A su
pelea con los medios independientes, con la mayoría de los gremios, con las
clases medias, con los jubilados que reclaman por sus haberes y con el campo, el
gobierno suma ahora un conflicto con el Poder Judicial. Para
mostrarse vivo y saludable sólo conoce una fórmula: confrontar, buscarse
enemigos. El problema de ese método se presenta cuando los enemigos son
demasiados. Y cuando el resultado de la confrontación es no
positivo.
Si la señora de Kirchner no hubiera transformado el 7 de diciembre
en una fecha límite, en la que debía, sí o sí, aplicarse la Ley de Medios a su
blanco casi exclusivo -el Grupo Clarín-, el gobierno podría haberse ahorrado ese
día el mal trago de una derrota. Sólo una semana después de aquella fecha el
juez de primera instancia Horacio Alfonso dictaminó lo que el gobierno quería:
que los artículos 45 y 161 de aquella ley no son inconstitucionales, como
reclamaba el Grupo conducido por Héctor Magnetto.
Impaciencia y despecho
Fue la insistencia gubernamental en el ultimátum del 7D la que
dramatizó el revés impuesto, primero, por el fallo de la Cámara Civil y
Comercial y luego por la Corte Suprema, que rechazó el temerario pedido de per
saltum dibujado por el Poder Ejecutivo. Precipitado y despechado,
el oficialismo mostró sus heridas y gatilló, como revancha, un formidable ataque
a los jueces, que profundizó la ofensiva que una semana antes habían iniciado el
ministro de Justicia y quien fuera jefe juvenil de Néstor Kirchner en los años
70, el diputado Carlos Kunkel, un vocero distinguido de la Casa
Rosada.
Esos ataques, que pintan a los magistrados como una “corporación”
aliada los “fierros mediáticos” y a los poderes empresariales, “alzada” contra
“la democracia” y necesitada de “democratización, ingresan en un terreno
paradójico después del fallo del juez Alfonso: ¿el dictamen es parte de esa
denunciada conspiración o más bien la desmiente y la ridiculiza? En rigor,
un gobierno que se detiene muy poco ante los límites que
prescriben la Constitución y el principio de la división de poderes naturalmente
se ne frega en la coherencia lógica. Lo primero que le
interesa, en estos momentos, es interpretar el fallo del juez Alfonso como
un 7D recargado, dar por agotados los plazos, desentenderse de las
apelaciones del grupo Clarín y hasta del fallo de la Cámara de una semana atrás,
que extendió la cautelar mucho más allá de la definición de primera instancia
(hasta un fallo “definitivo”, previsiblemente, de la Corte Suprema) y poner en
marcha de inmediato el desguace del complejo
multimediático.
Al borde del conflicto de poderes
En el curso de esta guerra, de todos modos, el gobierno descubrió
un nuevo objetivo: liquidar la independencia del Poder Judicial.
Es sabido que para la concepción K toda autonomía ajena es una
molestia: a fuerza del empleo arbitrario de los recursos, ha conseguido limitar
significativamente la libertad de acción de las provincias; no puede soportar
que las organizaciones del movimiento obrero, inclusive las que le han dado
apoyo durante años, pretendan moverse con independencia del poder político. Nada
casualmente, el mayor choque que tuvo en estos años fue con el sector productivo
que, por su importancia económica y su competitividad internacional, no depende
de favores ni subsidios y tiene espaldas fuertes para sostener su autonomía: el
complejo agroalimentario.
El Judicial es, por extensión y presupuesto, la
cenicienta de los tres poderes del Estado, su enorme importancia sólo se vuelve
obvia en momentos críticos. El gobierno, que en su momento facturó
políticamente la renovación de la Corte Suprema, ha hecho lo posible por
satelizarlo.
Para los que habían observado el comportamiento K en Santa Cruz,
ese modelo era previsible. En el gran escenario nacional, la escalada se
asordinó en sus inicios, pero se volvió estruendosa en los últimos años: los
fallos marca Oyarbide y la retranca en muchos juicios referidos a la corrupción
en asun tos públicos fueron una muestra; la barrida de jueces y
fiscales incómodos en el caso Ciccone-Boudou fue un peldaño más alto aún. Ahora
los golpes llegan a la cúspide, a la Corte, y al conjunto de los
jueces. Se habla de “democratizar” el Poder Judicial, se alude a la
elección de los jueces por votación, se les reclama que “acaten” a las mayorías,
como si esa fuera la función de la Justicia y no defender los derechos de las
personas y el ejercicio correcto de las leyes para impedir abusos y usos
despóticos. Se pretende quitarles la inamovilidad a los
magistrados. Curioso: lo exigen los mismos que piden la presidencia “eterna” de
la señora de Kirchner.
Manotazos y ahogos
El Ejecutivo quiso montarse sobre la irritación generalizada que
despertó el fallo de la justicia tucumana (“la Justicia de Alperovich”, dicen
algunos) sobre el caso Marita Verón. La Presidente cargó sus armas verbales con
la excusa de los jueces tucumanos, pero apuntó a los que le molestan a ella
directamente.
Si bien se mira, el caso Marita Verón y la cuestión de la trata de
personas en modo alguno habían sido preocupación de la Casa Rosada; de lo
contrario, el proyecto contra la trata no hubiera sido cajoneado por un bloque
oficialista que hace lo que se le pide desde ese domicilio. Ahora el tema estará
en la agenda de sesiones extraordinarias: ha pasado a ser prioritario en el
marco de la “contradicción fundamental” a la que atiende el
oficialismo.
A su enfrentamiento con el Grupo Clarín y su pérdida de apoyaturas
en una coalición oficialista sumamente erosionada (de la que muchos actores
principales ya se han apartado), el gobierno le ha agregado, pues, un choque con
el Poder Judicial. La crisis política asume rasgos institucionales, de conflicto
de poderes.
"No somos una corporación, sino un poder del Estado –advirtió
Ricardo Lorenzetti- porque no defendemos intereses personales,
sino que defendemos las libertades de los ciudadanos frente a los poderes
económicos y los otros poderes del Estado". El mensaje grabado por el presidente
del Tribunal Supremo se escuchó en una comida organizada por la Asociación de
Magistrados a la que asistieron medio millar de jueces, entre ellos dos miembros
de la Corte, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, que integran la comisión
que defiende la independencia del Poder Judicial. El presidente de la Asociación
de Magistrados, Luis María Cabral, agregó lo suyo: "Existe la obligación para
los demás poderes del Estado de respetar lo que el Poder Judicial ha considerado
justo. Al alejarse de esta pauta elemental se corre el riesgo de que las
sentencias se conviertan en meras recomendaciones, y si ello sucede no faltará
mucho para que las leyes se reduzcan a triviales expresiones de
deseo".
Embargados de júbilo
El avance de la crisis no arredra a aquellos sectores del
oficialismo que viven en la confrontación como pez en el agua: ellos festejan lo
que consideran triunfos: el júbilo por el fallo del Juez Alfonso,
por ejemplo, les hace olvidar que, en derecho, todavía deberán esperar una
sentencia definitiva para poder cumplir sus planes en relación al grupo Clarín;
eso implica semanas o meses que se sumarán a los tres años ya consumidos desde
que se aprobó la Ley de Medios.
Otro ejemplo: la celebración descomedida ante el fallo del Tribunal
de Hamburgo que abrió la puerta a la repatriación de la Fragata Libertad.
“¡Buitres, no pasarán!”,festejó en Twiter el ministro de Economía Hernán
Lorenzino. Es como si un centinela se alegrara porque capturó a un intruso
enemigo después de que se le filtraran decenas. Porque lo cierto es que la deuda
con los holdouts-“buitres” (y la imprevisión de las autoridades competentes)
provocó el embargo temporario del buque escuela en un puerto de Ghana por casi
tres meses (y obligará a más tardar el 4 de enero a presentar una
propuesta de pago ante una Corte de Nueva York). Es natural sentir alegría por
el retorno de la fragata, por supuesto; pero confundir todo lo ocurrido con un
triunfo suena un poco insensato.
Es razonable, sin embargo, que el oficialismo pretenda sacarle el
jugo a episodios de tono favorable después de semanas de tropiezos inequívocos.
Estos momentos de aparente recuperación alimentan la esperanza de reflotar la
consigna principal del gobierno: la re-reelección de la señora de Kirchner. Un
sueño irrealizable con la actual composición legislativa, pero no
imposible –aunque sí arduo- a partir de las elecciones de 2013. La promoción de
estas tardías satisfacciones como victorias procura mostrar a propios y extraños
que el, digamos, proyecto cristinista conserva sus bríos, tiene capacidad
de retaliación, sigue en rodaje. Como mínimo, la Casa Rosada quiere evitarse el
síndrome temprano del pato rengo.
Para mostrarse vivo y saludable el gobierno sólo
conoce una fórmula: confrontar, buscarse enemigos.
El problema de ese método se presenta cuando los enemigos son
demasiados. Y cuando el resultado de la confrontación es no
positivo.
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