Unas veinte mil almas se congregaron el viernes último al atardecer
en la Plaza de Mayo al cumplirse un año de la masacre ferroviaria de la Estación Once, para recordar a las
víctimas (52 muertos, 800 heridos). Y para reclamar justicia. Ni una figura
del gobierno, ni un representante de la
fuerza política oficialista se hizo presente.
Las evocaciones habían comenzado, en verdad, en la propia terminal
de la línea Sarmiento a las 8.32 de la mañana, la hora exacta en que un año atrás se produjo la catástrofe y
siguieron más tarde en la Catedral Metropolitana.
Silencio y ausencia oficiales.
“Asesinos de escritorio”
Cuando la tragedia se produjo, la Presidencia de la Nación se tomó
cinco días antes de hablar del tema (mientras mantenía en sus cargos a los responsables políticos y
administrativos del área de transportes). En vísperas de cumplirse el
primer aniversario, la señora de Kirchner
se refirió al asunto por segunda vez. Lo hizo como forzada, en el marco de un
acto de atmósfera deportiva, y habló con
palabras frías y distantes que los familiares de las víctimas censuraron con
amargura: “Las palabras de la Presidente
hirieron más que su silencio”, resumió uno de ellos.
Los familiares no olvidan que la propia Presidente, semanas antes
de la masacre y ante los empresarios subsidiados que administraban la línea Sarmiento, se envanecía en un
discurso de los “enormes avances” alcanzados en el ferrocarril;
también recuerdan que el secretario de
Transporte de un año atrás, Juan Pablo Schiavi, fue sostenido por el gobierno
aun pese a que a la responsabilidad por
la mala gestión le sumó declaraciones que culpaban a las víctimas por las
dimensiones de la tragedia: “se
amontonan en el primer vagón”, apuntó insensatamente; los
familiares tampoco olvidan que Schiavi dejó su cargo aclamado por la claque que asistía al acto que marcó su
partida.
Los carteles, los discursos y las consignas registrados el viernes
en Plaza de Mayo exigían “justicia” y "fin de la impunidad", definían la catástrofe de hace un año como “una
emboscada”, porque los responsables privados y públicos del
transporte ferroviario habían sido
advertidos reiteradamente de los riesgos que se corría si los trenes seguía
corriendo en las condiciones en que lo
hacían (y en que, lamentablemente, lo siguen haciendo). Y culpaban a los
“asesinos de escritorio”, los empresarios
codiciosos, los funcionarios corruptos y negligentes, las autoridades que
“miran para otro lado”.
El acto de Plaza de Mayo tuvo menos asistentes que aquellos que,
durante la presidencia de Néstor Kirchner, convocaba Juan Carlos Blumberg reclamando justicia por la muerte de
su hijo Axel. Pero este acto, que de todos modos reunió a miles de personas, mostró una energía y una densidad más alta
que aquellos. Los familiares de las víctimas de la línea Sarmiento consiguieron una convergencia significativamente más
amplia que la que lograba Blumberg: las presencias, por caso, de
Nora Cortiñas, presidente de Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora (que por otra parte subrayó su desacuerdo con
las palabras dela señora de Kirchner) o
del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, así como de figuras políticas
del centroizquierda destacan un aporte
que no se veía en las marchas de Blumberg. El hecho de que otras entidades
que testimonian la inseguridad de todo
tipo que sufren los ciudadanos (Madres del Dolor, familiares de las víctimas de
Cromagnon o de la tragedia de Lapa) hayan
participado solidariamente, evidencia probablemente que alrededor de las
familias de las víctimas de Once se está
diseñando un agrupamiento que plantea un relato más abarcativo, actual y
acuciante sobre los derechos humanos que
el que habitualmente esgrimen, con mirada parcial y carga ideológica facciosa,
el gobierno central y las organizaciones
y personalidades que comen de su presupuesto y sus subsidios.
En cualquier caso, la huella de la masacre de Once ha abierto, en
términos políticos, otra herida honda en la narrativa del gobierno y el perplejo mutismo de sus voceros lo pone
claramente en evidencia.
Vienen meses movidos
Esa herida se suma a otras, que se van acumulando y que proyectan
para después del verano, los dos o tres meses venideros, momentos de sobresalto para el oficialismo. La semana
próxima la Cámara de Apelaciones de Nueva York se pronunciará sobre la apelación del gobierno argentina al fallo del juez
Thomas Griesa que reconoció el derecho a cobrar sus acreencias a
los tenedores de bonos argentinos que
rechazaron los canjes con quita que el gobierno ofreció en 2004 y 2007. La
mayoría de los analistas estima que la
Cámara ratificará sustancialmente el punto de vista de Griesa y que una
eventual apelación del gobierno argentino a la Corte será rechazada. Los efectos
prácticos de esa secuencia judicial podrían experimentarse a fines de 2013
o en el curso de 2014 e implicarían la
aparición en la superficie de una deuda enorme que el gobierno daba por
resuelta y no computaba.
Cabe esperar, si ese es el curso de las cosas, fuertes campañas de
tono nacionalista contra los llamados “fondos buitres” (y de paso, contra “el capitalismo sin alma” y contra el
Fondo Monetario Internacional) en un intento de extraer rédito político de
ese formidable revés jurídico-financiero.
Esa deriva no hará más que profundizar el aislamiento ya existente y la
búsqueda de amigos igualmente heréticos
en el mundo. Clave para interpretar el acuerdo con Irán y las nuevas
contradanzas que elucubra el
pequeño entorno dela señora de Kirchner..
El gobierno tendrá que vérselas en marzo y abril con medidas de
fuerza convergentes de sindicatos (tanto de los que se contabilizan como opositores cuanto de muchos de los
que revistan como “propia tropa” del oficialismo) y del campo, que ya
ha empezado a debatir en asambleas en
distintos puntos del país. Los productores, mientras puedan aguantar, retendrán
la venta de la soja, y así restarán al
gobierno divisas y recursos.
La inflación y la voracidad fiscal (manifestada en impuestos sobre
el salario y la reducción de beneficiarios del salario familiar) empujan a los gremios; los productores agregan a la
lista reclamos el creciente intervencionismo del gobierno.
Comisiones y camellos
Aunque la procesión todavía va por dentro, el gobierno empieza a
comprender los peligros que supone la inflación que niega sistemáticamente desde hace seis años.
En el pequeño entorno de que se rodea la señora Cristina de
Kirchner crece la inquietud por ese mal innombrado. El INDEC se permitió publicar como dato de enero una marca
superior al 1 por ciento, algo que no ocurría desde la intervención
del organismo. La desviación del registro
del Instituto con relación a la cifra que proporcionan las consultoras privadas
no fue, como en meses anteriores 1 a 3,
sino menor: casi 1 a 2, como si el empezara a desplazarse en dirección a la
realidad.
Junto con ese (por el momento, leve) viraje, parecen haber
movimientos oficiales destinados a diseñar una estrategia que vaya más allá de los golpes de efecto que maquina Guillermo
Moreno cuando el agua alcanza el cuello del gobierno.
El martes 20 y el miércoles 21 una comisión ad hoc, cuyas cabezas
son las autoridades formales de la cartera económica, Hernán Lorenzino y Axel Kicillof, ha estado trabajando
en la preparación de una serie de medidas (¿un “plan”?) destinadas
a desacelerar la inflación y a abordar el
tema de la brecha cambiaria (blue versus dólar oficial).
El miércoles la comisión convocó a algunos ministros y a los
responsables del Banco Central. Se verá qué sale de todo eso. Juan Domingo Perón, escéptico en cuanto a las
comisiones,
advertía que “un camello es un caballo
hecho por una comisión”.
El objetivo principal -si se quiere, bastante inasible- de esta es
“modificar las expectativas sociales” en torno a la inflación. Esta semana se conoció un estudio del Instituto Torcuato Di
Tella en el que se dice que la expectativa inflacionaria de los
argentinos ronda el 33 por ciento para
este año. Eduardo Curia, un economista que milita en el peronismo y suele ser
consultado por algunas figuras
influyentes de la Casa Rosada, reitera que “se necesita dar señales claras, un
rumbo y un programa para cambiar las
expectativas”.
Hay tres problemas en este momento que –según algunos economistas
próximos al gobierno- deberían atacarse simultáneamente para tener resultados: el mercado
cambiario, la inflación y el aumento del gasto (en particular, los
subsidios).
El dólar oficial ha perdido competitividad y habría decisión de
acelerar una devaluación, algo que ya empezó a percibirse en el mercado cambiario, donde la divisa para el turismo
cerró por primera vez a comienzos de este mes por encima de los 5
pesos.
Se debate si seguir ajustando de manera minimalista la cotización
oficial del dólar o si aplicar una devaluación parcial más marcada acompañada por un desdoblamiento del tipo de
cambio. El martes anterior al feriado el dólar “blue” dio otro salto
hasta
ubicarse por encima de los $7,80. No subió más porque entidades
públicas vendieron casi 120 millones de dólares para enfriar la demanda, que antes del feriado presionó
fuerte.
Inflación y conflicto político
El “camello” que preparan Lorenzino y Kicillof (atentamente
observados por Moreno, subordinado a ellos sólo teóricamente) incluiría la extensión del congelamiento de precios
por más tiempo y a un mayor número de actividades. El contexto
político general respecto de la inflación
es malo. Hasta la CGT oficialista se queja. Las entidades de Defensa del
Consumidor denuncian que los precios han
seguido subiendo a pesar del congelamiento “sui generis” que impuso el
gobierno.
La inflación real es coincidente con una caída en actividades muy
fuertes como la construcción y la inmobiliaria, y con la perspectiva que incorpora la amenaza de las entidades
del campo de no vender la soja y privar al gobierno de la liquidación
de miles de millones de dólares por
retención a las exportaciones.
Emisión récord, cepo, sequía de dólares, paritarias durísimas por
encima del 20 %, inicio de clases en peligro por las paritarias, inflación, caída de actividad en rubros sensibles,
economías regionales jaqueadas, con provincias o con déficits altos. Ese es
el panorama y en ese contexto trabaja la
comisión. El gobierno está finalmente preocupado por la inflación. Mejor dicho:
por sus efectos
electorales.
Porque lo cierto es que las elecciones están más próximas de lo que
suele pensarse. Es cierto, las generales ocurrirán en octubre. Pero el cronograma legal incluye ahora las
llamadas “PASO” (primarias abiertas simultáneas y obligatorias”)
que tendrán más importancia este año que
en la oportunidad anterior, cuando fueron inauguradas. En esta ocasión es muy
probable que haya primarias que excedan
los límites de un partido, para permitir la competencia entre candidatos de
distintas fuerzas que componen un mismo “espacio” (por caso, radicales y socialistas
podrían coincidir algunas voces sugirieron que el peronismo disidente y el PRO podrían hacerlo en otro espacio).
Así, esos espacios funcionarían como frentes electorales que seleccionarían en las urnas sus listas de candidatos y
simplificarían el paisaje electoral de las generales de
octubre.
Pero para esas primarias de agosto las listas de candidatos y la
articulación de los espacios deben presentarse a la Justicia en junio. Es decir, estarán en discusión en el seno de
partidos y espacios en abril y mayo. Que es como decir mañana.
La atmósfera preelectoral, combinada con la agenda económica y
social, las dificultades de gestión y la crisis del relato del oficialismo y el espíritu de confrontación permanente
que éste ha impuesto como política dominante signarán 2013. Será un
año interesante, como dirían los chinos.
Empezando por un otoño muy interesante.
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