Dentro de apenas 50 días expira el plazo para que los partidos políticos que quieran constituir alianzas o confederaciones con vistas al comicio de octubre las inscriban en la Justicia Electoral. Diez días más tarde vencen los tiempos para inscribir precandidatos. La duda que sigue mortificando a los sectores más prudentes de las corrientes opositoras reside en si en ese breve período alcanzarán a dar frutos los esfuerzos de convergencia que se siguen intentando a través de las porosas fronteras partidarias.
Motivos para la preocupación no faltan. Los obstáculos que se presentan a la idea de una confluencia son de distinto orden, desde la chapucería al egoísmo partidario, pero tampoco conviene ignorar el hecho de que algunos de los potenciales participantes en esa operación de diálogo y búsqueda de coincidencias se han expresado abiertamente en contra. Tal es el caso de Elisa Carrió, que no sólo adelantó que su fuerza no hará ningún esfuerzo aliancista, sino que se encargó esta semana de bombardear con declaraciones fuertes los puentes que se tienden a los entendimientos. Que Ricardo Alfonsín expresara, por caso, que si llega a la presidencia convocará como ministro de Economía a Alfonso Prat Gay, no fue considerado por Carrió un gesto amigable, sino “vergonzoso”, como le hizo declarar a uno de sus leales del distrito bonaerense.
Motivos para la preocupación no faltan. Los obstáculos que se presentan a la idea de una confluencia son de distinto orden, desde la chapucería al egoísmo partidario, pero tampoco conviene ignorar el hecho de que algunos de los potenciales participantes en esa operación de diálogo y búsqueda de coincidencias se han expresado abiertamente en contra. Tal es el caso de Elisa Carrió, que no sólo adelantó que su fuerza no hará ningún esfuerzo aliancista, sino que se encargó esta semana de bombardear con declaraciones fuertes los puentes que se tienden a los entendimientos. Que Ricardo Alfonsín expresara, por caso, que si llega a la presidencia convocará como ministro de Economía a Alfonso Prat Gay, no fue considerado por Carrió un gesto amigable, sino “vergonzoso”, como le hizo declarar a uno de sus leales del distrito bonaerense.
Más vale perder solos
Desde el campo académico también han aparecido voces que coinciden en advertir contra los acuerdos. El politólogo Vicente Palermo, por ejemplo, se opuso esta semana en Clarín a “un amontonamiento precipitado de la oposición, aunque sea llevado a cabo bajo la invocación de un acuerdo programático” y señaló que “los costos de una coalición de ese tipo son más seguros que sus hipotéticos beneficios”.
En cuanto a esos costos, Palermo enumera varios: uno, la inconveniencia de una polarización política (“evitar la polarización sí que debería ser un imperativo”, plantea). También anota que la coalición opositora podría perder y que, si le tocara gobernar, tendría dificultades para hacerlo por su heterogeneidad.
La conclusión del planteo parece obvia, pero el politólogo Palermo la explicita con mayor transparencia que los políticos que, franca u oblicuamente, juegan ese juego: “Perder tras haberse abstenido de embarcar en una gran coalición, tiene sus ventajas, sobre todo si se ha mantenido durante la campaña electoral una posición coherente”. En efecto, hay pocas dudas de que la ausencia de una coalición de alternativa es un camino de derrota. La ventaja aludida por Palermo es, si se quiere, una variante del viejo tema “soldado que huye sirve para otra guerra”. En este caso, esa situación se plantearía porque “le explotaría al actual gobierno la bomba de tiempo que, sabiéndolo o no, se ha dedicado a montar”.
Lo cierto es que desde 2008 –con el proceso suscitado por la resolución 125- el conflicto (y, si se quiere, una polarización determinada por el comportamiento del gobierno) está claramente sobre el tapete y se expresó electoralmente en los comicios de 2009. Más allá de algunos cambios formales y del hecho innegable de que la muerte de Kirchner benefició en estos últimos meses la relación entre el gobierno y la opinión pública, en términos políticos el gobierno está adelantando ya con medidas y gestos su decisión de “profundizar el modelo”, es decir de apretar la soga sobre aquellos a los que define como adversarios-enemigos.
Techint y más allá
La ofensiva sobre Techint no implica la mera maniobra de acomodar a algunos muchachos de la juventud “camporista” en un directorio. Basta oir los argumentos de los ideólogos que la fundamentan. Horacio Verbitsky escribió en Página 12, por ejemplo, que “el decreto 441 responde al legítimo propósito de defender los intereses de los representados por la ANSES “ . Para él, “una virtud de la decisión es el sinceramiento de posiciones, entre las empresas que rehúsan toda fiscalización y el Estado que la reivindica como un derecho y un deber”. La afirmación implícita es que el Estado no tiene suficientes instrumentos de control con los que le proporciona la ley (desde la inspección de sociedades a la AFIP) y que sólo puede ejercer la fiscalización ocupando posiciones en los directorios de las empresas.
No es raro, pues, que en Techint, que ha sufrido en carne propia la experiencia del chavismo (el gobierno venezolano expropió la Siderurgia del Orinoco, enorme acería que la empresa argentina desarrollaba en aquel país), se sospeche que aquí se están dando los primeros pasos de un proceso análogo.
El camporista Axel Kicilof, elegido por la señora de Kirchner para ocupar un lugar en el directorio de Techint en representación de ANSES adelantó algunas ideas intervencionistas; le confió al periodista Víctor Hugo Morales que el gobierno quiere que la siderúrgica provea chapa a precios diferenciales (menores) a la industria automotriz y que no se expanda al exterior, sino “que invierta aquí”. No se entiende qué ganarán los jubilados a los que Kicilof presuntamente representaría en ese directorio si la empresa en la que ANSES tiene acciones vende más barata su chapa de acero a las multinacionales del automóvil. En cuanto a la expansión externa, vale comparar con la conducta del exitoso Brasil, que estimula las operaciones de sus empresas en el exterior y las financia, no las cuestiona ni las reprime.
No todo es racional
Para quienes padecen en primera línea la ofensiva oficialista y para quienes sufren las consecuencias de sus políticas, la perspectiva de reservarse para un conflicto posterior (después de que al gobierno “le estalle la bomba”) probablemente no suene demasiado prometedora.
Más allá de que los tiempos y las posibilidades permitan alguna coincidencia que se manifieste en términos electorales, lo que resulta claro es que si “la bomba montada por el gobierno” (tanto en lo económico como en lo político) va a estallar sería positivo que las fuerzas que se postulan como alternativa comenzaran a conversar en búsqueda de acuerdos para garantizar gobernabilidad (o gobierno) cuando esa dramática situación se produzca (o para evitar que ocurra, si las coincidencias alcanzaran suficiente envergadura operativa).
La negativa al diálogo y a la búsqueda de consensos es un desafío a la racionalidad. Debe admitirse, con todo, que los seres humanos a menudo actúan guiados por motivaciones distintas a la pura razón. El académico sueco Göran Therborn cita en uno de sus últimos libros un revelador juego de economía experimental: “Se les asigna a dos personas una suma de dinero, digamos 100 dólares. A uno de ellos se le da el poder de proponer cómo ambos compartirán ese dinero. La otra persona puede aceptar o rechazar ese acuerdo, pero si lo rechaza, los dos se quedan sin nada. Para sorpresa de los investigadores, la mayoría tiende a rehusar ofertas que estén por debajo de 40/60 por considerarlas injustas y humillantes, aún sabiendo que si las aceptan pueden asegurarse, digamos, 10, 20 o 30 dólares y que de lo contrario no obtendrán nada”.
Los trapicheos entre los dirigentes de la oposición argentina evocan ese experimento.
Desde el campo académico también han aparecido voces que coinciden en advertir contra los acuerdos. El politólogo Vicente Palermo, por ejemplo, se opuso esta semana en Clarín a “un amontonamiento precipitado de la oposición, aunque sea llevado a cabo bajo la invocación de un acuerdo programático” y señaló que “los costos de una coalición de ese tipo son más seguros que sus hipotéticos beneficios”.
En cuanto a esos costos, Palermo enumera varios: uno, la inconveniencia de una polarización política (“evitar la polarización sí que debería ser un imperativo”, plantea). También anota que la coalición opositora podría perder y que, si le tocara gobernar, tendría dificultades para hacerlo por su heterogeneidad.
La conclusión del planteo parece obvia, pero el politólogo Palermo la explicita con mayor transparencia que los políticos que, franca u oblicuamente, juegan ese juego: “Perder tras haberse abstenido de embarcar en una gran coalición, tiene sus ventajas, sobre todo si se ha mantenido durante la campaña electoral una posición coherente”. En efecto, hay pocas dudas de que la ausencia de una coalición de alternativa es un camino de derrota. La ventaja aludida por Palermo es, si se quiere, una variante del viejo tema “soldado que huye sirve para otra guerra”. En este caso, esa situación se plantearía porque “le explotaría al actual gobierno la bomba de tiempo que, sabiéndolo o no, se ha dedicado a montar”.
Lo cierto es que desde 2008 –con el proceso suscitado por la resolución 125- el conflicto (y, si se quiere, una polarización determinada por el comportamiento del gobierno) está claramente sobre el tapete y se expresó electoralmente en los comicios de 2009. Más allá de algunos cambios formales y del hecho innegable de que la muerte de Kirchner benefició en estos últimos meses la relación entre el gobierno y la opinión pública, en términos políticos el gobierno está adelantando ya con medidas y gestos su decisión de “profundizar el modelo”, es decir de apretar la soga sobre aquellos a los que define como adversarios-enemigos.
Techint y más allá
La ofensiva sobre Techint no implica la mera maniobra de acomodar a algunos muchachos de la juventud “camporista” en un directorio. Basta oir los argumentos de los ideólogos que la fundamentan. Horacio Verbitsky escribió en Página 12, por ejemplo, que “el decreto 441 responde al legítimo propósito de defender los intereses de los representados por la ANSES “ . Para él, “una virtud de la decisión es el sinceramiento de posiciones, entre las empresas que rehúsan toda fiscalización y el Estado que la reivindica como un derecho y un deber”. La afirmación implícita es que el Estado no tiene suficientes instrumentos de control con los que le proporciona la ley (desde la inspección de sociedades a la AFIP) y que sólo puede ejercer la fiscalización ocupando posiciones en los directorios de las empresas.
No es raro, pues, que en Techint, que ha sufrido en carne propia la experiencia del chavismo (el gobierno venezolano expropió la Siderurgia del Orinoco, enorme acería que la empresa argentina desarrollaba en aquel país), se sospeche que aquí se están dando los primeros pasos de un proceso análogo.
El camporista Axel Kicilof, elegido por la señora de Kirchner para ocupar un lugar en el directorio de Techint en representación de ANSES adelantó algunas ideas intervencionistas; le confió al periodista Víctor Hugo Morales que el gobierno quiere que la siderúrgica provea chapa a precios diferenciales (menores) a la industria automotriz y que no se expanda al exterior, sino “que invierta aquí”. No se entiende qué ganarán los jubilados a los que Kicilof presuntamente representaría en ese directorio si la empresa en la que ANSES tiene acciones vende más barata su chapa de acero a las multinacionales del automóvil. En cuanto a la expansión externa, vale comparar con la conducta del exitoso Brasil, que estimula las operaciones de sus empresas en el exterior y las financia, no las cuestiona ni las reprime.
No todo es racional
Para quienes padecen en primera línea la ofensiva oficialista y para quienes sufren las consecuencias de sus políticas, la perspectiva de reservarse para un conflicto posterior (después de que al gobierno “le estalle la bomba”) probablemente no suene demasiado prometedora.
Más allá de que los tiempos y las posibilidades permitan alguna coincidencia que se manifieste en términos electorales, lo que resulta claro es que si “la bomba montada por el gobierno” (tanto en lo económico como en lo político) va a estallar sería positivo que las fuerzas que se postulan como alternativa comenzaran a conversar en búsqueda de acuerdos para garantizar gobernabilidad (o gobierno) cuando esa dramática situación se produzca (o para evitar que ocurra, si las coincidencias alcanzaran suficiente envergadura operativa).
La negativa al diálogo y a la búsqueda de consensos es un desafío a la racionalidad. Debe admitirse, con todo, que los seres humanos a menudo actúan guiados por motivaciones distintas a la pura razón. El académico sueco Göran Therborn cita en uno de sus últimos libros un revelador juego de economía experimental: “Se les asigna a dos personas una suma de dinero, digamos 100 dólares. A uno de ellos se le da el poder de proponer cómo ambos compartirán ese dinero. La otra persona puede aceptar o rechazar ese acuerdo, pero si lo rechaza, los dos se quedan sin nada. Para sorpresa de los investigadores, la mayoría tiende a rehusar ofertas que estén por debajo de 40/60 por considerarlas injustas y humillantes, aún sabiendo que si las aceptan pueden asegurarse, digamos, 10, 20 o 30 dólares y que de lo contrario no obtendrán nada”.
Los trapicheos entre los dirigentes de la oposición argentina evocan ese experimento.
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