Las finanzas públicas de Córdoba arrastran un problema de vieja data que como espada de
Damocles pende sobre la salud fiscal de la Provincia. Este es el creciente y abultado déficit de
su sistema previsional. El mismo se estima este año llegará alrededor de los 1.200 millones de
pesos es decir aproximadamente 316 millones de dólares. El déficit se financia
aproximadamente de la siguiente manera: Anses (45 por ciento); contribución patronal estatal
extraordinaria del dos por ciento fijada para la emergencia (11 por ciento); pagos
efectivizados con títulos (tres por ciento); aportes del Tesoro provincial (41 por ciento).
Esta estructura de financiamiento tiene además serios inconvenientes para que sea estable,
fundamentalmente por los atrasos en que permanentemente incurre la Nación (Anses) en
cumplir con sus compromisos, lo que es de público conocimiento. A esto hay que sumarle
ahora el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que en forma unánime le pone un límite a la
emergencia declarada oportunamente en orden a que se podrá cancelar con bonos solamente
cuando el jubilado perciba neto un excedente sobre el 82 por ciento líquido del sueldo del
agente en actividad, y sólo por ese plus.
Ahora bien si dejáramos de lado las restricciones a esta estructura de financiamiento e
hiciéramos un ejercicio en donde Anses cancelara totalmente lo adeudado y reclamado por la
provincia, e incluso, el fallo del Superior Tribunal de Justicia no existiera, los problemas del
sistema previsional no desaparecerían. Dicho sistema seguiría teniendo problemas intrínsecos
muy graves que a la postre lo tornaría inviable. Los orígenes de esta situación y los errores
cometidos a lo largo de casi tres décadas son los que han conducido a esta situación, pero la
urgencia hace que debamos dejar para otro momento y ámbito ese análisis. La pregunta es
¿qué hacer entonces? La respuesta no la pueden dar únicamente las herramientas económicas
y actuariales, la solución debe provenir de la alta política, esa que está presente en los
discursos pero que poco se ve en la práctica.
Córdoba tiene aquí una oportunidad de demostrar que se pueden instrumentar acuerdos (tanto
que se habla de los Pactos de la Moncloa) para diseñar y poner en marcha políticas de estado.
Ningún gobierno en soledad podrá resolver este problema. Hoy pueden sentarse las bases para
dicha solución. Ningún partido político de Córdoba y mucho menos ningún ciudadano que
aspire a gobernar esta provincia en 2011 deberían negarse a sentarse a la mesa para diseñar
una política de consenso para afrontar la delicada situación del sistema previsional provincial.
Conseguido ese objetivo allí sí deberán aparecer las herramientas económicas y actuariales
que instrumenten dicho acuerdo. Todo lo demás será esfuerzo en vano.
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