domingo, 11 de marzo de 2012

¿Intervención centralista a la Ciudad Autónoma? Por Jorge Raventos

Aunque reclama"una solución política" al diferendo sobre el transporte de la Ciudad de Buenos Aires, la Presidente no dialoga con el Jefe de Gobierno porteño. Tampoco quiere "judicializar". Entonces le pide al Congreso que se pronuncie con una Ley. ¿Pueden la rama ejecutiva o la legislativa del Poder Central imponer  a una provincia su decisión en un diferendo interjurisdiccional? ¿No sería eso una intervención, al menos embrionaria? ¿No corresponde que arbitre la Corte Suprema? Cara y ceca de la metáfora "unitarios versus federales" en la actualidad. ¿Por qué mentar los fantasmas de las guerras civiles del siglo XIX?
Tres meses atrás, apenas embozados por máscaras transparentes, el oficialismo nacional y el porteño se enfrentaron en la elección de Boca Juniors: ambos luchaban por alcanzar la conducción del club que fuera umbral de acceso de Mauricio Macri a la política. En las últimas semanas no pelean por hacerse sino por deshacerse de algo,  en este caso, del sistema de transporte porteño, en primer lugar el de subterráneos. ¡Qué diferencia!
Si bien se mira, el que empezó la lucha por desembarazarse del subterráneo fue el gobierno nacional. El gesto es toda una confesión en una administración remisa en soltar el control de cualquier cosa. Quiere dejar el subte (y, desde el viernes, también el control de los colectivos porteños) por el peso de los subsidios con los que opacó durante años el costo real del transporte y para endosarle a la ciudad las inversiones que el Estado central no hizo durante los tiempos de vacas gordas. El gobierno porteño que, en aras de su autonomía pero con algo de candidez, empezó admitiendo la transferencia si se cumplían ciertas condiciones, fue entendiendo que desde la jurisdicción nacional  no estaban dispuestos ni a cumplir con sus reclamos aunque constaran en actas firmadas ni a admitir derecho alguno al arrepentimiento. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, terminó de convencer  de esta cruel verdad a las autoridades porteñas cuando decidió  retirar a los subterráneos la custodia de la Policía Federal. A partir de ese momento, Mauricio Macri decidió dar por suspendido el traspaso.

Juez y parte

Aunque es obvio que la operación no se puede considerar concluida mientras ambas partes no se den por satisfechas y que, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, esa última palabra, constitucionalmente hablando, no la tiene el gobernador (Macri) sino la Legislatura, el gobierno central cantó “pelito para la vieja” y se niega a hacerse cargo de lo que no terminó de traspasar. Esto ha puesto las cosas en términos de un duro (y, en perspectiva, institucionalmente grave) conflicto interjurisdiccional.
Una tensión de este tipo se puede zanjar en términos políticos (a través de un diálogo y una negociación civilizados entre las partes, empezando por sus cabezas, Macri y la Presidente) o debe hacerse cargo de la cuestión la Corte Suprema, que es el árbitro previsto –como instancia exclusiva  y originaria-  por la Constitución para resolver diferendos interjurisdiccionales como este.
Con el razonable argumento de que estos temas no deberían judicializarse (y aunque su gobierno había ya anunciado que apelaría al fuero contencioso-administrativo), la Presidente  optó por una diagonal jurídicamente insostenible: envió un proyecto al Congreso para que sea éste el que decida si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene o no que tomar los subtes (y ahora también varias decenas de líneas de colectivos) en las condiciones en que el gobierno central decide. Va de suyo que la Presidente descuenta que con sus fuerzas legislativas puede hacer aprobar el proyecto  sin  sobresaltos, pero la inconsistencia va más allá de esa circunstancial relación de fuerzas: lo que es poco razonable es que el poder central (y el Congreso, cualquiera fuese su integración, está incluido en ese concepto) sea juez y parte en una disputa con un estado subnacional.
Hace pocos años la provincia de San Luis reclamó que la Nación  le restituyera en dólares un depósito de fondos públicos constituido en esa moneda en el Banco Nación y afectado por el corralito y la pesificación de ahorros en moneda extranjera. ¿Qué consistencia jurídica hubiera tenido que el Congreso de la Nación aprobara una ley negándole el  reclamo a San Luis? Como lo prevé la Constitución, fue la Corte Suprema la que definió el contencioso entre poder central y provincia, y lo hizo, para el caso,  a favor de esta. Más allá del fallo, lo que importa es la instancia adecuada: la Corte, no el Congreso.
De hecho, pretender que sea una rama del poder central (la legislativa) la que decida en el entuerto implica un avance sobre la autonomía del distrito. Embrionariamente, una intervención.


Los riesgos de atizar el conflicto

¿Qué ocurriría si, después de hacer sancionar esa ley en Diputados y en Senadores, la ciudad, como todo lo hace prever, insistiera en rechazar  el traspaso sin recursos que propone el gobierno central? ¿Qué métodos y medidas estará tentado de emplear el  gobierno de la señora de Kirchner para hacer cumplir la ley que pide al Congreso?
El proyecto enviado por la Presidente es audaz y hasta temerario, pero obedece a un cálculo de riesgos y beneficios.
El riesgo mayor (y por cierto no es chico) reside en  atizar más la serie de colapsos y conflictos que por momentos dibujan una Argentina desgobernada o ingobernable; agregar a los servicios que no funcionan, a la inseguridad creciente, a la inflación negada, a la amenaza de la “sintonía fina”, al  control de cambios y las trabas al comercio, a la cada día más generalizada percepción de impunidad, a las tensiones en aumento en la coalición oficialista, en fin, a esa cadena de tensiones, una confrontación abierta entre el Poder central y  el distrito federal del país.
Este riesgo, a los ojos de algunos sectores del gobierno, esconde varios beneficios. El primero, el kirchnerismo pretende reproducir en su relato cierto esquema de las guerras civiles argentinas del siglo XIX: el choque entre  las provincias y Buenos Aires, provincia-metrópoli. Aquel choque era, en rigor, la disputa por la centralización de los recursos nacionales (principalmente el impuesto  aduanero) que eran virtualmente expropiados por el gobierno  bonaerense. Actualmente la concentración de los recursos (el más asimilable al aduanero es el que proviene de las retenciones) no la consuma Buenos Aires sino el gobierno central, que se apropia del 75 por ciento de la torta. De llegar a imponerse, el relato que hoy intenta emplearse para acosar a la Ciudad Autónoma podría aplicarse, con alguna variante, a otros distritos en los que el núcleo centralista  intuya o malicie proyectos políticos con aspiración autonómica.
La pelea  con la ciudad de Buenos Aires, traducida como pelea  contra Macri y el machismo, sirve también para desgastar a una de las figuras ( otra es Daniel Scioli) con aspiraciones presidenciales para 2015 que cuentan con buena repercusión en la opinión pública. Esa disputa, por otra parte, contiene la atención sobre temas que afectan muy seriamente al gobierno y se reflejan ya en una caída importante de la figura presidencial en las encuestas. Esos temas –el desastre ferroviario de Plaza Miserere, la catástrofe de los transportes y el destino de los miles de millones derivados allí a título de subsidios, la novela de la fabricación de billetes que protagoniza, con poca suerte, el vicepresidente Amado Boudou-, pese al esfuerzo del aparato de comunicación oficial no dejan de estar en la atención pública, revelando que el clima político se ha modificado.

Los otros infiernos


La tardía renuncia  de Juan Pablo Schiavi a la secretaría de Transporte no acalla los ecos del desastre de la estación Once ni significa cambio alguno, ya que siguen en su lugar sus superiores y sus subalternos. Lo de Schiavi, despedido por razones de salud y aplaudido en el adiós, ni siquiera sirve como maquillaje para una fracasada política de transporte que ahora tiene dos ex secretarios (el otro es el célebre Ricardo Jaime) en la mira de la Justicia.
La  historia del vicepresidente aguarda aún otros capítulos antes del epílogo. Por ahora, más significativo que lo que aportan las noticias y que las declaraciones de sus amigos-nunca-amigos o las de la esposa de uno de ellos, es el vacío que parece abrirse a su alrededor en las propias filas del gobierno. Ruidosos silencios acompañaron al del propio Boudou hasta que éste, la última semana, se decidió a recorrer redacciones amigas para dar su versión de los hechos que se le imputan. Tuvo que rectificar algunas de sus frases cuando aparecieron testimonios que laas contradecían. En fin, en esos reportajes consideró importante darle a alguien este mensaje: “Voy a seguir llevando adelante esta tarea hasta el último día (…)  la fórmula presidencial es una y soy el vice de esta Presidenta”.
Un tema que se las trae y está íntimamente relacionado con la principal vulnerabilidad del gobierno (la caída económica, letal para una gestión que sólo parece funcionar a fuerza de gasto) es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Se trata de abrir al  poder central  el acceso a las reservas: con las reformas aprobadas ya en la Cámara de Diputados, además de las reservas excedentes (las que hasta ahora se caracterizaban como “de libre disponibilidad”, el Central podrá girarle al Tesoro nacional $ 45.000 millones extras”.
“Teníamos que hacer esto si queríamos evitar un ajuste brutal”, confesó Mercedes Marcó del Pont en el Congreso. En rigor, lo que esto hace, en el mejor de los casos, es  patear un poco más adelante ese ajuste, a costa de  dejar anémica la moneda nacional en la que los trabajadores cobran sus salarios y los ahorristas intentan conservar sus reservas.
“Evitar el ajuste” parece sinónimo de mantener los noveles desmedidos de gasto de los últimos años. Es, quizás, una confirmación de que en el estrechísimo círculo  del poder avanza el proyecto de una re-reelección de la señora de Kirchner.
Como si las reservas del Central fueron poca cosa, Horacio Verbitsky –uno de los  altoparlantes del  gobierno- advertía en su columna de Página 12 (habitual anticipo de medidas oficiales) que ”el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional equivale a las reservas del Banco Central, aunque más de la mitad está inmovilizado en títulos de deuda”. Hay aún otra caja a mano”.
El  gobierno de la señora de Kirchner está dispuesto a usar todos los recursos –y no hay que pensar sólo en  dinero- para sobrellevar una crisis que hoy le cuesta manejar, que está centrifugando la coalición oficialista y que de a ratos parece desbordar a la propia Persidente.
En ese paisaje se inscribe el  enfrentamiento entre el poder

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