El exhorto de la Justicia suiza que investiga opacas operaciones financieras e involucra en ellas a Hugo Moyano y el bloqueo que impidió un domingo atrás la distribución de los diarios Clarín y La Nación han actuado como un ácido revelador de la situación política, que transparentó algunos hechos y aceleró otros. Transparentó, por ejemplo, una nueva relación de fuerzas en la alianza (“estratégica”) que vincula al gobierno K con la CGT. Y estimuló una reacción de las fuerzas políticas alternativas. Al inaugurar las sesiones del Congreso de 2011 –apenas un mes atrás- Cristina Kirchner apuntó al “sector de los trabajadores sindicalizados que hacen abuso de sus posiciones monopólicas”, cuestionó a quienes toman “de rehenes a usuarios y consumidores con medidas de fuerza y afirmó que quería ser “compañera y no cómplice” de las direcciones sindicales. De esas palabras muchos observadores dedujeron que el gobierno adoptaría medidas fuertes para evitar huelgas salvajes, usurpaciones y bloqueos al libre tránsito de personas y bienes; en fin, que intentaría conducir y contener los desbordes de sus aliados gremiales. Esa suposición no se verificó.
Por su parte, hace una semana, después de enterarse de que la Justicia suiza lo está investigando, Hugo Moyano anunció que “con los muchachos” cercaría los diarios que publicaran noticias sobre él que él juzgara injustas. Y suspendió un paro y una marcha a la Plaza de Mayo a cambio de una lista de requisitos negociada con un delegado presidencial (esta columna resumió una semana atrás sus puntos explícitos: “el pago de parte de la gigantesca deuda acumulada en esa cuenta, la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y las listas de candidatos del Frente para la Victoria en todo el país”; el punto implícito es la esperanza de Moyano de obtener de la Justicia un trato análogo al que recibieron los Kirchner cuando se estudió el caso de su vertiginoso enriquecimiento). La amenaza de Moyano a los medios se consumó el domingo. Contó con cooperación oficial: el gobierno incumplió (una vez más) un fallo judicial, la ministra de Seguridad instruyó a la Policía y ésta ni identificó a los autores del asedio a los diarios ni impidió ese acto ilegal. Por su parte, el ministro de Trabajo insistió en que el bloqueo era la consecuencia de una disputa laboral entre el gremialismo gráfico y Clarín, algo que el sindicato gráfico desmintió (por otra parte, una disputa de ese orden no justifica una transgresión de orden constitucional, ni explica por qué la medida de fuerza afectó además a La Nación). En fin: ninguna excusa sirve para encubrir el gravísimo y reiterado desacato oficial a la Justicia. El viernes primero de abril la Presidente recibió a Hugo Moyano en la Casa Rosada. Allí se dio satisfacción a dos de los reclamos del jefe camionero: se elevó en un 20 por ciento el ingreso mínimo no imponible y se anunció que las obras sociales sindicales recibirán de inmediato 1.000 millones de pesos de la suma que reclaman al Estado. Así, lo que está a la vista es que Moyano cumple rápidamente sus promesas y amenazas y consigue rápido trámite para sus exigencias, mientras las esperanzas suscitadas por la Presidente con sus palabras a la Asamblea Legislativa se mantienen en el limbo de lo que se dice pero no se hace y los ministros actúan como abogados del jefe cegetista. Ese es un diagnóstico sobre los cambios que están produciéndose en el balance de fuerzas en el seno de la coalición oficial. Esos datos -públicos, ostensibles- deberían confrontarse con las conjeturas que hablan de un creciente poder presidencial. Si bien se mira, la Presidente – sea porque no sabe, no quiere o no puede hacer otra cosa- corre hoy a la zaga de los deseos de Moyano desde que éste amenazó con parar los transportes y marchar frente a la Casa de Gobierno. Más que incremento del poder presidencial, lo que denotan estos acontecimientos es un creciente riesgo para la república democrática y para la gobernabilidad. En la semana Moyano firmó por adelantado el convenio de su gremio: aumentos escalonados partir de julio, 24 por ciento por un año (más un plus vacacional) y la promesa de no rediscutir por inflación. Es un acuerdo claramente inferior a lo que pide la mayoría de los gremios: él usó el tema salarial para dar una prueba de amor a la “alianza estratégica” con la presidente y para reclamar a cambio lo que le interesa. "A mí me sobra lealtad –dijo, después de firmar. Y agregó, pasando la factura:- La lealtad se paga con más lealtad". El jefe camionero comprende que, aunque no es amado, es temido: el poder de hacer daño es poder de negociación, y él está explotando esa capacidad para modificar los términos del contrato que había cerrado oportunamente con Néstor Kirchner. Ya no se conforma con lo que Ernesto Guevara llamaba “estímulos materiales”, ni considera razonable mantenerse dentro de los límites del poder sindical. Aspira a mandar en el terreno político. En los hechos, la franqueza con que Moyano expone sus deseos y sus métodos actúa como un revulsivo social. La prepotencia aplicada contra los medios (y, a través de ella, contra la ciudadanía y su derecho a la información) provocó reacciones que incluyeron a la propia coalición oficial. De su seno, por caso, se destacaron personalidades como los gobernadores Daniel Scioli y Juan Schiaretti y el intendente de Tigre, Sergio Massa, que rápidamente, mientras la Presidente se enclaustraba en el silencio y sus ministros esgrimían la máscara del “conflicto gremial” para encuadrar el ataque contra un derecho constitucional de jerarquía, se pronunciaron para repudiar con vigor el asedio a Clarín y La Nación. El destino quiso que la agresión contra los medios coincidiera con la presencia de Hugo Chávez en el país y con el galardón que decidió asignarle la facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata por su performance en relación con la prensa. El gobernador bonaerense no concurrió a esa esperpéntica ceremonia; en cambio asistió a un acto de la corriente política bonaerense que orienta el ex jefe de gabinete de Néstor y de Cristina Kirchner, Alberto Fernández (convertido hoy en un crítico del gobierno y en una de las figuras menos queridas en Olivos). Moyano creó una atmósfera propicia para subrayar divergencias. Pero quizás el hecho más interesante que promovieron las acciones de la coalición oficial contra los medios, el derecho a la información y el acatamiento a la Justicia y a las leyes fue el documento que suscribieron el viernes destacados líderes de la oposición, bajo el título “El deber de cuidar la democracia”. Que dirigentes como Elisa Carrió, Eduardo Duhalde, Mauricio Macri, Ricardo Alfonsín y Ernesto Sanz (junto a distinguidos parlamentarios y jefes de partidos) coincidan en un gesto político y en un texto es una señal clara del dramatismo de esta hora. Los nombrados aspiran todos a la presidencia de la República y varios de ellos parecían hasta ahora cerrados a toda chance de una acción conjunta. El compromiso al que arribaron (tres de cuyos motores fueron los diputados Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Gustavo Ferrari) no clausura las divergencias políticas que hacen que cada cual camine su propio sendero y mantenga su identidad partidaria, pero empieza a establecer un piso de consensos que es una fuerte inversión para la gobernabilidad venidera. El documento formula entre esas coincidencias la libertad de expresión, la independencia de la Justicia y el efectivo cumplimiento de sus fallos, la protección de la democracia de la agresión de la intolerancia, los escarches y el uso discrecional de los recursos del Estado. Si bien se mira, es una reafirmación de principios constitucionales. El hecho de que todos estas personalidades consideren imprescindible salir en su defensa pinta el estado de la situación política. Más de una vez en esta columna se señaló la necesidad de retomar el espíritu asociativo que en la década de 1970 pusieron de manifiesto los líderes políticos de entonces (emblemáticamente Juan Perón y Ricardo Balbín) cuando crearon La Hora del Pueblo. Escribimos, por ejemplo, en agosto de 2007: “… Perón y Balbín tenían muchísimos motivos para desconfiarse mutuamente pero decidieron esas suspicacias porque eran inoportunas para lo que dictaba el momento: la enemistad absoluta con un régimen tiránico. En 1970, ellos junto a líderes políticos de otras fuerzas (la Democracia Progresista, el conservadurismo, el Partido Socialista, el bloquismo sanjuanino) emitieron una declaración que fue el punto de partida de un amplio movimiento de reivindicación institucional: La Hora del Pueblo. Allí exigían el respeto de la soberanía popular y formulaban las bases de un sistema político equilibrado, respetuoso de la Constitución y del principio republicano de convivencia de mayorías y minorías. No se trataba de un frente electoral (de hecho, el peronismo se agruparía electoralmente en el Frente Justicialista de Liberación y Balbín sería candidato competidor con la boleta de la UCR). Era un acuerdo de toda la oposición contra la tiranía; un gesto levantado de todas las fuerzas que estaban dispuestas a trabajar en común para recuperar la república democrática. El abrazo entre Perón y Balbín sería un símbolo de ese momento político virtuoso". Ironía de la situación: tal vez haya que agradecerle a Hugo Moyano sus ataques a los medios y la brutal llaneza de sus reclamos sobre la Justicia y al poder; tal vez haya que subrayar, asimismo, el aporte de la Presidente y sus ministros: en conjunto han contribuido a que la preexistente fragilidad del orden político democrático (poderes extraordinarios, desacato a los fallos, manejo discrecional de los recursos del Estado, manipulación informativa) y el aislamiento de la Argentina adquieran la plena, amenazante visibilidad que hoy impulsa estas reacciones.
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