de nivel provincial o municipal: allí cada cual competiría a suerte y verdad, de modo transparente y con sus propios colores.
Por cierto, desvincular ambos comicios no sería un inconveniente sólo para Sabatella y sus colectores: también representaría un desafío para quien ocupe la candidatura presidencial del peronismo, pues debería encarar la elección con un compromiso previsiblemente menor de parte del conjunto del dispositivo partidario de la provincia, que ya habría jugado (ganado o perdido) sus porotos anticipadamente.
En caso de que Cristina Kirchner quisiera ocupar esa candidata presidencial, seguramente tomaría en cuenta lo que –según filtró Wikileaks- Alberto Balestrini le señaló a un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos después de la derrota de Néstor Kirchner en el comicio de junio de 2009: que “la única razón” por la que Néstor Kirchner recibió votos en esa oportunidad fue porque “se ató a los principales intendentes”. La perspectiva de separar la elección nacional de la provincial supondría cortar esa atadura, con todos los peligros que ello implica.
El peronismo bonaerense preferiría no recorrer ese camino de divorcio, pero para ello espera que la Casa Rosada rectifique su política hacia las colectoras. Al gobernador Daniel Scioli se le ha encomendado que disuada a la señora de Kirchner de esos proyectos, que los dirigentes territoriales prefieren no atribuirle a ella sino a un sector de su entorno (los “progres”, los “termocéfalos”, los “zurdos”, según distintos intérpretes).
El gobernador no escatima esfuerzos. Sin duda fue principalmente él quien consiguió la minuciosa disciplina que permitió la extensa tregua de jueves y viernes.
La inauguración del bello Estadio Unico de La Plata, donde concurría la señora de Kirchner y casi la totalidad de los intendentes (ansiosos por demostrar sus opiniones), si por un lado era una gran ocasión celebratoria, contenía también el riesgo potencial de un enfrentamiento. Cuando hay rigideces y conflictos de poder como los que hoy se observan en el oficialismo, sobre los festejos colectivos flota siempre el fantasma ominoso de hechos como, por caso, los ocurridos en el traslado a San Vicente de los restos de Juan Perón. O como otros, un poco más antiguos.
Ni en el palco ni en (entre) las tribunas hubo el jueves problemas. Señal de que las gestiones preventivas fueron eficaces y que en los distintos actores hubo oídos receptivos. El mismo espíritu prevaleció el viernes en Sierra de los Padres.
De todos modos, no conviene confundir tregua con paz o con resolución del conflicto. Por ahora sólo hay suspensión, postergación. La tirantez subsiste hasta que el problema encuentre una salida. Que, por virtuosa que sea, arrojará ganadores y perdedores.
Pese a las consecuencias que puede promover, la incertidumbre que aqueja al peronismo bonaerense no han sido lo más importante de la semana que concluye. Sin duda el hecho más sensible tuvo por eje al avión que el ministerio de Defensa de Estados Unidos envió a Buenos Aires con personal y elementos para cumplir con un acuerdo de cooperación destinado a capacitar efectivos de seguridad en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Marcando una continuidad con las denuncias contra la International Law Enforcement Academy (ILEA, el centro mundial de formación de fuerzas policiales creado por iniciativa del ex presidente norteamericano Bill Clinton), que el Canciller Héctor Timerman definió como escuela de “torturas” y “golpes de estado”, el gobierno parece haber resuelto irritar la relación con Estados Unidos, quizás ilusionado en obtener de allí algún rédito electoral. En rigor durante estos siete años la política exterior del país fue practicada exclusivamente como instrumento de política doméstica.
Lo que los jueces argentinos definieron como un simple “incidente aduanero” protagonizado, en el marco de una actividad asociativa acordada, por funcionarios de un país amigo y aliado (por lo demás, la mayor potencia del mundo) fue tratado por las autoridades argentinas con la aspereza que podría merecer un conflicto fuerte con una nación hostil.
El episodio tendrá consecuencias. Y tiene irradiaciones importantes. Un aspecto que se yuxtapone a este (que involucra la cooperación internacional en la lucha contra el delito organizado, el crimen, el narcoterrorismo, etc.) es la concepción imperante en el gobierno sobre la acción del Estado contra las llamadas “nuevas amenazas” contra la soberanía y la seguridad. Hay relaciones entre esa manera de abordar tales temas y lo que está ocurriendo tanto en materia de inseguridad de los ciudadanos como en la debilitada defensa del país. También hay un creciente aislamiento en relación con los criterios que nuestros vecinos aplican a los mismos temas. En la reciente visita que Dilma Roussef hizo a la Argentina, Nelson Jobim, su ministro de Defensa (que también lo fue de Lula Da Silva), propuso cooperar para aplicar internamente acción militar contra el narcodelito, como lo hizo Brasil en Rio de Janeikro y San Pablo. La propuesta puso los pelos de punta a los funcionarios argentinos.
En Uruguay, el presidente José Mujica está planteando derivar un millar de miembros de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el crimen organizado. Ellos comprenden que las concepciones que imaginan los ataques contra la soberanía y seguridad de las naciones como algo que viene “de afuera”, son muy anacrónicas. O muy interesadas.
Estos temas esperan a ser incorporados al debate serio de la política.
No hay comentarios:
Publicar un comentario