Amurallada en el lejano Calafate, su lugar en el mundo, la señora
de Kirchner se repone tras una semana exigente y se prepara para otra que prevé
muy complicada: el 8 de noviembre (8N) se producirá una demostración nacional de
protesta que el propio oficialismo descuenta que superará el millón de personas.
Una tormenta pronosticada.
La Presidente y su entorno encaran
ese desafío con cierto fatalismo: ya el 13 de septiembre comprendieron que han
perdido la posibilidad de dar batalla en la calle ante movilizaciones de rechazo
de esas dimensiones. Ahora, muchos de los que en otros tiempos podían
garantizarle presencia masiva se han pasado abiertamente al campo adversario o
balconean la situación en posición de descanso.
El vértice oficialista ha decidido, entonces, atrincherarse en el
ejercicio desnudo – muchas veces extremo- de los mecanismos de poder que
maneja: disciplinamiento de sus fuerzas parlamentarias,
decretos, secretos, disposiciones, presiones, premios y castigos en la
administración de los recursos, con la esperanza de que la
protesta ciudadana, una vez manifestada, pierda continuidad y consistencia y, en
definitiva, no tenga consecuencias graves para la supervivencia del “modelo” ni
para la gobernabilidad. El lema tranquilizador que esgrime es: “siempre que
llovió, paró” y para reforzar la moral de la tropa propia evoca cómo, después de
las grandes movilizaciones del campo de 2008, el oficialismo pudo
recomponerse y retener la presidencia en 2011. La memoria es selectiva y en ese
caso pasa por alto dos hechos de alguna importancia: la derrota electoral que el
oficialismo sufrió en 2009 y el paradójico efecto de la muerte de Néstor
Kirchner en 2010, que produjo una vigorización temporaria de la Presidente.
En cualquier caso, la lógica del gobierno reside en gambetear el
8N, tratar de no perder por goleada y reservarse para el partido en el que
considera que podrá hacer valer la localía: el llamado 7D, es decir, la
desarticulación del Grupo Clarín y lo que estima su consecuencia, la conquista
de la hegemonía indisputada en el terreno de la opinión pública. Para esa
concepción, se trata de aplicar los instrumentos de poder para que los jueces
fallen lo que el gobierno desea y luego aplicar el poder administrativo (con la
coacción que ello demande) para ejecutar las medidas que desmantelen “las
corporaciones”. Alcanzar ese objetivo –cree- permitiría al
gobierno recuperar una opinión pública a la que considera contaminada por “el
poder mediático” y detener, con una elocuente demostración de fuerza, la
centrifugación que afecta a la coalición oficialista.
El diseño de ese escenario tiene el defecto de eludir demasiados
datos de la realidad. Uno de ellos, nada insignificante, es el
progresivo aislamiento del gobierno, en el que sus flancos
internos y externos se refuerzan recíprocamente. Hoy el gobierno tiene dos
barcos de guerra en situación vulnerable (uno de ellos embargado, otro en riesgo
de serlo) en el continente africano y no sólo no encuentra
respaldo allí donde fue a buscarlo (por caso, el Consejo de Seguridad de la
ONU), sino que tampoco se oyen voces solidarias en su escenario natural de
Unasur o Mercosur. Un fallo de la Justicia de Estados Unidos pone sobre el
tapete la posibilidad de un nuevo default. Consultoras de nivel mundial bajan la
calificación del país y la tasa de riesgo crece hasta escoltar la de Grecia. La
Presidente anunció que no estará presente en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz,
a mediados de noviembre. La señora de Kirchner teme las repercusiones públicas
que en España podrían depararle hechos como la forma de la expropiación de las
acciones de Repsol, su avance sobre los medios y sobre la Justicia y hasta, dada
la fecha de aquella cita, las movilizaciones del 8N. De modo que será
reemplazada por Amado Boudou y Héctor Timerman, que acatan órdenes.
En verdad, la Presidente –como los activos del Estado argentino- no
tiene demasiados puertos del mundo por los cuales desplazarse sin sentir alguna
amenaza ni escenarios en los cuales pueda ocupar espacios relevantes. Esto quedó
a la vista en la limitada agenda que tuvo su reciente paso por
Naciones Unidas, en Nueva York.
Dos días antes del 8N, la elección estadounidense deparará el
nombre del próximo presidente. Si ese nombre es el de Willard Mitt Romney, el
gobierno argentino tendrá nuevos motivos de preocupación: se conoce la relación
entre el candidato republicano y uno de los fondos de inversión titulares de
bonos argentinos muy activo en el cobro de esos papeles que no ingresaron en el
canje d deuda que promovió Néstor Kirchner.
Pero si no es Romney el triunfador, la Casa Rosada tampoco tendrá
demasiados motivos para tranquilizarse: al fin de cuentas, es al gobierno del
demócrata Barack Obama al que la Presidente le inmovilizó un avión de las
Fuerzas Armadas en el Aeroparque y fue su canciller Héctor
Timerman, personalmente, el que (con argumentos que resultaron insostenibles)
decomisó elementos y claves de inteligencia de Washington.
El aislamiento del gobierno se extiende al terreno del movimiento
obrero: las CGT de Hugo Moyano y de Luis Barrionuevo más la CTA de Pablo Micelli
convocan ya a un paro que tendrá lugar en noviembre. Pero la misma CGT promovida
por el oficialismo (“CGT Balcarce” o “CGT Rosada”), encabezada por el
metalúrgico Antonio Caló, no se siente ya motivada a jugarse por el gobierno: la
señora de Kirchner no ha satisfecho ninguna de sus demandas
(expuestas siempre de modo moderado y cortés), los derivó a Juan
Manuel Abal Medina quien, después de levantarles una entrevista, recibió a la
CGT de Caló sólo para volver a tomar nota de sus pedidos (esa parece ser la
tarea del jefe de gabinete). La hipótesis de que esa central impulsada desde
Balcarce 50 promueva medidas de protesta contra el gobierno ya entra en el campo
de las probabilidades.
En ese horizonte de aislamiento gubernamental y de pérdida de
fuerza en la opinión pública, las corrientes políticas genéricamente
clasificables como oposición empiezan a moverse con mayor vigor.
De la Cámara Alta surgió una señal fuerte: la declaración de 28
senadores comprometiéndose a no votar una convocatoria a reforma constitucional
estableció un límite notable a los proyectos de re-reelección de la señora de
Kirchner. Con ese número en contra, el oficialismo no puede actualmente
conseguir la mayoría especial que la Constitución reclama para los proyectos de
reforma.
En esa declaración coincidieron senadores de distintas corrientes,
entre ellas radicales, peronistas (por caso, Carlos Reutemann y el salteño Juan
Carlos Romero) y socialistas.
La traba puesta a la re-re debilita la capacidad de
disciplinamiento del oficialismo: los propios kirchneristas aseguran que ella es
la única que puede encarnar la continuidad del modelo.
Comienza a verse una tendencia a unir núcleos afines, quizás como
paso previo a coordinaciones más ambiciosas con vistas a la elección legislativa
de 2013. Una corriente de centro-derecha se agrupó por iniciativa de los fuertes
Demócratas de Mendoza y del partido de Patricia Bullrich; radicales,
socialistas, GEN y fuerzas afines se disponen a juntar los trapos en varios
distritos; el peronismo, tanto el que actúa con autonomía como el que todavía se
mueve dentro o en el borde de la coalición oficialista, prepara alternativas:
sus motores son gremialistas como Hugo Moyano y Gerónimo Venegas, intendentes
como Sergio Massa o Jesús Cariglino, gobernadores como el cordobés José Manuel
De la Sota, y Daniel Scioli, diputados como Francisco De Narváez o Jorge Yoma.
Ese es un jardín de senderos que tienden a converger.
El Pro, de Mauricio Macri se encuentra ante un dilema: ¿dónde
ubicarse en 2013 de modo de no arruinar la relevancia del jefe de gobierno
porteño y sus aspiraciones a una candidatura presidencial en 2015? De esas
cavilaciones (y del rechazo de Gabriela Michetti a abandonar el distrito
porteño) surgió la posibilidad de que el propio Mauricio Macri defienda los
porotos del Pro en la provincia de Buenos Aires, con una candidatura a diputado
el año próximo. Sería una decisión fuerte y arriesgada, que implicaría el
abandono de la función ejecutiva en la Capital. También representaría un desafío
al peronismo bonaerense.
Si Macri decide irse a Sevilla –es decir, a la provincia-
puede encontrarse con una sorpresa: el peronismo (quizás en un
frente de mayores dimensiones) podría presentar un candidato muy apreciado en la
ciudad de Buenos Aires: Roberto Lavagna. El experimentado economista
cuenta con una muy fuerte imagen pública. Una candidatura
suya en la ciudad de Buenos Aires, además de devolverlo a la acción
política y proyectarlo a metas más ambiciosas, podría representar un desafío de
importancia para el Pro en su ciudadela porteña.
Como se ve, fuera del kirchnerismo o en sus márgenes,
hay vida. Y una vida cada vez más animada.
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