En diciembre de 2006, alentado por el entonces presidente Néstor Kirchner, el oficialista gobernador de Misiones Carlos Rovira quiso plebiscitar la reelección indefinida en su provincia. Era la primera puntada de un tejido que Kirchner buscaba extender a la Nación, pero que concluyó donde había comenzado y deparó, tanto al misionero como a su inspirador, una durísima derrota.
A partir de aquel plebiscito comenzó a verificarse el deterioro del armado político sobre el que quería asentarse la Casa Rosada: la transversalidad. Bajo ese título, Kirchner quería ocupar el espacio que había dejado vacante el fracaso de la Alianza y cercar, la arquitectura política y sindical del peronismo (despreciado como “pejotismo” por la Casa Rosada) con el apoyo de la opinión pública y de un rosario de corrientes provenientes de la izquierda y el centroizquierda.
Las cosas no se dieron así. Y la victoria electoral que en 2007 llevó a Cristina Kirchner a la presidencia subrayó paralelamente el fracaso de aquella apuesta. La candidatura de CFK fue aplastada en todas las ciudades grandes y medianas del país, en una manifestación inequívoca del divorcio de las clases medias urbanas (el pilar de la opinión pública, casi su sinónimo) con el gobierno. La red que evitó que el error de cálculo se transformara en una catástrofe –y la que, en definitiva, convirtió a la señora en presidente- no fue la “transversal” que preveía Kirchner sino que estuvo formada por el voto peronista profundo (el que, sobre todo, aportan los territorios del conurbano bonaerense) y por el voto de la clase media rural, que más allá de su desconfianza, en ese momento optó por confiar en el oficialismo.
Apenas unos meses después, a principios de 2008, el gobierno empezó a divorciarse del campo, pagándole su apoyo con las retenciones móviles, que desataron una oleada de tensiones que aún perduran. En las parlamentarias de 2009, ya abierta la brecha con los sectores rurales y consolidado el divorcio con las clases medias de las ciudades, Kirchner se recostó sobre el maltratado aparato del peronismo territorial y éste tuvo que allanarse a la línea de las “candidaturas testimoniales” imaginada en Olivos. La experiencia terminó en derrota, a partir de la cual el estratega y comandante culpó por el revés a su oficialidad y empezó a sospecharla de “traición”. Así estaba la situación cuando Kirchner salió de escena.
Ahora las cosas vuelven a estar en movimiento y lo que se observa es que la heredera de Kirchner, la Presidente, ampara listas colectoras destinadas a competir con las estructuras territoriales que en 2007 la llevaron a la Casa Rosada. Y parece inclinarse, una vez más, por la táctica “transversal” de postergar a las fuerzas del peronismo e injertar en el vértice del sistema de poder y en las listas electorales a sectores de otros orígenes. Se comprende, así, que el peronismo rumie en estos momentos su decepción y su disconformidad (y elabore su respuesta).
La mayoría de esos sectores que se integran al nuevo entorno del poder no aportan capital electoral. Sin embargo, no hay duda de que están donde están porque la Presidente lo ha decidido y hacen lo que hacen encarnado un consenso íntimo del que ella participa (aunque las encuestas telefónicas la impulsen luego a tomar distancia de esos hechos, al comprobar la mala repercusión pública que cosecharon).
En la última semana se verificaron varios de esos movimientos de acción y reacción. La frase de la ultrakirchnerista Diana Conti sobre “Cristina eterna” y el plan de una reforma constitucional para establecer la reelección indefinida no fue, como se dice, un rayo en cielo sereno. De un lado, esas palabras recuperan los lineamientos de 2006, suspendidos entonces por el fracaso en el plebiscito misionero. Van, por otra parte, acompañadas por otros hechos. En San Juan José Luis Gioja se dispone a intentar que se apruebe una clásula que permita la reelección perpetua a los gobernadores (empezando por él, naturalmente). Y un juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni (que no se priva de colaborar con la tribu intelectual kirchnerista y hasta con el precandidato Amado Boudou), se ha pronunciado a favor de una reforma constitucional. Zaffaroni la pide con el argumento de transformar al país en un a república parlamentaria, pero lo cierto es que una reforma es requisito indispensable para cambiar la duración máxima del cargo presidencial establecida en el artículo 90.
La señora de Kirchner desautorizó los dichos de Conti. Su argumento para hacerlo residió en que hoy no tendría los números legislativos necesarios para reformar la Constitución. El argumento es más interesante por lo que omite: la señora no se opone por principio a esa reforma, sino por que hoy no tiene suficiente fuerza para imponerla. En rigor, la cláusula de reelección indefinida existe en Santa Cruz y fue establecida por Néstor Kirchner.
La señora también tuvo que corregir a los escribidores de Carta Abierta, convertidos en la Mazorca cultural del oficialismo, que presionaron a las Cámaras e instituciones que organizan anualmente la Feria del Libro en Buenos Aires para impedir que el Premio Nobel Mario Vargas Llosa inaugure la Feria de este año. Aunque la señora reaccionó cuando el gerente de la Biblioteca Nacional, Horacio González, hizo pública una carta con ese objetivo al Presidente de la Fundación el Libro, lo cierto es que aún antes operadores culturales del gobierno habían gestionado, con menos notoriedad, el mismo punto. Frenar la presencia de Vargas Llosa no fue una ocurrencia de los firmadores de solicitadas del oficialismo intelectual, sino una política que el gobierno se había trazado.
La señora de Kirchner la desautorizó al verificar que la gestión era netamente negativa a los ojos de la opinión pública. Tal vez convenga recordar que no es el primer episodio de censura vinculado con la Feria del libro. Como apunta el intelectual cordobés Daniel V. González, “ya el año pasado, en la apertura de la Feria (…) escracharon a dos escritores que presentaban libros que no eran del agrado del gobierno. Uno, el de Gustavo Noriega sobre el Indec; el otro, el de Hilda Molina, sobre Cuba.”
Tal vez lo más significativo en materia de marchas y contramarchas del gobierno nacional es lo que se viene dando en torno a la ofensiva contra la política de seguridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Desde hace semanas (y con mayor intensidad en las últimas) un coro bien coordinado venía atacando al ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, y acusando al gobernador Daniel Scioli de resignarse a “un autogobierno de las fuerzas policiales”. Estos ataques surgía desde el seno del poder central, desde el ministerio nacional de Seguridad (con Nilda Garré a la cabeza), al que asesora y selecciona personal jerárquico León Arslanián, y muy notoriamente emergía de la PC de Horacio Verbitsky, periodista, dirigente del Centro de Estudios Legales y Sociales e influyente consejero del gobierno en materia de Defensa y Seguridad desde tiempos en que el presidente era Néstor Kirchner.
El gobernador Scioli, que no está dispuesto a cederle a esos sectores el manejo de la seguridad de su provincia, procuró sin embargo evitar que esos ataques desataran una guerra y convocó a darle al tema seguridad un enfoque “lógico, no ideológico”.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, la señora de Kirchner se refirió al cuestión seguridad en los términos de Scioli, no en los de su entorno. Sería precipitado deducir de ello que cesarán los ataques a la política de seguridad bonaerense. Seguramente esto no ocurrirá: el entorno que desconfía de Scioli quiere arrancarle el control de la Policía.
Lo que sucedió responde más bien a que la Casa Rosada comprendió (las encuestas ayudan) que el lenguaje de su entorno pierde en la opinión pública, sólo convoca al reducido padrón de las organizaciones de izquierda y centroizquierda (y ni siquiera al cien por ciento de ese padrón). El mensaje de Scioli, que terminó siendo copiado por la Presidente en su discurso, sintoniza bien con las expectativas de la sociedad, que aspira a que la lucha contra el crimen sea firme, eficaz y respetuosa de la ley o, dicho a la inversa: respetuosa de la ley, pero firme y eficaz.
¿Cómo juzgar la política presidencial? ¿Por las frases con las que tiene que corregir los hechos de su entorno o por el hecho de seleccionar ese entorno y sostenerlo? Los clásicos enseñan que hay que creerle más a los hechos que a las palabras. El propio Néstor Kirchner supo aleccionar a los empresarios españoles en un célebre discurso, en el que les aconsejó: “Presten atención a lo que hago, no a lo que digo”. Habrá que hacerle caso.
Incluso para juzgar a su viuda.
A partir de aquel plebiscito comenzó a verificarse el deterioro del armado político sobre el que quería asentarse la Casa Rosada: la transversalidad. Bajo ese título, Kirchner quería ocupar el espacio que había dejado vacante el fracaso de la Alianza y cercar, la arquitectura política y sindical del peronismo (despreciado como “pejotismo” por la Casa Rosada) con el apoyo de la opinión pública y de un rosario de corrientes provenientes de la izquierda y el centroizquierda.
Las cosas no se dieron así. Y la victoria electoral que en 2007 llevó a Cristina Kirchner a la presidencia subrayó paralelamente el fracaso de aquella apuesta. La candidatura de CFK fue aplastada en todas las ciudades grandes y medianas del país, en una manifestación inequívoca del divorcio de las clases medias urbanas (el pilar de la opinión pública, casi su sinónimo) con el gobierno. La red que evitó que el error de cálculo se transformara en una catástrofe –y la que, en definitiva, convirtió a la señora en presidente- no fue la “transversal” que preveía Kirchner sino que estuvo formada por el voto peronista profundo (el que, sobre todo, aportan los territorios del conurbano bonaerense) y por el voto de la clase media rural, que más allá de su desconfianza, en ese momento optó por confiar en el oficialismo.
Apenas unos meses después, a principios de 2008, el gobierno empezó a divorciarse del campo, pagándole su apoyo con las retenciones móviles, que desataron una oleada de tensiones que aún perduran. En las parlamentarias de 2009, ya abierta la brecha con los sectores rurales y consolidado el divorcio con las clases medias de las ciudades, Kirchner se recostó sobre el maltratado aparato del peronismo territorial y éste tuvo que allanarse a la línea de las “candidaturas testimoniales” imaginada en Olivos. La experiencia terminó en derrota, a partir de la cual el estratega y comandante culpó por el revés a su oficialidad y empezó a sospecharla de “traición”. Así estaba la situación cuando Kirchner salió de escena.
Ahora las cosas vuelven a estar en movimiento y lo que se observa es que la heredera de Kirchner, la Presidente, ampara listas colectoras destinadas a competir con las estructuras territoriales que en 2007 la llevaron a la Casa Rosada. Y parece inclinarse, una vez más, por la táctica “transversal” de postergar a las fuerzas del peronismo e injertar en el vértice del sistema de poder y en las listas electorales a sectores de otros orígenes. Se comprende, así, que el peronismo rumie en estos momentos su decepción y su disconformidad (y elabore su respuesta).
La mayoría de esos sectores que se integran al nuevo entorno del poder no aportan capital electoral. Sin embargo, no hay duda de que están donde están porque la Presidente lo ha decidido y hacen lo que hacen encarnado un consenso íntimo del que ella participa (aunque las encuestas telefónicas la impulsen luego a tomar distancia de esos hechos, al comprobar la mala repercusión pública que cosecharon).
En la última semana se verificaron varios de esos movimientos de acción y reacción. La frase de la ultrakirchnerista Diana Conti sobre “Cristina eterna” y el plan de una reforma constitucional para establecer la reelección indefinida no fue, como se dice, un rayo en cielo sereno. De un lado, esas palabras recuperan los lineamientos de 2006, suspendidos entonces por el fracaso en el plebiscito misionero. Van, por otra parte, acompañadas por otros hechos. En San Juan José Luis Gioja se dispone a intentar que se apruebe una clásula que permita la reelección perpetua a los gobernadores (empezando por él, naturalmente). Y un juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni (que no se priva de colaborar con la tribu intelectual kirchnerista y hasta con el precandidato Amado Boudou), se ha pronunciado a favor de una reforma constitucional. Zaffaroni la pide con el argumento de transformar al país en un a república parlamentaria, pero lo cierto es que una reforma es requisito indispensable para cambiar la duración máxima del cargo presidencial establecida en el artículo 90.
La señora de Kirchner desautorizó los dichos de Conti. Su argumento para hacerlo residió en que hoy no tendría los números legislativos necesarios para reformar la Constitución. El argumento es más interesante por lo que omite: la señora no se opone por principio a esa reforma, sino por que hoy no tiene suficiente fuerza para imponerla. En rigor, la cláusula de reelección indefinida existe en Santa Cruz y fue establecida por Néstor Kirchner.
La señora también tuvo que corregir a los escribidores de Carta Abierta, convertidos en la Mazorca cultural del oficialismo, que presionaron a las Cámaras e instituciones que organizan anualmente la Feria del Libro en Buenos Aires para impedir que el Premio Nobel Mario Vargas Llosa inaugure la Feria de este año. Aunque la señora reaccionó cuando el gerente de la Biblioteca Nacional, Horacio González, hizo pública una carta con ese objetivo al Presidente de la Fundación el Libro, lo cierto es que aún antes operadores culturales del gobierno habían gestionado, con menos notoriedad, el mismo punto. Frenar la presencia de Vargas Llosa no fue una ocurrencia de los firmadores de solicitadas del oficialismo intelectual, sino una política que el gobierno se había trazado.
La señora de Kirchner la desautorizó al verificar que la gestión era netamente negativa a los ojos de la opinión pública. Tal vez convenga recordar que no es el primer episodio de censura vinculado con la Feria del libro. Como apunta el intelectual cordobés Daniel V. González, “ya el año pasado, en la apertura de la Feria (…) escracharon a dos escritores que presentaban libros que no eran del agrado del gobierno. Uno, el de Gustavo Noriega sobre el Indec; el otro, el de Hilda Molina, sobre Cuba.”
Tal vez lo más significativo en materia de marchas y contramarchas del gobierno nacional es lo que se viene dando en torno a la ofensiva contra la política de seguridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Desde hace semanas (y con mayor intensidad en las últimas) un coro bien coordinado venía atacando al ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, y acusando al gobernador Daniel Scioli de resignarse a “un autogobierno de las fuerzas policiales”. Estos ataques surgía desde el seno del poder central, desde el ministerio nacional de Seguridad (con Nilda Garré a la cabeza), al que asesora y selecciona personal jerárquico León Arslanián, y muy notoriamente emergía de la PC de Horacio Verbitsky, periodista, dirigente del Centro de Estudios Legales y Sociales e influyente consejero del gobierno en materia de Defensa y Seguridad desde tiempos en que el presidente era Néstor Kirchner.
El gobernador Scioli, que no está dispuesto a cederle a esos sectores el manejo de la seguridad de su provincia, procuró sin embargo evitar que esos ataques desataran una guerra y convocó a darle al tema seguridad un enfoque “lógico, no ideológico”.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, la señora de Kirchner se refirió al cuestión seguridad en los términos de Scioli, no en los de su entorno. Sería precipitado deducir de ello que cesarán los ataques a la política de seguridad bonaerense. Seguramente esto no ocurrirá: el entorno que desconfía de Scioli quiere arrancarle el control de la Policía.
Lo que sucedió responde más bien a que la Casa Rosada comprendió (las encuestas ayudan) que el lenguaje de su entorno pierde en la opinión pública, sólo convoca al reducido padrón de las organizaciones de izquierda y centroizquierda (y ni siquiera al cien por ciento de ese padrón). El mensaje de Scioli, que terminó siendo copiado por la Presidente en su discurso, sintoniza bien con las expectativas de la sociedad, que aspira a que la lucha contra el crimen sea firme, eficaz y respetuosa de la ley o, dicho a la inversa: respetuosa de la ley, pero firme y eficaz.
¿Cómo juzgar la política presidencial? ¿Por las frases con las que tiene que corregir los hechos de su entorno o por el hecho de seleccionar ese entorno y sostenerlo? Los clásicos enseñan que hay que creerle más a los hechos que a las palabras. El propio Néstor Kirchner supo aleccionar a los empresarios españoles en un célebre discurso, en el que les aconsejó: “Presten atención a lo que hago, no a lo que digo”. Habrá que hacerle caso.
Incluso para juzgar a su viuda.
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