Las últimas expropiaciones decididas por el venezolano Hugo Chávez, que afectaron a tres firmas controladas por la multinacional argentina Techint, consiguieron que el empresariado nacional reaccionara de modo inmediato y convergente, en repudio de la medida, en defensa de la actividad y la propiedad privadas y en reclamo de una reacción vigorosa del Estado argentino. Se pronunciaron la Asociación Empresaria Argentina, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, las dos centrales que agrupan entidades bancarias, CEMCI (que nuclea a los medios de comunicación).
No es la primera vez que Chávez golpea a Techint: un año atrás el venezolano le expropió Sidor, la mayor siderúrgica venezolana (produce y exporta más de 4 millones de acero) y recién en el curso del mes de mayo terminó de negociarse la indemnización que deberá pagar el régimen chavista. Entre ese acuerdo por Sidor y estas nuevas estatizaciones el mandamás venezolano visitó Argentina, se reunió extensamente con el matrimonio presidencial y visitó Calafate.
La susceptibilidad del empresariado nacional tiene varios motivos convergentes. Sus líderes no terminan de convencerse de que Chávez no le haya al menos anticipado sus intenciones a los Kirchner, aliados dilectos; en cualquier caso, Techint no recibió ningún llamado de alerta del Estado argentino (se enteró de los hechos consumados por Chávez a través de sus empresas venezolanas). Tampoco observaron excesiva diligencia ni reacción rápida en defensa del interés de la empresa nacional.
Un modelo expropiador
Otra vuelta de tuerca: muchos dirigentes empresariales empiezan a suponer que el famoso y borroso “modelo” que el gobierno de los Kirchner invoca a diario puede buscar inspiración, si juntara fuerzas para desplegarse, en las ocurrencias de Hugo Chávez. De hecho, las respuestas que el kirchnerismo atinó a ensayar ante su progresivo aislamiento social e internacional, fueron manotazos contra la propiedad, expropiaciones o proto-expropiaciones. Las retenciones confiscatorias que pretendía la resolución 125 frenada por el Senado; la estatización de millones de pequeñas propiedades (los fondos de capitalización acumulados por otros tantos futuros jubilados); la intervención estatal en la dirección de empresas privadas a partir del control estatal de las inversiones de los fondos de pensión; y algunas vidriosas estatizaciones directas (como la de Aerolíneas Argentinas, que pierde un millón de dólares diarios y ni siquiera tiene en orden, aún, los papeles que la legitimen); los proyectos de creciente injerencia y regimentación estatal en el campo de la libertad de expresión, las agresiones directas a medios y periodistas: he allí algunos ejemplos cercanos en los que el kirchnerismo repite aquí en voz más baja y con algún retardo lo que Chávez extiende en Venezuela, como si el chavismo anticipara la agenda local.
Las conducciones empresariales, que a menudo habían optado por métodos diplomáticos, conversaciones discretas o, eventualmente, por el trapicheo de favores como caminos aptos para su defensa de intereses, parecen ahora reparar en que esos procedimientos no son aptos para la nueva etapa. O, al menos, que son insuficientes. Empiezan a considerar indispensable plantar bandera y defender en voz alta algunos valores esenciales, aunque esto provoque disgusto oficial.
¿Más chavismo después del 28?
En definitiva, comienza a sucederles a los líderes de empresas lo que a otros sectores sociales: que, si bien anhelarían que el país sólo estuviera sometido a las alternativas normales, moderadas de una elección de medio término y no a una dramática puja plebiscitaria, los hechos les indican que no hay demasiadas chances de eludir la opción “entre modelos” que quiere forzar el gobierno y que probablemente tampoco es aconsejable esa evasión, porque luego podría ser tarde. Si en condiciones de dificultad, cuando las encuestas más benévolas le dan al oficialismo apenas un tercio de los votos (es decir, lo muestran retrocediendo fuertemente tanto en número de sufragios como en cantidad de legisladores), la familia K radicaliza sus posturas y pinta cada vez con filo más cortante los rasgos de su modelo, ¿qué no podría ocurrir si el 28 de junio las urnas les dieran un poquito más de estímulo, si pudieran leer en su mensaje algo que les permitiera confundirlo con mayor respaldo?
A decir verdad, a cuatro semanas de las elecciones no se observa que esto último pueda ocurrir. No sólo las encuestas, sino los mensajes que llegan desde el seno del propio peronismo le adelantan al matrimonio presidencial que su ciclo está ya en su hora crepuscular.
En un inteligente artículo (Después de Kirchner, diario La Nación), Vicente Massot señalaba esta semana que “el poskirchnerismo no sólo hace referencia a un después de, sino a la imposibilidad que tiene el político de Santa Cruz de prolongar, directa o indirectamente, su estrategia de dominio hegemónico del poder.” Y agregaba Massot: “En materia política la categoría de lo hegemónico esta asociada a la capacidad de controlar y definir los términos de la sucesión (…) no existiría hegemonía si su continuidad no estuviese asegurada en el tiempo. Lo que (Kirchner ya) no puede es fijar las reglas de juego de la sucesión ni controlar, dentro del justicialismo, las reivindicaciones de quienes, en los próximos comicios, intentarán revalidar sus títulos para sentarse en la mesa de los presidenciables (...) Abordada la cuestión desde este ángulo, Néstor Kirchner ya es historia”.
Malos ajedrecistas
De todos modos, el esposo de Cristina Kirchner, si bien se mira, se parece a esos malos jugadores de ajedrez que jamás inclinan su rey, en parte porque no están en condiciones de prever más allá de una o dos movidas, pero también porque apuestan a la chapucería y el error del adversario o a la posibilidad de seguir en pie inclusive con recursos non sanctos. Kirchner puede “ser historia”, pero él se empeña aún –en el peor de los casos- en administrar su propia retirada.
Consiguió hasta ahora amarrarse al palo mayor de su nave acompañado por un amplísimo número de dirigentes territoriales de la provincia de Buenos Aires. “Todos a flote o todos al fondo”, fue su consigna. Un lema de improbable cumplimiento: muchos de quienes se vieron impulsados a ese simulacro de suicidio colectivo están, sin embargo, bien asentados en sus comunidades: aunque los hayan atado en un mismo paquete, no es lo mismo un gobernador -o un intendente- con más del 40 por ciento de imagen positiva que un ex presidente que derrochó la confianza que en tiempos de vacas gordas le acercó la opinión pública. Tanto dirigentes peronistas que optaron ya por la disidencia indisimulada como los que aún resisten en silencio, forzados a revolcarse discepolianamente “en el mismo lodo”, tienen abierta una etapa próxima: eso es lo que se les ha clausurado a los Kirchner.
Hora de la Justicia
Habrá que ver, además, si la táctica de salvar al ex presidente con el prestigio o los votos de dirigentes territoriales termina siendo utilizable. En una de esas, los Tribunales terminan rescatando a los testimoniales involuntarios, y los absuelven de las candidaturas a las que los condenó Néstor Kirchner.
Aunque la Justicia aprobó el procedimiento testimonial en primera instancia, por mediación del juez federal Manuel Blanco, hay apelaciones que deberán sustanciarse en la Cámara Electoral. Y hay, además, un recurso de amparo del jurista Eduardo Barcesat, que aspira a que sea la Corte Suprema la que se pronuncie.
Blanco, al no aceptar impugnaciones a las llamadas “candidaturas testimoniales”, dio una larga lista de antecedentes de políticos de la Argentina y del exterior que aspiraron a otro cargo electivo mientras aún cumplían un mandato previo. Es obvio que ese es un caso absolutamente normal: desde Barack Obama a Cristina Kirchner, pasando por Fernando De la Rúa o Carlos Menem, en infinidad de oportunidades políticos que ejercían senadurías, diputaciones, gobernaciones o hasta la vicepresidencia (Eduardo Duhalde en 1991) se presentaron como candidatos electorales para postularse a ocupar una posición distinta a veces jerárquicamente superior y a veces no. Sin embargo, a Blanco no se lo interrogaba sobre eso, sino sobre el hecho absolutamente inédito, de personas que, cumpliendo un mandato electivo, se postulan para una función diferente que no piensan ocupar.
En su solicitud, que quiere que defina la Corte Suprema, el doctor Barcesat pretende que se anule “por su carácter lesivo respecto de los derechos electorales y la voluntad popular, toda maniobra fraudatoria que tienda a genera mandatos que no serán cumplidos por los postulantes en ejercicio actual de cargos electorales y cuyos mandatos no se encuentren cumplidos al 10 de diciembre de 2009. Ninguna estrategia o táctica sobre el poder puede constituirse sobre la base de quebrantar las reglas del juego”, escribió el jurista.
Tanto la solicitud de Barcesat como las apelaciones al fallo del juez Blanco pasarán por la Cámara Nacional Electoral. Se atribuye a sus tres miembros una sólida formación y muchas evidencias de autonomía frente a los poderes constituidos. Preventivamente, la Casa Rosada anticipó que si el fallo de la Cámara fuese desfavorable para las candidaturas testimoniales del oficialismo, el gobierno apelará a la Corte Suprema. Kirchner de ninguna manera quiere perder solo. Y no quiere ir a residir a Caracas; aspira a ir solamente de paseo.
