Puesto a prueba por una módica crisis que la chapucería se encargó de extender, el gobierno de Cristina Kirchner reveló un desconcierto y un extravío que hicieron cundir la alarma entre propios y extraños.
Una enumeración de las sucesivas decisiones y cambios de dirección adoptados desde la Casa Rosada a partir de la ocupación del Parque Indoamericano de la Ciudad de Buenos Aires es suficientemente ilustrativa.
Primero el gobierno nacional envió a la Policía Federal; se desató así lo que un aliado dilecto del oficialismo, Luis D’Elía, describió como “episodio represivo violento, encabezado claramente por la Policía Federal”.
Poco después de que las imágenes del operativo ordenado por Balcarce 50 alcanzaron las pantallas de tevé, desde el mismo domicilio se ordenó el repliegue. El jefe de Gabinete se negó a partir de allí a satisfacer el pedido de las autoridades porteñas y las instrucciones judiciales que reclamaban la presencia de las fuerzas de seguridad para impedir choques entre usurpadores del Parque y vecinos de los alrededores (Fernández consideró esas instrucciones “de cumplimiento imposible”).
Los enfrentamientos se produjeron, se llegó a contabilizar tres muertos y un número considerable de heridos, los desbordes abundaron y hasta se asaltaba las ambulancias que intentaban recoger víctimas en ese campo de batalla. El gobierno nacional envió entonces fuerzas de Gendarmería y de la Prefectura para evitar nuevos enfrentamientos (tarea que, por lo visto podía cumplirse perfectamente). Fue un retroceso tardío, pero de todos modos saludable.
El jefe de Gabinete, con el acompañamiento de la propia presidente, insistía en que la ocupación formaba parte de una conspiración “destituyente”, que atribuían a Mauricio Macri y Eduardo Duhalde. Algo contradictoriamente, Fernández le reclamaba al gobierno porteño que ofreciera un plan de viviendas a los ocupantes. El gobierno de la Ciudad Autónoma se mantuvo firme en dos temas: el predio debía ser desocupado y no habría premio alguno para quienes participaron de la intrusión.
“La ocupación no es delito” proclamó el jefe de gabinete el martes 14 por la mañana. Bandera de largada: pocas horas después las tomas de predios se multiplicaban, tanto en la Capital como en conurbano bonaerense y hasta en provincias alejadas del epicentro, como San Juan. Los teléfonos más receptivos del oficialismo empezaron a sonar: gobernadores e intendentes pedían que se pusiera fin de una buena vez a un proceso que empezaba a incendiar el orden. Nuevo viraje: se llega entonces a la decisión de desalojar de intrusos el Parque Indoamericano, acordar con el gobierno de la Ciudad Autónoma y prometer ante cualquier nuevo intento de usurpación el castigo administrativo de la pérdida de derechos a planes sociales y planes de vivienda.
En síntesis, la Casa Rosada se tomó más de una semana para llegar a conclusiones de libro después de haberlas repudiado puntualmente, mientras producía con sus zigzagueos un agravamiento de la crisis.
Hay quienes atribuyen simpatías por el marxismo a sectores del gobierno nacional. La disparatada dialéctica de los cambios de dirección ante las usurpaciones parece confirmar que sus principales responsables se guiaron por un lema de Marx (Groucho): “Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros”.
La erosión sufrida por la autoridad se observó de inmediato en el hecho de que, pese a la última palabra pronunciada (la promesa de penas a los que intrusen propiedades públicas o privadas), las ocupaciones continuaron y en algunos casos volvieron a manifestarse con violencia.
En paralelo, comenzaron a manifestarse mayores señales de centrifugación del dispositivo de poder que, en rigor, había sufrido su mayor perdida el 27 de octubre, cuando dejó la escena el hombre que - mal o bien y aún sufriendo un proceso de declinación política- manejaba la compleja trama de sectores, intereses y fuerzas sobre la que se asienta el oficialismo.
La señora de Kirchner ha debilitado enormemente con sus últimos recortes de influencia, designaciones y desplazamientos ministeriales a Aníbal Fernández, uno de los pocos hombres de su gabinete que le puede servir de nexo con el peronismo.
Julio De Vido, que ya cumplía en parte esa función, queda ahora, ante el ataque de anemia de Fernández, como el principal canal abierto hacia la realidad. De Vido escucha a sindicalistas, a empresarios, a gobernadores, a intendentes. Fue él quien impulsó la designación de Arturo Puriccelli como ministro de Defensa, frenando la candidatura para ese puesto de Marita Perceval, adscripta al mismo sector ideológico al que pertenece la flamante titular de Seguridad, Nilda Garré.
En los gremios y en el peronismo que se referenció en Néstor Kirchner (o fue disciplinado por él) se observa con inquietud la creciente influencia de sectores del sedicente progresismo. En la última semana, Luis D’Elía un vocero informal de esa tendencia, embistió conjuntamente contra Mauricio Macri, Eduardo Duhalde, Luis Barrionuevo, Aníbal Fernández, Florencio Randazzo y Daniel Scioli. D’Elía no sólo maneja un fuerte aparato de organizaciones sociales merced al respaldo del gobierno: también ha colocado al número dos de la agencia informativa oficial, Telam.
La figura que más preocupación provoca en el peronismo que se articula con el gobierno es la del periodista Horacio Verbitsky, al que se atribuye la capacidad de incidir sobre el “relato” progresista de la Presidente, mantener capacidad de presión sobre sectores de la Justicia, ser escuchado en ámbitos externos sostenido por el discurso de los derechos humanos y extender inclusive su influencia a algunas personalidades de los partidos que figuran en la oposición.
En virtud de la tutela que Verbitsky ejerció sobre las políticas que Nilda Garré desplegó en el ministerio de Defensa, muchos curiosean ahora en qué puede traducirse esa influencia en materia de políticas de seguridad. Las notas que Verbitsky escribe los domingos en Página 12 registran, por caso, una insistente campaña contra el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal. Aunque Verbistky está, en principio en la vereda opuesta de Daniel Scioli (tanto, que hasta ha denunciado con tono acusatorio al Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, por apoyar al gobernador), los durísimos golpes contra Casal no son meras derivaciones de aquella divergencia, sino que tienen motivaciones específicas.
Parece obvio que, si este antecedente tuviera repercusión en la gestión de la flamante ministra Garré, la colaboración entre los departamentos de Seguridad de Nación y Provincia de Buenos Aires sería de diagnóstico problemático.
Ya en la pendiente final del año y al inicio de un verano que se presenta caliente y movido, un balance provisional de los hechos que se dispararon a partir de la ocupación del Parque Indoamericano indicaría que se confirman las amenazas a la gobernabilidad abiertas con la muerte de Néstor Kirchner, habida cuenta de que su manejo de las tendencias e intereses que sostenían el poder no ha sido heredado.
Sobre el despliegue de una extendida crisis social –pobreza, baja productividad del trabajo, empleo en negro, déficit de vivienda, decadencia educativa, concentración demográfica, deficiente ocupación del territorio- se extiende una creciente erosión de la autoridad, acompañada por el desprestigio de la política, las investigaciones de corrupción y la esclerosis de los partidos.
Así, el país hoy tropieza con escollos para aprovechar la formidable oportunidad que se le abre en un mundo que está dispuesto a pagar a muy buen precio sus producciones competitivas; un mundo que vuelca enormes inversiones en las naciones emergentes cuando éstas ofrecen una perspectiva de confianza, previsibilidad y desarrollo. Para ingresar en el círculo vicioso hay que superar los escollos, deshacerse de lo que obstaculiza.
Conviene recordar a Fierro: No hay tiempo que no se acabe. Ni tiento que no se corte.
Una enumeración de las sucesivas decisiones y cambios de dirección adoptados desde la Casa Rosada a partir de la ocupación del Parque Indoamericano de la Ciudad de Buenos Aires es suficientemente ilustrativa.
Primero el gobierno nacional envió a la Policía Federal; se desató así lo que un aliado dilecto del oficialismo, Luis D’Elía, describió como “episodio represivo violento, encabezado claramente por la Policía Federal”.
Poco después de que las imágenes del operativo ordenado por Balcarce 50 alcanzaron las pantallas de tevé, desde el mismo domicilio se ordenó el repliegue. El jefe de Gabinete se negó a partir de allí a satisfacer el pedido de las autoridades porteñas y las instrucciones judiciales que reclamaban la presencia de las fuerzas de seguridad para impedir choques entre usurpadores del Parque y vecinos de los alrededores (Fernández consideró esas instrucciones “de cumplimiento imposible”).
Los enfrentamientos se produjeron, se llegó a contabilizar tres muertos y un número considerable de heridos, los desbordes abundaron y hasta se asaltaba las ambulancias que intentaban recoger víctimas en ese campo de batalla. El gobierno nacional envió entonces fuerzas de Gendarmería y de la Prefectura para evitar nuevos enfrentamientos (tarea que, por lo visto podía cumplirse perfectamente). Fue un retroceso tardío, pero de todos modos saludable.
El jefe de Gabinete, con el acompañamiento de la propia presidente, insistía en que la ocupación formaba parte de una conspiración “destituyente”, que atribuían a Mauricio Macri y Eduardo Duhalde. Algo contradictoriamente, Fernández le reclamaba al gobierno porteño que ofreciera un plan de viviendas a los ocupantes. El gobierno de la Ciudad Autónoma se mantuvo firme en dos temas: el predio debía ser desocupado y no habría premio alguno para quienes participaron de la intrusión.
“La ocupación no es delito” proclamó el jefe de gabinete el martes 14 por la mañana. Bandera de largada: pocas horas después las tomas de predios se multiplicaban, tanto en la Capital como en conurbano bonaerense y hasta en provincias alejadas del epicentro, como San Juan. Los teléfonos más receptivos del oficialismo empezaron a sonar: gobernadores e intendentes pedían que se pusiera fin de una buena vez a un proceso que empezaba a incendiar el orden. Nuevo viraje: se llega entonces a la decisión de desalojar de intrusos el Parque Indoamericano, acordar con el gobierno de la Ciudad Autónoma y prometer ante cualquier nuevo intento de usurpación el castigo administrativo de la pérdida de derechos a planes sociales y planes de vivienda.
En síntesis, la Casa Rosada se tomó más de una semana para llegar a conclusiones de libro después de haberlas repudiado puntualmente, mientras producía con sus zigzagueos un agravamiento de la crisis.
Hay quienes atribuyen simpatías por el marxismo a sectores del gobierno nacional. La disparatada dialéctica de los cambios de dirección ante las usurpaciones parece confirmar que sus principales responsables se guiaron por un lema de Marx (Groucho): “Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros”.
La erosión sufrida por la autoridad se observó de inmediato en el hecho de que, pese a la última palabra pronunciada (la promesa de penas a los que intrusen propiedades públicas o privadas), las ocupaciones continuaron y en algunos casos volvieron a manifestarse con violencia.
En paralelo, comenzaron a manifestarse mayores señales de centrifugación del dispositivo de poder que, en rigor, había sufrido su mayor perdida el 27 de octubre, cuando dejó la escena el hombre que - mal o bien y aún sufriendo un proceso de declinación política- manejaba la compleja trama de sectores, intereses y fuerzas sobre la que se asienta el oficialismo.
La señora de Kirchner ha debilitado enormemente con sus últimos recortes de influencia, designaciones y desplazamientos ministeriales a Aníbal Fernández, uno de los pocos hombres de su gabinete que le puede servir de nexo con el peronismo.
Julio De Vido, que ya cumplía en parte esa función, queda ahora, ante el ataque de anemia de Fernández, como el principal canal abierto hacia la realidad. De Vido escucha a sindicalistas, a empresarios, a gobernadores, a intendentes. Fue él quien impulsó la designación de Arturo Puriccelli como ministro de Defensa, frenando la candidatura para ese puesto de Marita Perceval, adscripta al mismo sector ideológico al que pertenece la flamante titular de Seguridad, Nilda Garré.
En los gremios y en el peronismo que se referenció en Néstor Kirchner (o fue disciplinado por él) se observa con inquietud la creciente influencia de sectores del sedicente progresismo. En la última semana, Luis D’Elía un vocero informal de esa tendencia, embistió conjuntamente contra Mauricio Macri, Eduardo Duhalde, Luis Barrionuevo, Aníbal Fernández, Florencio Randazzo y Daniel Scioli. D’Elía no sólo maneja un fuerte aparato de organizaciones sociales merced al respaldo del gobierno: también ha colocado al número dos de la agencia informativa oficial, Telam.
La figura que más preocupación provoca en el peronismo que se articula con el gobierno es la del periodista Horacio Verbitsky, al que se atribuye la capacidad de incidir sobre el “relato” progresista de la Presidente, mantener capacidad de presión sobre sectores de la Justicia, ser escuchado en ámbitos externos sostenido por el discurso de los derechos humanos y extender inclusive su influencia a algunas personalidades de los partidos que figuran en la oposición.
En virtud de la tutela que Verbitsky ejerció sobre las políticas que Nilda Garré desplegó en el ministerio de Defensa, muchos curiosean ahora en qué puede traducirse esa influencia en materia de políticas de seguridad. Las notas que Verbitsky escribe los domingos en Página 12 registran, por caso, una insistente campaña contra el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal. Aunque Verbistky está, en principio en la vereda opuesta de Daniel Scioli (tanto, que hasta ha denunciado con tono acusatorio al Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, por apoyar al gobernador), los durísimos golpes contra Casal no son meras derivaciones de aquella divergencia, sino que tienen motivaciones específicas.
Parece obvio que, si este antecedente tuviera repercusión en la gestión de la flamante ministra Garré, la colaboración entre los departamentos de Seguridad de Nación y Provincia de Buenos Aires sería de diagnóstico problemático.
Ya en la pendiente final del año y al inicio de un verano que se presenta caliente y movido, un balance provisional de los hechos que se dispararon a partir de la ocupación del Parque Indoamericano indicaría que se confirman las amenazas a la gobernabilidad abiertas con la muerte de Néstor Kirchner, habida cuenta de que su manejo de las tendencias e intereses que sostenían el poder no ha sido heredado.
Sobre el despliegue de una extendida crisis social –pobreza, baja productividad del trabajo, empleo en negro, déficit de vivienda, decadencia educativa, concentración demográfica, deficiente ocupación del territorio- se extiende una creciente erosión de la autoridad, acompañada por el desprestigio de la política, las investigaciones de corrupción y la esclerosis de los partidos.
Así, el país hoy tropieza con escollos para aprovechar la formidable oportunidad que se le abre en un mundo que está dispuesto a pagar a muy buen precio sus producciones competitivas; un mundo que vuelca enormes inversiones en las naciones emergentes cuando éstas ofrecen una perspectiva de confianza, previsibilidad y desarrollo. Para ingresar en el círculo vicioso hay que superar los escollos, deshacerse de lo que obstaculiza.
Conviene recordar a Fierro: No hay tiempo que no se acabe. Ni tiento que no se corte.
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