lunes, 19 de noviembre de 2012

La corrupción: Brasil la combate, Argentina no. Por Gonzalo Neidal


La corrupción es algo que los intelectuales siempre han desdeñado. Casi nunca la incluyen en los análisis políticos y sociológicos. Estos siempre están dedicados a las categorías históricas que consideran relevantes, a los hitos sociales, batallas épicas, puebladas y revoluciones. La corrupción es considerada, cualquiera sea su importancia, un simple episodio policial, indigno de tener jerarquía al momento de hablar de política, economía y asuntos de estado.

En la política vigente, se considera “tener códigos” el hecho de ejercer, desde el poder, una protección a favor de todos aquellos funcionarios sobre los que cae una fuerte sospecha de corrupción. Pareciera que existe una maquinaria muy eficiente para proteger a quienes son acorralados por las evidencias y la justicia por un comportamiento impropio para su condición de funcionarios públicos o de gestores de fondos provenientes del estado.
Casos como los de Skanska, son reveladores: los empresarios extranjeros reconocieron, en un proceso judicial en su país de origen, haber pagado coimas en la Argentina pero la justicia local no dio crédito a esa confesión. Y ocurren situaciones similares en otros casos, donde las pruebas son dejadas de lado, las causas pasan al olvido y los funcionarios involucrados quedan libres de culpa y cargo.
Los escándalos de negociados y corrupción han sido, en el país, de proporciones descomunales: una bolsa de dinero aparece en el despacho de la ministra de economía (este caso llegó a la justicia), una empresa dedicada a la impresión de billetes tenía contratos con el estado sin que se tuviera noticias acerca de quienes son los dueños, situación que continúa tras la expropiación. Una asociación civil estrechamente vinculada al gobierno administra fondos millonarios para la construcción de viviendas y es víctima de fraudes millonarios. Un funcionario de transporte es acusado con sólidas pruebas pero todo se diluye en un juzgado amigo. Etcétera, etcétera.
Jamás la justicia llega a ninguna conclusión, condena o resolución. Todo va languideciendo hasta que finalmente muere en el olvido. La ausencia de pudor patrimonial llega hasta la cúspide misma del poder, con expresiones de riquezas incompatibles con el ejercicio de la función pública, que debería ser sobrio y libre de cualquier sospecha de beneficio personal. El símbolo de la época en materia de corrupción y justicia se sintetiza, probablemente, en la persona del Juez Oyarbide, insólitamente favorecido por todos los sorteos de causas que, de un modo u otro, involucran a personajes del gobierno nacional.
Brasil, en cambio, transita –como en tantas cosas- otro camino.
Hace pocos días tuvimos noticias de que la Corte Suprema de Brasil condenó a prisión a tres altos dirigentes del Partido de los Trabajadores, por sus acciones durante el gobierno de Lula da Silva. Ellos son José Genuino, Delubio Soares y José Dirceu, éste último jefe de gabinete de Lula. Estaban acusados de utilizar fondos públicos para obtener el apoyo del congreso a la política del gobierno.
Pero, además, la presidenta Dilma Rousseff ya removió de sus cargos a nueve ministros por utilizar en beneficio propio sus respectivos cargos públicos.
Estos hechos marcan una diferencia política fundamental entre las instituciones de uno y otro país. Y distintas voluntades políticas entre una dirigencia y la otra. Los gobernantes argentinos protegen prolija y organizadamente a sus funcionarios ante cualquier situación de sospecha de corrupción. En Brasil, por lo que hemos visto, el ejecutivo los separa de sus cargos y la justicia, llegado el caso, los condena.
Esto habla de cierta solvencia institucional, con repercusiones difíciles de medir por las estadísticas pero sencillas de intuir como beneficiosas en ese largo camino de acumulación de prestigio en las instituciones.
En el caso de la Argentina, es el esquema de pensamiento del gobierno el que proporciona los elementos para que el combate de la corrupción sea algo irrelevante. Más aún: pareciera existir un consenso en aceptar sin mayores problemas la acumulación impropia de dinero entre los gobernantes a través de un razonamiento del tipo “el fin justifica los medios”.
No hace mucho, uno de los filósofos oficialistas aceptó que la presidenta pueda apropiarse de dinero público abundante en razón de que, como habría afectado “importantes y poderosos intereses”, debe tener suficiente seguridad económica para protegerse de esos malvados que podrían perseguirla cuando ella deje su cargo.
El famoso “roban pero hacen” de otros tiempos ahora se ha reemplazado por algo así como “roban pero están del lado de los pobres” o bien “roban pero son revolucionarios bolivarianos”.
En Brasil, está claro, tienen otra idea acerca de los que se quedan con dinero público.
Así se construye uno y otro país.



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